Una de las regiones más biodiversas del mundo, con miles de especies en flora fauna y vegetación como lo es el Chocó colombiano, pulmón de la humanidad, es también una de las zonas más violentas del país, donde confluyen los intereses del Estado, de los actores armados y también de las trasnacionales, en su incansable deseo por la dominación territorial, económica, política y social, donde quedan inmersos indígenas, afrocolombianos y campesinos, únicas victimas del conflicto armado.
Preocupante se torna la situación de la población indígena y afrocolombiana de la región chocoana, ante los graves hechos de violencia que sucesivamente se han cometido contra ellos por parte de los diferentes actores armados del conflicto: Ejercito, autodefensas y guerrillas, denunciaron la Diócesis de Quibdó, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, COCOMACIA, y la Organización Regional Embera Waunaan, OREWA.
Esta denuncia da parte del accionar de dichos actores en los territorios tradicionales y colectivos de estas poblaciones étnicas, que han visto diezmada su población en los últimos meses a raíz de la intensificación, degradación y expansión del conflicto armado.
Desde el 22 de agosto hasta el 8 de octubre las FARC, aseguran las organizaciones, han cometido 9 asesinatos, relacionados así: el 22 de agosto, en Pueblo Viejo, río Bebará, municipio del Medio Atrato, Américo Zapata Tejada, de 35 años; el 28 de agosto, en Tanguí, municipio del Medio Atrato, el representante legal del Consejo Comunitario Local, Teodolindo Rivas, de 46 años, asesinado delante de su mujer y sus seis hijos; el 15 de septiembre, en cercanías de Puerto Medellín, río Arquía, municipio de Vigía del Fuerte, Alexis Cuesta Rentería, de 23 años, y Nelson Perea Mosquera, de 24; el 17 de septiembre, en Punta de Ocaidó, Alto Arquía, municipio de Urrao, Rodolfo Palacio, de 25 años; en la noche del 23 al 24 de septiembre, en Murrí La Playa, municipio de Vigía del Fuerte, Floresmiro Perea, de 64 años; el 6 de octubre, en La Peña, río Bebará, municipio del Medio Atrato, Leison Córdoba Salas, de 18 años; el 7 de octubre, en San Joaquín, río Neguá, municipio de Quibdó, Afranio Rentería Guevara, de 25 años; y el 8 de octubre, en La Villa, río Bebará, municipio del Medio Atrato, Mary Luz Perea Córdoba, de 25 años, delante de sus cuatro niños. Y además, continúan los reclutamientos de menores de edad, los abusos contra bienes comunitarios y el irrespeto a los espacios y la libre movilización de los civiles por parte de esa organización guerrillera.
Así mismo, las Fuerzas Militares han contribuido al terror de estas poblaciones: el 31 de agosto, a las 7:30 a.m. dos helicópteros de la Fuerza Aérea bombardearon durante media hora una zona del río Arquía entre Vegáez e Isleta, municipio de Vigía del Fuerte. Varias bombas cayeron a treinta metros de casas habitadas por campesinos y fueron destruidos los cultivos en varias parcelas. El 9 de septiembre, a las 12:30, dos helicópteros de la Fuerza Aérea ametrallaron indiscriminadamente durante media hora unas plataneras en Murindó Viejo, poniendo en grave peligro a los campesinos que estaban laborando en sus parcelas. En la semana del 15 al 20 de septiembre, tropas del Batallón Manosalva Flórez se instalaron en varias casas de la comunidad de Puerto Conto, municipio de Bojayá, donde se encuentra desplazada la comunidad de San Martín de Porres, municipio de Vigía del Fuerte, desoyendo el pedido de los líderes de ambas comunidades de que desocuparan y se fueran al pueblo abandonado de San Martín, en la otra orilla del río Atrato. Así mismo, el sábado 1 de noviembre, en la carretera del Carmen de Atrato a Quibdó, soldados del Batallón Manosalva Flórez se subieron armados a un bus lleno de pasajeros e insistieron en ser transportados durante una hora, convirtiendo el bus en objetivo militar y utilizando a la población civil como escudo humano.
De igual forma, los paramilitares han desplegado su accionar de muerte y terror en las regiones de Urabá, desplazándose hacia el Bajo y Medio Atrato: el 24 de septiembre llegaron 600 paramilitares del bloque Elmer Cárdenas a la comunidad indígena de Unión Baquiaza, río Opogadó, municipio de Bojayá: retuvieron a veinte indígenas y torturaron a cuatro de ellos.
Otro de los atropellos contra la población civil son las llamadas “campañas de limpieza social”, que en el mes de agosto dejaron en la ciudad de Quibdo el trágico saldo de 19 asesinatos días antes de las tradicionales festividades de San Pacho. Así mismo, en octubre fueron muertos otros dos adolescentes miembros de una pandilla local.
Finalmente, estas comunidades siguen siendo utilizadas como escudos humanos por uno u otro bando, a raíz de los constantes combates que se protagonizan en el corazón de los territorios tradicionales y colectivos chocoanos.
