En los últimos meses las organizaciones indígenas del Chocó, Putumayo, Córdoba, Cesar, Caquetá, Amazonas y Valle del Cauca han denunciado las constantes detenciones a indígenas por parte de la Fuerza Pública, bajo la presunción de ser colaboradores de la insurgencia. Las autoridades indígenas están preocupadas porque perciben en la política de seguridad democrática una estrategia donde primero se acusa y luego se comprueba.

  

En tal sentido, operaciones militares realizadas el pasado 7 de diciembre por el Ejercito Nacional arrojaron como resultado la retención de varios indígenas de los municipios vallecaucanos de Florida y Pradera. La detención, que también cobijó a varios transportadores independientes, se hizo bajo el argumento de que los indígenas paéces son colaboradores  de  la  guerrilla. 

 

Los dirigentes de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC) consideran que las comunidades indígenas son escogidas por las diferentes fuerzas de los gobiernos de turno y por las fuerzas opositoras a éstos, como el blanco preferido para descargar sobre ellos “todas las culpas  que se achacan mutuamente”.

 

“Por eso no nos extraña que el Ejército y la Policía nos sigan haciendo allanamientos en busca de  armas o de propaganda subversiva inexistentes, o que sigan deteniendo a líderes indígenas  sindicándolos de auxiliadores de las guerrillas, mientras que los insurgentes y los grupos de ultraderecha,  también buscan a nuestros líderes para asesinarlos, pues tanto el Estado como las guerrillas y los otros  grupos armados violentos nos consideran un peligro por no plegarnos a sus intenciones de  avasallar las culturas indígenas, cuya resistencia de siglos ha sido, es y seguirá siendo un obstáculo  para todos los que pretenden abusar del pueblo del cual formamos parte y cuyas raíces indudables  somos”.

 

La ORIVAC es conciente de que hay algunos indígenas que, llevados por las necesidades, la pobreza y el miedo, se han unido a alguno de los bandos. No obstante, “eso no quiere  decir, que, como grupo y como pueblo indígena, conscientes de nuestros deberes y derechos y de  nuestra obligación de trasmitir nuestras culturas y territorios a nuestros descendientes, nos hayamos  aliado con algún grupo al margen de la ley. Nosotros siempre hemos luchado con las armas legales, y cuando nos hemos visto obligados por la desidia gubernamental a ejercer acciones populares de hecho, lo hemos hecho pacíficamente y dentro de la norma constitucional”.

 

Los indígenas hacen un llamado desesperado a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a la comunidad internacional y al gobierno nacional para que se respete sus derechos y los dejen vivir en paz.

  

“Ojalá, viéramos el día en que tanto las armas de  los grupos violentos, como las que porta el Estado fueran convertidas en herramientas de  labranza para que indígenas, negros y campesinos, trabajáramos unidos para brindar alimentos sanos, abundantes y baratos al pueblo colombiano, sumergido ahora en la miseria por la explotación  insaciable de su dirigencia, aliada irrestricta de las multinacionales, por estar interesada solamente  en el lucro personal y egoísta”.

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