Crítica es la situación humanitaria de las comunidades afrodescendientes y mestizas asentadas en el Consejo Comunitario de Jiguamiandó y 9 comunidades de Curbaradó, donde las distintas incursiones por parte de grupos de autodefensas, que se vienen registrando con mayor intensidad desde finales del mes de diciembre, han generado un nuevo desplazamiento, el quinto desde 1997.
“Sábado 27 de diciembre, al promediar el medio día, luego de veinte días de presencia permanente de organismos humanitarios internacionales, de sacerdotes, religiosas y misioneros laicos de nuestra Comisión de Justicia y Paz en las celebraciones de la navidad, cuando estos se encontraban en el sitio conocido como La Larga; se presentó un nuevo hostigamiento de "civiles" armados de la estrategia paramilitar contra pobladores de la comunidad de Nueva Esperanza. Los armados se ubicaron en la margen izquierda del río Jiguamiandó desde donde dispararon en repetidas ocasiones contra la habitación de un poblador de Nueva Esperanza, la que fue impactada y afectada. La acción armada además de la afección de los bienes de la población civil generó riesgos para la vida e integridad personal, causando su desplazamiento dentro del Territorio Colectivo”, sostuvo en un comunicado la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Lo más grave es que la respuesta de las fuerzas del Estado en ocasiones generan mayor zozobra, toda vez que tras la incursión, acontecida el pasado 27 de diciembre, se registraron ametrallamientos y bombardeos en la boca del Caño del Hobo, zona altamente vulnerable por que allí se ubican las familias desplazadas de la comunidad de Nueva Esperanza.
El último hostigamiento se presentó el pasado 22 de enero, cuando dos helicópteros nuevamente lanzaron artefactos explosivos y ametrallaron a la comunidad de Nueva Esperanza en repetidas ocasiones. De acuerdo con los testimonios recogidos por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, los sobrevuelos terminaron a las 7 de la noche.
Quinto desplazamiento desde 1997
Asentados en el Urabá antioqueño, las comunidades de Jiguamiandó han padecido, desde 1997, cinco desplazamientos, además de diversas violaciones a los derechos humanos que sólo en el 2003 dejaron como saldo cinco personas desaparecidas, tres asesinatos, alrededor de 17 incursiones militares, bloqueos económicos casi permanentes que abarcaron, por el río Atrato, las poblaciones de Mutatá, Belén de Bajirá y Pavarandó.
La situación ha motivado que instancias como la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hayan conminado a los organismos del Estado pongan en marcha una serie de recomendaciones que garanticen la supervivencia de la población, toda vez que la zonas es controlada militarmente por la Brigada XVII del Ejército. En igual sentido, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en marzo del 2003 solicitó al gobierno colombiano adoptar medidas provisionales humanitarias.
"Ay de ti, devastador, nunca desvastado, saqueador nunca saqueado, devastando todo, te devastarás a ti". Isaías 33, 1
