De aterradora calificó la Organización Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC) la persecución a la que han sido sometidos varios líderes indígenas de ese departamento por parte de algunas de las entidades del Estado colombiano, que a la fecha ha detenido y encarcelado a 12 de ellos, sindicándolos y acusándolos de alta rebelión, como también de ser colaboradores de grupos guerrilleros.
Todo comenzó el pasado mes de noviembre, aseguró a Actualidad Étnica un directivo de la ORIVAC, cuando fueron detenidos ocho indígenas de las comunidades de Cisneros y Dagua, y catorce campesinos más. En diciembre la “cacería de brujas”, como ha sido calificado, se extendió a los municipios de Pradera, donde fueron detenidos Luis Ángel Perdomo y Alfredo Fernández, reconocidos líderes indígenas comprometidos con la causa de sus pueblos, y en Florida, donde acusaron y capturaron a uno más. Pero el nuevo año no ha sido distinto, porque hace aproximadamente 10 días, aseguró el directivo de la ORIVAC, fue detenido otro indígena del cabildo La Cascada en la región de Dagua.
“Este caso se torna más tétrico, cuando nos enteramos de que las acusaciones provienen de encapuchados, supuestos desertores de las FARC EP según la Fiscalía, y que por tanto y de ser cierto ello, son delincuentes confesos no sólo de rebelión contra el Estado y terrorismo, sino de asesinatos, ataques a poblaciones indefensas, quema de vehículos de carga, robo con asalto a Bancos, secuestros, extorsiones, asociación para delinquir, porte ilegal de armas, etc. Y lo más grave, es que pesa más ante el Estado la palabra de estos delincuentes y dan a ellos más credibilidad que a las protestas de inocencia de los campesinos e indígenas apresados y lo más insólito a la palabra de los Gobernadores Indígenas, personas de merecida respetabilidad, de vida intachable y que por estas virtudes han llegado a merecer de las comunidades indígenas el revestimiento de tal dignidad, que pregonan la inocencia de los miembros de esas comunidades”.
Ante esta situación, la organización indígena convocó para este viernes una reunión en la Alcaldía de Pradera con las autoridades del orden local, con el Gobernador del Valle, Argelino Garzón, con el Defensor del Pueblo regional, y el Senador Indígena Gerardo Antonio Jumi, con el objetivo de hallarle una salida a esta problemática y generar estrategias de apoyo a las personas detenidas.
“Estamos al frente de una cacería de brujas y en especial contra el movimiento indígena que se ha planteado como neutral ante el conflicto armado. Quiero enfatizar mi rechazo ante los atropellos cometidos contra los líderes y comunidades por parte de las autoridades, y es criticable la Política de Seguridad “Democrática” impuesta por el actual gobierno, que se vale de delincuentes y encapuchados para involucrar y acusar al movimiento indígena”, dijo el Senador Indígena, Gerardo Antonio Jumí.
De igual forma, llamó a la solidaridad del país para con los pueblos indígenas, e insto a la comunidad internacional y a la ONU a que vigilen con mayor atención las actuaciones del Estado y su política de Seguridad.
