Gota a gota son diezmadas y desplazadas las comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan el Pacífico colombiano a raíz del conflicto armado que se desarrolla en esta región de gran biodiversidad. Por lo menos así lo demuestra una nueva denuncia de la Comisión Diocesana Vida, Justicia y Paz en la cual se informa sobre la muerte de un afrocolombiano por causa de una mina antipersonal.
Los hechos sucedieron el pasado domingo, 4 de abril, cuando Oliris Valencia Panesso, 36 años, salió de su casa en horas de la madrugada hacia la zona rural del río Murindó. A eso de las 2:00 p.m., cuando decidió regresar luego de una ardua jornada de trabajo, pisó el mortal artefacto.
Lo peor de todo -y esto confirma la precariedad de condiciones de salubridad en la que se encuentran estas comunidades- es que Oliris: “Fue traído al hospital aún con vida, pero la falta de una adecuada dotación de material quirúrgico imposibilitó al personal médico salvarle la vida”.
Esta zona ha sido disputada territorialmente por muchos años entre guerrillas, paramilitares y la Fuerza Pública, siendo las minas antipersonales o “quiebra patas” estrategias de guerra para diezmar al enemigo. “Desafortunadamente, las minas “quiebra patas” son una de esas medidas, que ponen en riesgo a toda la población rural y campesina que transita por los campos para hacer sus tareas agrarias”.
De esta forma, la organización humanitaria religiosa exigió a todos los actores armados que respeten las normas internacionales y se abstengan de utilizar minas antipersonales en sus operativos militares, para que se evite poner en riesgo la vida de los pobladores campesinos y de la población civil en general.
Así mismo, le insistieron al Ejército Nacional que cuanto antes se encargue de desactivar los campos minados que se encuentren en los alrededores del pueblo de Murindó y posiblemente también en otras poblaciones de la región.
Al mismo tiempo, hicieron un llamado a las autoridades competentes del Estado que doten al hospital de Murindó de los recursos requeridos para que en materia de salud y de atención en situaciones de emergencia se pueda garantizar la vida a los pobladores.
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