El pueblo Emberá Katío del Alto Sinú, departamento de Córdoba, rechazó de manera enfática la aprobación del Estatuto Antiterrorista por parte del Congreso de la República el pasado 10 de diciembre, paradójicamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, que dio luz verde para que, entre otras cosas, la Fuerza Pública pueda ejercer funciones de policía judicial.
Para las directivas del Cabildo Mayor de Río Verde y Río Sinú, el estatuto es una medida que recorta y limita las libertades democráticas, toda vez que las medidas adoptadas parte por criminalizar a la población civil.
“Este nuevo instrumento lejos de garantizar la seguridad del pueblo colombiano se constituye en un nuevo riesgo para toda persona que se atreva a pensar diferente del esquemático vigilantismo en el que nos ha sumergido la política de seguridad democrática de Uribe. Significa que la libertad de opinión cada vez se restringe con mayor descaro, y que jurídicamente se esta preparando el terreno para la criminalización de la movilización popular”.
Así mismo, la organización considera que las medidas aprobadas en el Estatuto no conjuran el conflicto armado sino que, por el contrario, intensificará las acciones de guerra, viéndose aún más involucrada la población civil y desarmada.
“El desespero presidencial por que sus fuerzas militares muestren resultados positivos en la guerra no puede convertir al pueblo colombiano en chivo expiatorio de su régimen autoritario. La facultad para allanar residencias, para interceptar correos, líneas telefónicas, para realizar detenciones sin orden judicial solo buscan controlar a su antojo al conjunto de la población y garantizar que su política de recortes a las garantías sociales y su esquema guerrerista no tenga respuestas por parte del movimiento social y del pueblo en general”.
Para la organización indígena esta medida viola toda la normatividad y convenios internacionales en materia de garantías fundamentales y de derechos humanos de las minorías étnicas.
“Paradójicamente mientras en el mundo se celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno Uribe, junto a senadores antidemocráticos, aprueban un estatuto en detrimentos de estos derechos”.
Finalmente, los Emberá Katíos convocan a las organizaciones indígenas y al conjunto del movimiento social a aunar esfuerzos en el rechazo de “este nuevo ultraje a las libertades de los colombianos y no renunciar a la tarea de unir solidaridades”.
