En un comunicado conjunto entre la Organización Regional Indígena Emberá Waunaan (OREWA) y la Asociación Campesina del Atrato (ACIA) se presentaron nuevos antecedentes que hacen presagiar una nueva tragedia sobre las poblaciones de Bojayá y Bellavista.
A las hostilidades de que son víctimas las comunidades indígenas y negras del Medio Atrato por parte del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC y del Frente José María Córdoba de las FARC EP - que se concentran especialmente sobre la rivera del Opogadó y amenaza a las comunidades indígenas de Egoróquera, Unión Baquiaza y Playita - las organizaciones comunitarias denuncias otros hechos lamentables que se pueden resumir en lo siguiente:
· Bloqueo económico y la consecuente retención de productos básicos de alimentos y medicinas.
· Control en la movilización de las comunidades.
· Intención de las AUC por convertir a la población civil en escudos humanos frente a los combates.
· Amenazas contra la integridad de los habitantes de las comunidades indígenas de Egoróquera, Unión Baquiaza y Playita, generando un desplazamiento de por lo menos 545 personas hacia Boca de Opagadó y Puerto Antioquia. Buena parte de los desplazados lo integran niños, mujeres y ancianos.
· Se prevé el desplazamiento de la comunidad afrocolombiana de Mesopotámia, quien en estos momentos se quedo sola resistiendo el asedio de los grupos armados.
Para las organizaciones lo más preocupante es que, a pesar de las denuncias, no se han adoptado las medidas necesarias por parte del gobierno para conjurar la situación, sobre todo en lo referente a:
· Garantías de seguridad a la comisión humanitaria que se encuentra en la zona, conformada por las organizaciones y la Diócesis de Quibdó.
· Que la Gobernación del Chocó, la Red de Solidaridad, el ICBF y DASALUD den respuesta a la crisis humanitaria en cuanto a la necesidad de alimentos, mantas, toldillos, ollas, atención medica, etc.
· Solicitud al Sistema de Naciones Unidas para que acompañe y haga una urgente visita de observación al río Opogadó.
· A los organismos de control del Estado para que asuman la verificación de lo denunciado y se investigue lo ocurrido.
