El 31 de agosto de 2002 el pueblo Wiwa vivió lo que sería la punta de lanza de una tragedia: el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incursionó a la comunidad del Limón, masacró a 12 aborígenes y convirtió al pueblo en un territorio fantasma.
La incursión, reseñada de manera amplia por los medios de comunicación en su momento, fue el inicio de una serie de acciones que, 22 meses después, arroja un balance desastroso: la desaparición de las comunidades La Laguna, El Limón, Marokazo, Dudka, Linda y Potrerito; el destierro de 850 indígenas que andan a la deriva, viviendo del apoyo de sus familiares; el asesinato sistemático y selectivo de 50 líderes indígenas y la desarticulación sociocultural y espiritual de las comunidades que otrora habitaban en el departamento de la Guajira. Es el Senador Indígena Gerardo Jumí, quien en compañía de un grupo de lideres de la comunidad Wiwa refiere los hechos.
Lo más lamentable, agrega el senador indígena, “es que las denuncias levantadas por las comunidades sólo han servido para que sus dirigentes sean perseguidos, amenazados y asesinados, violaciones que suceden ante la mirada impune de la Fuerza Pública, que es señalada por todos como la responsable, por acción y por omisión, de lo que ocurre en la zona”.
El dolor de los Wiwa
Asentados entre los departamentos de la Guajira, Cesar y Magdalena, noreste de la Sierra Nevada de Santa Marta, el pueblo Wiwa, que traduce hombre de tierra caliente, comenzó a vivir su calvario el 12 de enero de 2001. Ese viernes en horas de la mañana, en el sitio conocido como la Ye, fueron masacrados siete indígenas, entre ellos Manuel Gil Alberto, dirigente de la organización Gonawindua – Tayrona. El hecho fue atribuido por la gente a hombres del Batallón Rondón del Ejército Nacional.
A partir de esa masacre, la violencia contra las comunidades Wiwa, ubicadas en las estribaciones de los ríos Ranchería, Guachaca, Palomino, Jerez y Tapias, se ha desatado sin contemplaciones con acciones que, de acuerdo con la gente, comprometen al Bloque Norte de las Autodefensas y a efectivos de las fuerzas militares adscritos a los batallones Cartagena y Rondón.
Como un mal recuerdo a olvidar, los indígenas reseñan que esas acciones implicaron bombardeos indiscriminados, saqueos a las tiendas comunitarias, destrucción y quema de viviendas, profanación de tumbas y de sitios sagrados, desplazamiento de seis comunidades, amenazas y asesinatos.
La situación es tan dramática, enfatiza el senador Jumí, que en lo corrido del año 2004 han sido asesinados cuatro indígenas, además del desplazamiento de las comunidades La Celosa, Sabana Joaquina y El Filo del Machín, quienes tuvieron que abandonarlo todo el pasado domingo 11 de abril, cuando se registraron bombardeos indiscriminados por parte de la Fuerza Aérea.
Crisis alimentaria
La situación ha conducido a que la población Wiwa que vive en la Guajira, unos 5785 indígenas, y que es la más afectada, afronte desde hace dos años una aguda crisis alimentaria, generada por los bloqueos económicos instaurados por las autodefensas.
Esos bloqueos, asevera el senador Jumí, impidieron en un comienzo que las familias pudieran comprar mercados por un valor superior a los cuarenta mil pesos. No obstante, con el paso de los meses la restricción se volvió tan severa, que en la actualidad los indígenas no puede movilizar ni comercializar ningún producto. Los pocos conductores que se atreven a transportar algo son asesinados y sus carros quemados.
A lo anterior hay que agregar las dificultades para que los indígenas puedan recoger los cultivos en las temporadas de cosecha, ya que los constantes desplazamientos forzados no han permitido adelantar esta labor. Para rematar, existen denuncias donde se señala como el Ejército Nacional quema los cultivos, saquea las cosechas y hurta los animales de cría.
La crisis alimentaria se agrava con el aislamiento que experimentan las comunidades, toda vez que los bloqueos también controlan la movilización de personas y vehículos.
Desplazamiento y las posibilidades de un retorno a la fuerza
Aparte de las seis comunidades que fueron desocupadas desde agosto de 2002, también se encuentran desplazadas las comunidades de Juana Vieja, Wamaca, Sabana Joaquina, El Machín, La Peña de los Indios y Ulago.
Como ocurre con otros pueblos indígenas, este desplazamiento es invisible. Con excepción de treinta familias que se encuentran en la ciudad de Riohacha, el resto de personas desplazadas se hallan con sus familias al interior del mismo resguardo. En tal sentido, las comunidades desplazadas se quejan de la decisión que en principio asumió la Red de Solidaridad Social (RSS) de negar la prestación de asistencia por la ausencia de registros de denuncia. Ese procedimiento, básico desde la perspectiva gubernamental, era imposible cumplir para los indígenas con las restricciones de movilización montadas por las autodefensas en el territorio, agrega Jumí y los miembros de la comunidad Wiwa que le acompañan.
