Así lo denunció el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCAMACIA) que reseña como desde el pasado 2 de junio se registran fuertes hostigamientos por parte del Frente José María Córdoba de las FARC EP, el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC y la Fuerza Pública.
Como ha ocurrido en otras oportunidades, las comunidades indígenas y afrocolombianas han quedado en medio de las acciones militares, desatando el miedo entre los pobladores que de nuevo temen que se repitan los trágicos acontecimientos del 2 de junio de 2002, cuando los combates provocaron la muerte de 120 personas.
"Desde mediados del mes de mayo, el accionar de los actores en mención ha venido desplazando de manera familiar y gota a gota a personas de las comunidades del río Bojayá, Napipí, Carrillo y Amburibidó. Esta situación se agudizó el día 29 de mayo cuando se desplazaron 116 familias conformada por 445 personas de la comunidad de Piedra Candela hacía Bellavista, 21 familias correspondiente a 86 personas de la comunidad de Corazón de Jesús, 430 personas de la comunidad de Napipí, todas estas asentadas en Bellavista. Los operativos militares con bombardeos y el accionar de la guerrilla no está permitiendo que las personas ejerzan sus actividades productivas, lo que está generando un caos alimenticio generalizado por el miedo a caer en medio de un enfrentamiento entre estos grupos”, sostuvo la organización que aglutina a los consejos comunitarios en el Medio Atrato.
Peticiones por parte de las comunidades
Desde comienzos del mes de mayo las comunidades lanzaron su voz de alerta frente al recrudecimiento de las acciones militares en la zona. Sin embargo, hasta la fecha las acciones para atender y proteger a la población civil han sido ineficaces.
“Después del retorno de las comunidades a la zona tras la masacre del dos de junio y de que el Estado asumiera ciertos compromisos en términos de superar las necesidades básicas insatisfechas, hoy vemos con preocupación que en ninguna de éstas comunidades existen medios de comunicación (teléfonos), ni servicios públicos (energía eléctrica, salud)”.
Es por ello que la organización regional solicita de manera perentoria:
· Respeto por parte de los actores armados ilegales y de la fuerza pública a las normas humanitarias.
· Respeto por parte de los actores armados de las autoridades tradicionales y sus reglamentos internos.
· Acompañamiento, junto con los líderes de la organización, a las comunidades que se encuentran resistiendo dentro del territorio y las que se encuentran desplazadas de manera presencial.
· Ayuda humanitaria de emergencia consistente en alimentación, kit de aseo y medicamentos. “Esto debido a que las comunidades no pueden salir a realizar sus actividades por el peligro de caer en un enfrentamiento y ser victimas de las balas asesinas, lo cual ha generado una emergencia alimenticia”.
· Apoyo en combustible, logístico y material didáctico para la realización de algunas actividades que la organización quiere adelantar en materia de resistencia civil.
Asesinato de un campesino afro
La organización también denunció el asesinato del campesino Ceferino Salas Cuesta, vicepresidente del Consejo Comunitario de Boca de Bebará y corregidor de familia, quien fue acribillado el viernes cuatro de junio en su finca, ubicada en el río Bebará, por parte de las FARC EP.
“Este hecho enluta a la familia aciática en la medida en que no se está respetando por parte de los grupos al margen de la ley a las autoridades reconocidas por la ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios (...) Preocupa que de manera sistemática están asesinando a los líderes comunitarios dentro o fuera de su comunidad, creando con esto el miedo, la zozobra y el terror, además de destruir el tejido organizativo”.
