En medio de las sombras de la noche del pasado primero de diciembre, hombres fuertemente armados dispararon contra el gobernador indígena Pijao del resguardo Totarco Dinde, ubicado en el municipio de Coyaima, Israel Capera, a quien las esquirlas de las balas le causar heridas de gravedad, como lo confirmaron los médicos del Hospital San Antonio del Guamo a donde fue remitido, denunció vehementemente la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.
Esta comunidad indígena aseguró que en horas de la mañana de ese día el ejército estuvo realizando rondas de “vigilancia” en los resguardos y, posteriormente, hicieron presencia un grupo de hombres uniformados identificados por los Pijao como reconocidos paramilitares de la región.
Este hecho no es aislado ya que 15 días atrás, en medio de un retén ilegal perpetrado por hombres armados quienes portaban brazaletes de las autodefensas unidas de Colombia (AUC) en la zona de Torarco Tamarindo, fueron retenidas 5 personas del Cabildo indígena Chinche Buenavista que posteriormente fueron liberadas.
Ante la gravedad de los hechos y el inminente peligro en que se encontraban los habitantes de la zona por la presencia paramilitar, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, por solicitud de la organización no gubernamental, emitieron una Alerta Temprana para tratar de mitigar en algo la problemática que viven los Pijaos de esa región.
Por tales hechos el Colectivo de abogados solicito al Estado colombiano lo siguiente:
1. Se garantice la vida y la integridad personal del señor Gobernador ISRAEL CAPERA, así como la de su familia y la de toda la comunidad indígena de la zona de Coyaima en el departamento del Tolima.
2. Se investiguen los hechos descritos anteriormente con el fin de identificar a los responsables, juzgarlos y aplicar las respectivas sanciones estipuladas por la ley
3. Se exija al estado colombiano el desmonte del paramilitarismo y la desvinculación inmediata del cargo a los funcionarios que se encuentren relacionados con el accionar de éste en el país; así como a los funcionarios que por acción, omisión e ineficacia se encuentren comprometidos en graves situaciones de violaciones de los derechos humanos.
4. Se exhorte a las instancias del Estado colombiano a reconocer y respetar los valores de verdad, justicia y reparación social e integral de las víctimas y familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
5. Recordamos igualmente al Estado Colombiano que la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando.
