Alrededor de 300 personas, en su mayoría población afrodescendiente, que se hallan refugiados en Puerto Obaldía, provincia de Kuna Yala de Panamá, serán repatriados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Aunque una parte de las personas que retornarán a sus lugares de origen aceptaron su regreso mediante un documento firmado el pasado mes de octubre, hoy no están convencidos que la decisión sea la más acertada, pues las condiciones de seguridad no están garantizadas.
“A pesar de que a los refugiados se les notificó que los gobiernos de los dos países habían asumido la decisión de que la población desplazada retornara, la realidad es que no existen las condiciones de seguridad para los desplazados una vez que se establecen en los lugares de origen”, manifestó el sacerdote Conrado Sanjur, integrante de la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos en Panamá (Coodehupa), quien también señaló que los factores que motivaron el desplazamiento persisten.
Buena parte de las personas que se hallan refugiadas en la frontera con Panamá, que ya completan poco más de dos años en territorio panameño, son reconocidos como “desplazados” por el gobierno panameño, toda vez que se les ha negado a conferirles el estatus de “refugiados”, considerando que su presencia es temporal.
“El problema no es retornar, el problema está en la manera como llegamos a Colombia. Primero, porque no sabemos si es posible que volvamos a nuestros lugares de orígenes; segundo, al margen de donde nos ubiquemos, cuáles son las garantías sociales, cuáles son las garantías de seguridad”, sostuvo un campesino que hace dos años y tres meses tuvo que huir de su comunidad por una avanzada de las Autodefensas.
De confirmarse la repatriación, las más de 60 familias colombianas exigen que se les garantice vivienda, ayuda humanitaria, educación para sus hijos y seguridad, lo cual implica una asignación presupuestal que no se sabe de dónde saldrá, pues en una reunión del Comité de Desplazados celebrado en la población fronteriza de Acandí, se concluyó que "las condiciones en Colombia para promover procesos de repatriación desde Panamá no son las más deseables si se considera, por ejemplo, que no existen los recursos".
