Acorraladas se encuentran las comunidades indígenas y afrocolombianas del departamento de Chocó, que no solo le tienen que hacer frente, como carne de cañón, a los grupos guerrilleros y paramilitares que operan en esa región, sino también a los atropellos y abuso de autoridad cometidos por miembros del Ejercito Nacional. Así lo denunció la Organización Regional Indígena Embera Wounan (OREWA).
Los hechos declarados ocurren desde el pasado lunes 29 de marzo en las comunidades indígenas de Gengadó y Quijaradó, municipios de Quibdo y Riosucio, y van desde intento de violación a mujeres indígenas por parte de efectivos del Batallón Manosalva Flórez, intimidaciones, señalamientos, maltrato físico y mental, robo, amenazas, entre otras acciones, que mantienen a estos pueblos inmersos en un terror generalizado, porque ya no tienen en quien confiar.
La OREWA hace una detallada descripción de los hechos sobre violación a los derechos de estas comunidades por parte del ejercito colombiano:
-El día 29 de marzo de 2004, en las horas de la tarde, miembros del ejército, pertenecientes al batallón Alfonso Manosalva Flórez, en la boca del río apartado, municipio de río Quito, detuvieron a la indígena Mirían Tapí Cabrera de aproximadamente 25 años de edad, junto con sus tres hijos: 2 niñas y 1 niño cuyas edades están entre 3 y 8 años, y solo la soltaron hasta el día 30 de marzo de 2004 en las horas de la mañana, sin darle alimentación durante este tiempo. La detuvieron y la interrogaron para que dijera lo que sabía de la guerrilla.
-El día 30 de marzo de 2004, aproximadamente 76 miembros del ejército, pertenecientes al batallón Alfonso Manosalva Flórez (de un grupo aproximado de 250 soldados que estaban haciendo recorrido por la zona, según lo expresó uno de los soldados), llegaron a la comunidad indígena de Gengadó, municipio Río Quito, a la 1:00 p.m. y a las 2:00 p.m. un grupo de ellos sacaron de la casa a la fuerza, al señor Elver Lana Cabrera y lo llevaron al cementerio que queda frente de la comunidad y le preguntaron donde estaba la guerrilla. A esa misma hora otro grupo del mismo ejército que llegó a Gengadó, sacó de la casa, a la fuerza al señor Girineldo Rubiano Cabrera, y se lo llevaron detrás de una casa de la comunidad y lo obligaron a que hiciera un hueco de aproximadamente un metro y medio de ancho, de un metro de profundidad y de un metro con setenta centímetros de largo. Luego lo obligaron a ir a la comunidad de Quijaradó, ubicada aproximadamente a 20 minutos en canoa de la comunidad de Gengadó, junto con el señor John Jairo Caízamo, a quien también lo habían sacado a la fuerza de su casa, y les ordenaron que averiguaran si estaba la guerrilla en esa comunidad de Quijaradó.
-Al mismo día a las 3:00 p.m. en la casa del señor John Jairo Caízamo, mientras el se había ido a la comunidad de Quijaradó, entraron 2 soldados del ejército, maltrataron a las indígenas Beyarcila Lana Isama y Esmira Tapí Lana, las dos de aproximadamente 28 años de edad, encañonándolas con una arma larga, las golpearon azotándolas contra el piso, las encuellaron apretándoles los collares de chaquiras y luego les arrancaron a la fuerza la ropa, obligándoles a que les dijeran donde estaba la guerrilla. Como las mujeres no respondieron nada, los soldados las acusaron de guerrilleras y les dijeron que merecían que las mataran por eso.
-A las mismas 3:00 p.m. 4 soldados y un civil apodado Colacho, llegaron a la casa del señor Enrique Lana Saitamo, que queda ubicada en la boca de la Quebrada Gengadó, a 5 minutos de la comunidad bajando por la misma orilla del río, y encontrando en la casa a Rosalba Caizamo Mecheche, Ana Melania Lana Mecheche y a María Fermina Lana Caizamo, de 40, 17 y 20 años respectivamente, los soldados las cogieron a la fuerza y a cada una se la llevaron a diferentes partes de la casa y les arrancaron la ropa y las intentaron violar. Como cada una de ellas se defendió no las pudieron violar. Luego los soldados se las llevaron a la comunidad de Gengadó y después de hablar con el comandante a cargo, las soltaron.
