La Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas San Lorenzo  (CORPI-SL), organización que aglutina a nueve pueblos indígenas de la Provincia de Alto Amazonas Loreto, alrededor de 307 comunidades y 14 federaciones indígenas peruanas, rechazaron los talleres sobre exploración hidrocarburifera que adelantó el Ministerio de Minas y Energía y la Dirección General de Hidrocarburos con la idea de sensibilizar a las comunidades sobre la posible exploración que, al interior de los territorios comunales de los pueblos indígenas, adelantaría las trasnacionales Oxy y Burlintong Recurse.

 

 

 

Los talleres informativos, que tuvieron lugar en la localidad de San Lorenzo - distrito de Barranca - fueron considerados por las autoridades indígenas como actos de “mala fe”, pues no respetaron los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, ni el contenido de los Tratados Internacionales que el Estado peruano ha establecido en su ordenamiento jurídico.

 

“La Constitución Política declara en su artículo 89 que el Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas, precisando que éstas tienen existencia legal y son personas jurídicas, autónomas en su  organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. El Convenio 169 de la OIT, ratificado con Resolución Legislativa No.26253 por el estado peruano, estipula en su artículo 6, incisos primero y segundo, que, al aplicar las disposiciones del Convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados  en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, manifestó la organización.

 

Ante la situación, los pueblos indígenas de Alto Amazonas exigieron al Estado peruano el respeto por los derechos ancestrales, toda vez que los talleres informativos no fueron otra cosa que una “evidente parcialización a favor de las empresas trasnacionales,  sin ningún tipo de respeto hacia el derecho a la consulta establecido en el Convenio 169”, además de rechazar “el accionar manipulador de la empresa Oxy pretendiendo invadir a la mala el territorio del pueblo Achuar”

 

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