Después de los reveses sufridos ante el Parlamento Europeo y la negativa de la Comisión Europea para citar la Mesa de donantes, el Presidente Uribe, ungido con la bendición papal se desplazó a Alemania, donde múltiples organizaciones de derechos humanos le esperaban con sus reclamos por el agravamiento sistemático de la situación de derechos humanos en Colombia. En este campo me compete resaltar la denuncia realizada por la Sociedad de Pueblos Amenazados sobre los continuos atropellos cometidos contra la población indígena colombiana, señalando que los aproximadamente 700.000 indígenas de nuestro país somos” víctimas del terror, las expropiaciones y torturas”. Esto me permite hacer algunas reflexiones sobre estos dos elementos: los actuales derroteros del gobierno de Uribe y la realidad de mis hermanos Indígenas en materia de derechos humanos.
Los derroteros del gobierno de Uribe
Después de la estruendosa derrota del Referendo, con el cual se pretendía resolver la crisis económica del país y de paso disminuir la creciente deuda externa, sufragar los gastos militares que ocasiona la interminable guerra contra la guerrilla y la cacería de brujas desatada contra los opositores al gobierno y las organizaciones sociales –indígenas, sindicalistas, campesinos y defensores de derechos humanos-, el Presidente Uribe recurrió a su Plan B, “convocando a los partidos políticos” a quienes había “literalmente excluido” durante lo corrido de su gobierno de su modelo de Estado Comunitario, con el único fin de lograr su aval para la implementación, vía Congreso, de las reformas fiscales negadas por el constituyente primario.
El cambio de estrategia está marcado por el revés electoral sufrido en las elecciones de octubre y el consiguiente fortalecimiento electoral de sectores de la izquierda democrática en las principales ciudades del país y en algunos departamentos, así como por el retiro del gabinete de varios de sus ministros, entre ellos quien fungía como “pararrayos”, el ministro Fernando Londoño Hoyos.
Estos nuevos referentes políticos explican ampliamente las modificaciones introducidas a los proyectos de ley presentados ante el congreso, entre ellos el de ley tributaria y el rechazo al proyecto de reelección promovido a instancias de su popularidad por algunos de sus amigos congresistas.
Aunque el presidente no suelta prenda sobre la materia, es claro que su agenda personal, además de la derrota militar a la guerrilla, la reasimilación de los paramilitares a la sociedad y el saneamiento de la economía, incluye además temas como su perpetuación en el gobierno y la creación de un partido hecho a su medida, emulando las enseñanzas de Bolívar y Santander. En este contexto, el gran acuerdo político, más que centralizar la actividad legislativa en un propósito nacional, lo que busca es negar el papel del Congreso como un cuerpo autónomo dejando el debate y la acción parlamentaria a merced de los grupos políticos afectos al gobierno. Este ejercicio de hegemonía política, resquebraja de paso la poca integración y coherencia de los partidos tradicionales, busca permear los partidos minoritarios o críticos del gobierno y abre un camino expedito para la constitución del Gran Partido Uribista, corrigiendo el embate ingenuo del empresario y asesor de cabecera Fabio Echeverri Correa. El otro rédito político que puede leerse en la estrategia presidencial es la viabilidad, por este camino, de la reelección presidencial, que traerá de la mano la reelección de todos los cargos de elección popular y abrirá el camino para que los congresistas puedan llegar a ser ministros. Y bienvenido el pasado, ahí si estaríamos asistiendo a una larga década perdida en materia de derechos.
La pretensión del “Acuerdo Político” entonces, más que la búsqueda de consensos para viabilizar los planes ya elaborados por el grupo oficial, ó como lo caracterizó un importante diario nacional “un esquema para destrabar la agenda Uribista, es un intento tardío de unir a todos los sectores de la clase dirigente en el propósito de cristalizar los planes y compromisos políticos y económicos nacionales e internacionales, para legitimar un sistema político dictatorial que desestabilice la precaria estructura de la Constitución de 1.991.
Los indígenas haríamos mal en responder a un acuerdo político que tenga como objetivo la implementación del IVA universal, el impuesto y despojo creciente de las pensiones, el aumento del tributo de los trabajadores, la flexibilidad del presupuesto para reducir las transferencias y otorgar más facultades al Ejecutivo para renegociar la deuda con el FMI. Mucho menos, avalar una reforma a la justicia para reducir funciones a la Corte Constitucional, eliminar la garantía constitucional de la tutela y extender la toma militar del poder judicial que inició el Estatuto Antiterrorista.
Los indígenas sí estamos prestos a responder a un acuerdo político que responda a los intereses del país, que asuma una lucha frontal contra la corrupción y coloque en su agenda la necesidad urgente de la solución negociada al conflicto, la cual pasa por la realización de un acuerdo humanitario que permita el regreso a sus hogares de los miles de secuestrados. Y este asunto, me da pie para abordar el segundo tema:
La crisis de derechos humanos de los Pueblos Indígenas
Pareciera ilógico que la sensibilización sobre las violaciones de derechos humanos de nuestros pueblos tenga que darse desde el exterior, pero la anemia de políticas encaminadas a restituir nuestros derechos arrojan estos resultados. Los datos entregados por la ONG Alemana no están muy alejados de la realidad. En un reciente informe publicado por la Fundación Hemera, una de las pocas entidades independientes que se dedica en Colombia a hacer seguimiento a la realidad de los derechos humanos de nuestros pueblos, constatamos lo sucedido en el año 2003: 129 indígenas asesinados, de ellos 13 en masacres. En esto llama la atención la grave situación de violación sistemática de los derechos de la etnia embera, que ha visto caer a 34 de sus líderes de las familias Chamí, Embera y Katío, y de la etnia Kankuama que perdió a 50 de sus miembros durante el año anterior. Los otros casos dramáticos se presentan contra la etnia Pijao en el Tolima y contra los Guambianos y Paeces en el departamento del Cauca. Las permanentes denuncias de la ONIC y de las organizaciones regionales evidencian las cifras y confirman una realidad tan dramática, que incluso ha colocado en peligro de extinción a varios de nuestros pueblos de la Amazonía. No es gratuita entonces la solicitud de la comunidad europea, de los gobiernos de Alemania e Italia entre otros, para que las políticas que se implementen en el país se realicen sin violentar el estado social de derecho y en un estricto cumplimiento a los pactos internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito Colombia. En mi condición de Senador Indígena, vengo promoviendo una Audiencia Pública para abordar esta situación en el Senado. Espero que los llamados de la comunidad internacional, no caigan en los oídos sordos de un gobierno autoritario que sólo concibe el derecho a la vida de sus ciudadanos en el marco del Estatuto antiterrorista y una política represiva de seguridad democrática. Los Pueblos Indígenas tenemos derecho a vivir.