-El ejercito permaneció en la comunidad de Gengadó hasta el día 31 de Marzo a las 7:00 a.m., y a esa hora se dirigieron a la comunidad de Quijaradó, antes de llegar allá, faltando dos vueltas, encontraron por el camino a los indígenas Ramón Caizamo Rojas y Ascensión Conde Cabrera, de 16 y 21 años respectivamente, quienes se dirigían en canoa a la Comunidad de Gengadó. Un comandante y varios soldados detuvieron a los indígenas y a Ramón Caizamo Rojas lo torturaron, cogiéndolo del pelo le metieron la cabeza en el río y luego lo sacaban casi ahogándolo, tortura que duró 15 minutos, luego le metieron un arma en la boca y luego le sacaron a la fuerza la lengua y lo amenazaron con cortársela con un cuchillo, luego lo golpearon fuertemente todo el cuerpo y en los testículos. Mientras tanto al indígena Ascensión Conde Cabrera, le pegaron un puño en la cara y lo encañonaron en el pecho y luego lo golpearon fuertemente con el fusil en el pecho. Tanto al señor Ramón como a Ascensión, fueron presionados por el ejército, exigiéndoles que dijeran donde estaba la guerrilla.
-Al otro día un indígena, en la comunidad de Quijaradó, le tocó pedir permiso al comandante del ejército para llevar al indígena Ramón Caizamo Rojas al hospital de Quibdó, pero el dijo que no podía llevarlo, que le diera cualquier pastilla, luego le ordenó a un soldado aplicarle una inyección para el dolor y no dio permiso para salir. El día primero (1) de abril, después de haberle insistido al Comandante el permiso para llevar al indígena Ramón a Quibdó, el comandante llamó al Gobernador de la Comunidad de Quijaradó y le dijo que llevara el enfermo a Quibdó, que le llevara luego a el mismo la factura de los medicamentos que no pasara de un millón de pesos y que no denunciara lo sucedido, que los que habían hecho eso “era gente bruta”.
-A las 12 del medio día del 31 de marzo, los soldados que estuvieron en la comunidad de Gengadó y en sus alrededores (aproximadamente 250 soldados), llegaron a la comunidad de Quijaradó, y 5 soldados entraron a una casa e intentaron violar a 3 mujeres indígenas: Maria Norma Lana Tapí, Omaira Conde Conde y Servelina Lana Saitamo, de 16, 16 y 18 años respectivamente. En ese momento una señora de la comunidad, intervino y les dijo que “si eran autoridad no podían hacer eso”, acción que sirvió para evitar la violación a las jóvenes indígenas. Mientras tanto en la comunidad otros soldados preguntaron a varios indígenas donde se encontraban los señores Mariano, Alberto y Chala. En tanto otros soldados junto con un comandante, bajaron al río y se toparon con el indígena Alberto Conde Conde, quien venia llegando de su trabajo de cultivar plátano, se lo llevaron a la playa cercana y lo golpearon, lo azotaron contra el suelo, lo encañonaron con el fusil y lo presionaban para que dijera donde estaba la guerrilla, luego lo subieron a la casa de él. Luego 3 soldados de los que estaban allí, le quitaron al indígena Alberto Conde Conde, 2 pollos que el tenía en la casa y le dijeron que “así como el daba comida a la guerrilla, así tenía que darle comida a ellos sin pagar un peso”.
Es por esto que los indígenas no entienden como -y a pesar que el batallón Manosalva Flórez firmó un Acta de Acuerdo con fecha del 19 de septiembre de 2003, donde se comprometió con el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas-, los hechos de violencia contra estas comunidades no han cesado.
Por lo anterior, la OREWA hace las siguientes exigencias al Gobierno nacional, a la Fuerza Pública y a los organismos de control del Estado:
1) Al Señor Presidente de la República Alvaro Uribe Vélez, que controle a la Fuerza Pública, que su comportamiento sea transparente, no nos sigan sistemáticamente atacando, pues el año 2003 mataron a 6 hermanos nuestros, permiten el actuar de los paramilitares contra nuestras comunidades y nuestros territorios, como ocurre en la zona de Bojayá.
2) Al ejercito colombiano, que en cumplimiento de la Constitución Política Nacional respete nuestros derechos como pueblos Indígenas dentro y fuera de nuestros territorios, que respete a nuestras autoridades locales y zonales, que cumpla sus compromisos y su palabra, cumpliendo los acuerdos firmados y que frene de inmediato la violación de los derechos fundamentales de nuestra población y comunidades.
3) A la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, y al Personero municipal del río Quito, que inicien de forma inmediata una investigación para que identifiquen y sancionen los responsables de estos atropellos aquí denunciados.
4) A los Organismos de las Naciones Unidas, y otras instituciones no gubernamentales defensores de los Derechos Humanos que haga observación y seguimiento a esta situación para que contribuyan a la protección de nuestros derechos.
