La situación humanitaria del pueblo Wiwa, en el departamento de la Guajira, es delicada. Así lo expresa Rafael Caro Espitia, Defensor del Pueblo Seccional Guajira, en un informe que revela como las comunidades indígenas sobreviven en medio de la enfermedad, el hacinamiento y la inseguridad debido a un sistemático desplazamiento forzado al interior del resguardo en la Sierra Nevada.
Señala el defensor, que a pesar las múltiples medidas para proteger la integridad de los cuatro pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada, las medidas hasta el momento adoptadas han sido infructuosas, entre otros elementos porque la Resolución Defensorial 024 del 18 de noviembre del año 2002, que detalla la situación del pueblo Wiwa, no contempló la posibilidad de poder adelantar un trabajo integral que compromete a las defensorías seccionales de Magdalena, Guajira y Cesar.
En el informe, el defensor también reseña las violaciones que desde el año 2002 han sido cometidas tanto por las FARC EP como por las AUC, registradas por la Defensoría. En la reseña se incluyen las violaciones que en lo corrido del 2004 se han cometido en territorio Wiwa, que contemplan la muerte de seis indígenas en el municipio de San Juan del Cesar y el desplazamiento de las comunidades de Sabanas de Joaquina, La Laguna, Guamaca y La Palma por enfrentamientos entre los actores armados.
Frente a ese panorama, el defensor llama la atención sobre las pocas acciones para tratar de ofrecer seguridad a las comunidades.
“Consideramos – sostiene el informe – que una medida que contribuirá a mejorar las condiciones de seguridad en las zonas es la reinstalación de los puestos de policía de Tomarrazón, Matitas y La Junta. Se debe insistir ante el Comando de la Segunda Brigada del Ejército sobre la necesidad de presencia en la zona, en la cual se han reportado en el mes de enero de 2004, enfrentamientos entre las FARC EP y las AUC, con numerosas bajas en ambos bandos, afectando a la población indígena residente en el área, la cual nuevamente ha tenido que desplazarse al interior del resguardo”.
De igual forma, se hace una serie de recomendaciones a saber:
- Salud
Se requiere reconstruir el puesto de salud de Marokaso, al cual confluyen las distintas comunidades de la zona, para lo cual se debe garantizar la presencia de una enfermera y de médico rural el La Junta y Caracolí.
- Educación
Se debe reconstruir el centro entoeducativo de la Laguna, y su restaurante escolar destruidos en la incursión de abril de 2003.
- Vías de comunicación
Se deben hacer efectivos los contratos de reparación y pavimento de las vías de la zona rural en San Juan del Cesar. Se observó que la vía saliendo de CARACOLI que ha sido recién reparada presenta derrumbes en uno de sus tramos, cerca al pozo PONDORES.
- Vivienda
Se debe reconstruir las viviendas tradicionales en la Laguna, Guamaca, Sabanas de Joaquina y El Limón destruidas en las sucesivas incursiones de los grupos armados al margen de la ley, utilizando la mano de obra y los materiales existentes en la zona.
- Seguridad alimentaria
Se debe garantizar la producción y comercialización de los alimentos de la zona, la cual es la despensa de San Juan del Cesar y los municipios aledaños. Las tiendas comunitarias deben reabrirse, con el apoyo de la fuerza pública que debe suspender la restricción del ingreso a los alimentos y dar seguridad a los vehículos que transportan los alimentos, cuyos conductores han sido víctimas de la violencia. Se debe garantizar el funcionamiento de la tienda comunitaria de Marokaso.
- Registro y cedulación
Las comunidades han solicitado una jornada de cedulación y registro en Marokaso, ya que por la situación de orden público y condiciones geográficas la población no ha podido obtener documentos de identificación lo que dificulta el acceso a servicios y programas de reestablecimiento.
- Coordinación interinstitucional
Se solicita la reunión permanente del Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada, comprometiendo en el proceso a las autoridades que lo integran, y convocando igualmente a la Secretaría Departamental de Asuntos Indígenas, para que intervenga activamente en la protección de la población desplazada Wiwa.