De otra parte, entre las comunidades corre el rumor de un posible retorno, promovido por las Fuerzas Militares. No obstante, ellas no observan con buenos ojos esa posibilidad: primero, porque no es una decisión que emane de las comunidades; segundo, porque no existen garantías de seguridad; tercero, porque sienten que la fuerza pública está vulnerando su autonomía territorial, con la construcción de dos bases militares en La Laguna y Sabana Grande.
Lo que se esconde detrás de la violencia contra los Wiwa
Cuando a los indígenas se les consulta por las razones que median en esa ola de violencia que desde hace tres años los golpea, no dudan en señalar que la principal razón está en el interés por desarrollar en la zona varios proyectos de infraestructura, entre los que se destacan:
· La construcción de la represa de Bezotes en la cuenca del Río Ranchería, que, aunque no se desarrollaría al interior del resguardo, si afectaría zonas sagradas.
· La desviación del cauce del río Ranchería para facilitar la extracción carbonífera.
· La puesta en marcha de un complejo plan etnoturístico en la Sierra Nevada de Santa Marta, que sería entregado por concesión a la empresa privada y que de manera informal fue anunciado hace algunos años por el entonces ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr.
El terror y el destierro se constituyen, entonces, en los métodos más eficaces para “limpiar” unos territorios ancestrales. Los indígenas tienen la percepción que esos métodos se presentan con la complacencia de la fuerza pública. La gente no entiende, por ejemplo, cómo buena parte de los asesinatos perpetrados ocurren en las barbas de retenes militares.
Esa situación motiva a que el pueblo Wiwa solicite de manera perentoria unas acciones básicas que les permita salvaguardar su integridad:
· Que el Estado garantice el respeto de los derechos constitucionales y legales.
· Que los actores armados y la fuerza pública respeten la neutralidad frente al conflicto armado. Además, que se respete la autonomía territorial.
· Que se suspendan los ataques indiscriminados contra las poblaciones y el exterminio de los miembros de la etnia.
· Que se respete el proceso de consulta previa frente a cualquier plan de desarrollo o plan de inversión que afecte los territorios ancestrales.
· Que se adopten medidas para solucionar la crisis alimentaria. Hay comunidades que desde hace nueve meses no se pueden abastecer.
· Que se ofrezcan garantías para la movilización.
· Que se inicien las investigaciones pertinentes para judicializar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario.
El pueblo Wiwa requiere de una rápida atención
Sobre la situación humanitaria del pueblo Wiwa, el Director de la Fundación Hemera, Luis Carlos Osorio, señaló que casos como el de los Wiwa y el de los Wayuú, que no han tenido la atención debida por parte del Estado colombiano, deben ser amparados con medidas cautelares por parte del Comité Interamericano de Derechos Humanos, dada la magnitud de las violaciones que vienen adquiriendo el ribete de etnocidio y que amenaza con disgregar a muchas comunidades de estos pueblos.. El peligro está determinado por su bajo número de habitantes y lo sistemático de las acciones de violencia, que afectan a casi el 50 por ciento de la población, ya que de las doce mil personas que integran la etnia vienen siendo afectados casi seis mil indígenas en el departamento de la Guajira. Además, porque el exterminio combina ataques indiscriminados contra la población con el asesinato selectivo de sus líderes, donde se evidencia una clara responsabilidad del Estado por omisión y por la presunta acción de la fuerza pública, ya que las denuncias señalan el involucramiento de miembros activos de las FFMM”.
De igual forma, el director de Hemera señaló que el caso del pueblo Wiwa puede considerarse como un etnocidio. “De acuerdo con la última publicación de pueblos indígenas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), se estima que la población Wiwa es de sólo 1922 personas con base en el Censo de 1993 con proyección a 2001. De ser así, estaríamos hablando de un etnocidio brutal frente al que Estado no ha tenido una acción contundente. Aunque ha sido reiterado el desconocimiento y la no aplicación, por parte del Estado colombiano y los sucesivos gobiernos-, de las Medidas Cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la protección de personas o comunidades indígenas en Colombia y evitar daños irreparables, medidas además solicitadas desde hace varios años que van desde 1996 hasta el año 2004 para proteger a zenúes, paeces, katíos, chamíes, pijaos y Kankuamos entre otros, es importante que los organismos internacionales y la misma Corte Internacional actúen para cesar estos crímenes de lesa humanidad y castigar a los culpables”.
