Veintidós de los 54 pueblos que habitan la amazonía colombiana, entre los departamentos de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guaviare y Guainía, se encuentran en muy alto riesgo de exterminio, mientras la otra mitad, se desplaza por ese mismo camino. Estos fueron los resultados presentados por la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) en su informe La Agonía del Jaguar: Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, durante un Foro realizado los días 26 y 27 de noviembre en Bogotá.
Entre los pueblos amenazados se encuentran: Awa, Cofan, Siona, Páez, Coreguaje, Carijona, Guayabero, Muinane-Bora, Pastos, Embera, Witoto, Makaguaje, Bará, Kamentzá, Nukak, Miraña, Coyaima-Natagaima, Piapoco, Inga, Puinabe, Nonuya y Sicuani, siendo más vulnerables en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare.
Las cifras son dramáticas y urgen soluciones certeras e inmediatas, teniendo en cuenta que en la mayoría de estas comunidades su población oscila entre los 100 y 700 habitantes, viéndose gravemente afectada su superviviencia principalmente por la expansión, intensificación y degradación del conflicto armado.
Los responsables de este exterminio generalizado tienen nombre, y las cifras presentadas por ALDHU –luego de un trabajo de año y medio- así lo demuestran: FARC, 35% de los homicidios; AUC, 33%; Sin determinar, 25% y; la Fuerza Pública se anota un 5%.
Sin embargo, el asesinato directo no solamente es la causa, también afecta a estos pueblos, de manera directa, el desplazamiento, los combates en sus territorios, en las zonas de culto: ríos, montañas; la siembra de minas antipersonales o “quiebrapatas” que impiden que los indígenas se trasladen a sus chagras donde está su comida, aumentando la emergencia alimentaria; la intimidación a los líderes espirituales, shamanes, payés, taitas, además del reclutamiento forzoso, entre otras.
Dos jornadas de trabajo
La Agonía del Jaguar reunió a los representantes de cada una de las etnias y pueblos afectados durante dos días, en los cuales se discutió con delegados de: La Defensoría del Pueblo, Comisión Europea para Colombia y Ecuador, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y aplicación del DIH, entre otros, las estrategias y medidas urgentes a seguir en medio del avance del exterminio indígena.
De esta manera, se conformaron tres mesas de trabajo: 1) Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: afectación de los pueblos indígenas amazónicos; 2) Acciones estatales frente a la situación de los pueblos indígenas y; 3) Comunidad Internacional frente a la situación de los pueblos indígenas.
Algunas de las conclusiones de estas tres mesas fueron:
- Fortalecer los mecanismos para dar a conocer y denunciar toda la problemática amazónica, apoyándose en los medios de comunicación.
- Que el Estado deje de distribuir tantos recursos para la guerra, y los enfoque a los social
- La Fuerza Pública debe hacer mayor presencia donde se a necesario, pero sin actuar contra la población inocente.
- Se debe hacer mayor distinción entre grupos armados y población civil desarmada e inocente. Se debe hacer distinción entre población combativa y la no combativa.
- La minas antipersonales son un mecanismo de aniquilación indígena.
- Los mecanismos de concertación existen, en cantidad, pero no se han respetado.
- De igual forma, se debe actuar con los mecanismos preexistentes, sin la necesidad de que se creen más.
- Las organizaciones indígenas deben propender a fortalecer los lazos de unión para ser una sola fuerza frente al conflicto.
- El gobierno debe concertar con las comunidades, en sus regiones, y no hacerlo desde los escritorios en las capitales y entre funcionarios.
- El Estado es burocrático y permanece ausente de las comunidades.
- Es necesario hacer un a mayor difusión sobre la gran diversidad cultural existente en el país.
- El Estado hace invisible la problemática al manejar los medios de comunicación.
- Es necesario internacionalizar aun más el exterminio indígena.
- El Estado debe crear garantías y tratamiento especial a los indígenas que reinserten de la guerra.
- Se debe garantizar legalmente la exoneración de prestar el servicio militar obligatorio a las comunidades indígenas.
- Crear garantías suficientes y permanentes a las poblaciones desplazadas para su pronto retorno.
- El Estado debe hacer mayor presencia en las zonas de frontera.
- Se debe establecer una mayor coherencia y concordancia entre las políticas de Estado y los mandatos sociales de, por ejemplo, los Ministerios de Medio Ambiente (que permite la explotación excesiva de los recursos naturales), como también lo hace el de Minas y Energía, y la Fuerza Pública.
- Es necesario articular los planes de Vida de las comunidades con los Planes de Desarrollo locales, regionales y nacionales.
- Es necesario para las comunidades indígenas y su supervivencia afianzar las relaciones con la Comunidad Internacional.
- No es comprensible y humanamente razonable que los Estados del mundo gasten millones y millones de dólares en tratar de salvar especies animales, vegetales y minerales en vía de extinción como primera prioridad, y se despreocupen de la suerte que viven cientos de pueblos indígenas (son seres humanos) del mundo que también están en el borde de la extinción. Los seres humanos están por encima de cualquier cosa.
- Ni el dinero, ni las riquezas pueden recuperar una tradición ni una cultura, ni un folclor.
Los indígenas amazónicos concluyeron que era urgente dejar de hablar para actuar mucho más, porque es necesario parar el exterminio y detener el genocidio del pueblo amazónico, y en general de todos los pueblos de Colombia.