De nuevo los indígenas del Cauca rechazaron en un Consejo de Seguridad las medidas que al interior del departamento y de los territorios indígenas implementa la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez en torno a la política de la seguridad democrática, quien abandonó el recinto donde se desarrollaba el evento en medio del más absoluto hermetismo.
Tras más de cuatro horas de conversaciones, las autoridades tradicionales indígenas ratificaron su posición frente al temas como el reclutamiento de jóvenes bajo la figura de <
Durante el Consejo Comunitario, los indígenas también dejaron claro que el rechazo no sólo es contra la política de seguridad democrática, sino que, fundamentados en la autonomía territorial, no quieren la presencia ni la injerencia de ninguno de los actores armados en las comunidades.
Con dientes destemplados
Es la segunda oportunidad que un Consejo de Seguridad termina con frustración para la administración del presidente Uribe Vélez. El pasado 11 de noviembre, las autoridades indígenas se levantaron de la mesa dejando con los “crespos hechos” al viceministro de Defensa, Andrés Peñate, y al Comandante de las Fuerzas Militares, General Carlos Alberto Ospina. En dicha oportunidad los indígenas reclamaron la presencia del presidente de la República, considerando que sólo él podía dar soluciones a la problemática que viven las comunidades en la región.
Esta segunda reunión, sin embargo, aunque estuvo presidida por el mandatario, tampoco satisfizo las expectativas ni de las autoridades tradicionales indígenas, ni las de los funcionarios del gobierno, toda vez que los primeros más que un Consejo de Seguridad buscaban discutir temáticas esenciales para los pueblos que trascienden el tema de seguridad y del conflicto armado.
Desde esa perspectiva, los indígenas querían discutir, entre otros temas, los alcances de la Ley Páez, decretada por la administración del presidente Ernesto Samper, o el tema de seguridad alimentaria, por que, como lo expresaron algunos dirigentes, la resistencia frente al conflicto la vienen haciendo los indígenas hace más de 500 años.
A pesar de las caras largas por parte de los funcionarios del gobierno y del propio residente Uribe, se pactó para que en abril del 2004 se adelante un nuevo encuentro.
Misiva ratificando la posición
El mismo día, los consejeros del CRIC enviaron al presidente de la República una carta donde dejaron por escrito su posición en relación con la política de seguridad democrática. Este es el contendo de la misiva:
Popayán, Diciembre 15 de 2003
Doctor
ALVARO URIBE VÉLEZ
Presidente República de Colombia
Popayán, Cauca
Señor Presidente
En 1985 nuestras autoridades tradicionales, en Tierradentro, emitieron la Resolución de Vitoncó, documento que mostró ante la opinión pública, por primera vez en Colombia, una posición social frente a los actores armados exigiendo respeto a nuestras autoridades legítimas ancestrales y a nuestra autonomía territorial. Contribuyó igualmente nuestra organización con iniciativas de paz en la década de los 80 que abrieron camino a la Constitución del 1991, primer acuerdo nacional que reconoció la diversidad étnica de la nación colombiana, dejando directrices muy claras frente al comportamiento del Estado con nuestros procesos y comunidades.
En carta del 2002, le expresábamos a usted: “La Asamblea Nacional Constituyente fue un escenario en el que los indígenas por primera vez y en forma directa, forjamos un protagonismo político y logramos influir para que muchas de nuestras reivindicaciones ancestrales fueran reconocidas y entraran a formar parte, tanto del espíritu como de la normatividad Constitucional. Por fin el Estado y la sociedad colombiana reconocieron la multiculturalidad y la pluriétnicidad, en donde las formas de ser, pensar y sentir propias de los pueblos indígenas se entienden como un enriquecimiento de las mismas bases de la nacionalidad colombiana. Sus idiomas, derecho, autoridades, cultura, territorio y cosmovisión propias, fueron reconocidos por la institucionalidad oficial. De igual modo, se reconoció la propiedad colectiva y los derechos territoriales ancestrales, los cuales son imprescriptibles, inalienables e inembargables, en los que se establecerá una institucionalidad propia, administrada según los usos y costumbres”.
En la década de los 90, los pueblos indígenas del Cauca, ejercitando lo principios constitucionales, logramos concertar con el Estado colombiano acuerdos sobre las obligaciones de éste con nuestras comunidades a través de Convenios y actas de cumplimiento, la firma de un decreto presidencial, el 982/99 y el registro del CRIC como Autoridad Tradicional Indígena por mandato de los cabildos y comunidades. (resolución 025 de junio de 1999 del mininterior). Nuestras autoridades definieron, también, adjudicar una parte del resguardo Guambiano de La María Piendamó como Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de la Sociedad Civil con el Estado colombiano. Ya en otros tiempos habíamos posibilitado que los acuerdos de paz entre el Estado y la insurgencia se realizaran en nuestros territorios.
Como puede observar señor presidente, nuestra búsqueda de la convivencia ciudadana y el participar de un Estado Social de Derecho no es una novedad, nuestras preocupaciones continúan siendo las mismas:
1. Exigir de los actores armados respeto a nuestra autonomía territorial y a las autoridades tradicionales y a las decisiones colectivas.
2. Reclamar del Gobierno Nacional y de las instituciones del Estado acatamiento a los mandatos y principios constitucionales.
