Con escasos tres años de edad, Ricardo Guarona, un niño afrocolombiano habitante de La Pemada, departamento de Chocó, conoció lo que es la muerte a manos de quien menos se debe esperar, unidades militares de la Brigada XVII del Ejecito colombiano, denunció hace pocos instantes la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Este lamentable hecho –catalogado por el Estado como “error militar”- sucedió en horas de la mañana del miércoles 31 de marzo de 2004.
Desde el pasado 29 de marzo, se desarrollaban en la zona operaciones militares en búsqueda de milicianos de las FARC. Ese lunes la tropa llegó hasta el lugar conocido como La Pemada donde maltrataron a la comunidad: “se produjeron tratos crueles, torturas, amenazas de muerte, saqueo de bienes, detenciones arbitrarias temporales y uso como guías a pobladores civiles”.
Esta zona ha sido poblada por desplazados de 9 comunidades afrodescendientes del Curvaradó más los desplazados dentro del territorio del Jiguamiandó, que desde el 2001salieron de su hábitat huyéndole a la muerte.
En la búsqueda de información sobre el paradero de milicianos de las FARC, los militares ingresaron desde las 7:00 horas del martes 30 de marzo al lugar humanitario de Pueblo Nuevo. “Mientras algunos dialogaron con la comunidad acerca de su cotidianidad y sobre su postura frente al conflicto armado, otros saquearon las viviendas. Los militares de la Brigada XVII ingresaron con dos informantes quienes señalaron a integrantes de las comunidades”.
El miércoles 31, los pobladores de La Pemada fueron testigos de operaciones de aproximadamente 50 efectivos de la Brigada XVII que usaron desproporcionadamente la fuerza en la persecución de dos milicianos de la guerrilla de las FARC. Los militares dispararon durante 15 minutos con morteros y armas de fuego, y en medio de este operativo calló muerto el niño Ricardo Guarona.
“En horas de la tarde el cadáver del menor y sus familiares fueron trasladados en helicóptero hacia la sede de la Brigada XVII. En la guarnición militar el padre del menor declaró sobre lo hechos. Dos días después el menor fue sepultado. Los militares expresaron su animadversión por la población civil a la que conciben de "encubridora de la guerrilla", así como a los acompañantes nacionales e internacionales”.
Los militares luego de permanecer durante todo el día en el lugar humanitario de "Nueva Esperanza", lo acordonaron (06-04-04). Dos días después, en horas de la mañana los efectivos regulares de la Brigada XVII detuvieron ilegalmente de manera temporal, a dos campesinos CLARA GONZALEZ y HORACIO NUÑEZ, quiénes fueron dejados en libertad al lograr confrontar a dos desertores que los señalaron sin pruebas reales (08-04-04). Los militares entregaron, a acompañantes que se encontraban en la zona humanitaria, censos de la comunidad de "Nueva Esperanza" y dos cédulas de ciudadanía de dos pobladores de Buenavista que fueron asesinados en una incursión de tipo paramilitar en Buenavista, cuenca del Curvaradó, ELIDA ROSA TORRES DE MEJIA y ERIBERTO MEJIA (10-04-04), concluye la denuncia.
La organización humanitaria de Justicia y Paz observa con preocupación la situación por la que atraviesan las comunidades del Jiguamiandó y las 9 comunidades del Curvaradó que se encuentran desplazadas desde el 2001 en los Territorios Colectivos, en medio del abandono del Estado y la incidencia destructiva de los actores –legales e ilegales- del conflicto armado.
“La grave situación humanitaria es ahora profunda, el aislamiento en que se encuentran las comunidades, el desconocimiento a sus iniciativas son factores que posibilitan que el propósito de sus victimarios y quiénes se esconden detrás de ellos generen condiciones de inequidad, de exclusión y de esclavitud en nuevos modelos de producción destructivos”.