3. Insistir en mecanismos de diálogo y Negociación para solucionar el conflicto social y armado que vive nuestro país pero con participación activa de la sociedad civil, evitando que se abran las puertas a que los crímenes de lesa humanidad se conviertan en leyes de perdón y olvido.
Sin embargo, es evidente el desinterés que muestran los actores de poder por proseguir un camino que beneficie estas búsquedas. Por un lado, observamos que a nadie le interesa respetar nuestras decisiones, por el contrario, se ha dado un recrudecimiento de la confrontación armada en nuestros territorios, con similitudes asombrosas en la estrategia militar:
v Mientras el Gobierno Nacional allana residencias de los supuestos colaboradores de la guerrilla en Toribío, Jambaló, San Sebastián, Bolívar, Totoró, Tierradentro y Santa Rosa, las FARC amenazan “...a familiares, amantes de policías y soldados y demás comunidad…” en el departamento del Cauca.
v Mientras el Gobierno Nacional se empeña en fortalecer la política de seguridad democrática con las redes de informantes, las recompensas, los batallones de alta montaña y los saldados campesinos, las FARC Ofrecen “recompensas por cada soldado campesino o profesional y policía muerto”, promete “…la compra de cada fusil que sea recuperado…”, invita “…a los habitantes de los municipios que estén en condiciones de atacar la fuerza pública…” ” para que se unan a sus filas”
v Mientras el gobierno inventa políticas de seducción para que los guerrilleros se entreguen a las fuerzas militares del Estado, las FARC-EP invita “…a soldados y policías para que deserten…” y se unan a sus filas.
v Mientras el gobierno nacional obliga a los alcaldes y empleados a funcionar en sus municipios sin ofrecer ningún tipo de garantías para la vida, las FARC continúan sus amenazas de muerte sobre los mandatarios que no renuncien a sus cargos.
v Tanto fuerzas del Estado como de la guerrilla advierten a la población que deben abstenerse de admitir u hospedar en sus viviendas a personal de los bandos contrarios.
Por otro lado, las decisiones políticas del orden nacional, contradicen los mandatos constitucionales de respeto a los derechos humanos y las diversidades, siendo espectadores forzosos de la guerra biológica contra los cultivos de uso ilícito que afecta gravemente nuestra salud, cultivos de pan coger, el medio ambiente y nuestras semillas tradicionales; del recrudecimiento de los enfrentamientos armados que tienen como centro a la población civil; de los bombardeos sin tregua, día y noche, y de la ocupación de comunidades enteras al mejor estilo de los ejércitos extranjeros bajo el argumento de combatir al terrorismo; la judicialización de comunidades enteras, en especial de las organizaciones sociales señalándolas de ser auxiliadores de la guerrilla. Atónitos nos enteramos del recorte a los recursos de inversión social para sostener la guerra armada, el pago de la deuda y justificar la apertura económica y los acuerdos de libre comercio y como si fuera poco, la aprobación del Estatuto Antiterrorista que no es otra cosa que legitimar la violación de los derechos humanos.
Frente al anterior panorama llegamos a la triste realidad, que esta guerra no es entre ejércitos por el poder del Estado, sino de los ejércitos contra la población civil, en especial contra aquella población establecida en territorios que tienen importancia estratégica, bien sea de orden económico o militar, en donde se están fortaleciendo los escenarios de confrontación bélica, situación que mantiene en zozobra y alto riesgo de desaparición forzada a nuestras comunidades indígenas del Cauca y del país.
En diversas comunicaciones le hemos dicho que el montaje de bases militares o puestos de policía fomenta los enfrentamientos armados pues éstos no han demostrado ser la solución y por el contrario han probado que los riesgos para la población inerme son inminentes.
Tal parece que es política nacional, implementar acciones de guerra desconociendo las iniciativas sociales e intensificar el conflicto sin prever las consecuencias sobre la gente, que debería ser el centro de las políticas. Para nosotros ha sido claro que la confrontación viene agudizando la situación de violación de los derechos humanos en territorios indígenas y aumentado los índices de impunidad:
Toribío y Jambaló: Aumento de enfrentamientos, bombardeos y cruce de fuego que afecta viviendas, ganado, y personas, posteriores amenazas, allanamientos y promesa de recompensas a la comunidad por informes sobre cualquiera de los bandos.
Silvia: En el Resguardo Indígena de Quizgo un espacio del territorio esta minado, que según informes de algunos comuneros fue hecho por la misma policía porque es paso obligado por la guerrilla. En el Resguardo Indígena de Pitayó en la Vereda de Calambas sitio Monterredondo se ha dado el señalamiento por parte de la Policia que gran parte de la comunidad son colaboradores de la guerrilla, ordenando en las diferentes intervenciones aéreas el bombardeo indiscriminado sin medir las consecuencias en la comunidad.
San Sebastián: Asesinato de líder indígena por las FARC y presión del ejército nacional sobre familiares de comunero para que entreguen a un familiar que según ellos es insurgente; desaparición y posterior asesinato de un guardia indígena y de un miembro del cabildo Papayacta, y posteriores señalamientos de la Fuerza Pública sobre la comunidad como auxiliadores de la guerrilla y el caso del corregimiento de Valencia, municipio de San Sebastián donde fue asesinado un Guardia Indígena en extrañas circunstancias el día 17 de los corrientes.
