Tomado de: "Su Defensor". Periódico de la Defensoría del Pueblo. Año 5 No. 49. Bogotá, diciembre de 1998
Avanzar en la participación de los sectores sociales
Los pueblos indígenas de Colombia y América hemos soportado la guerra en diferentes formas durante más de cinco siglos, a través de los cuales hemos adoptado múltiples estrategias de resistencia: la dispersión hacia lugares inhóspitos; las sublevaciones y enfrentamientos; el apego a nuestra cosmovisión; la transmisión del conocimiento de nuestros pueblos de generación en generación; la movilización por nuestros derechos, la recuperación de tierras y, más recientemente, la participación política en el sistema que han inventado quienes en ocasiones nos avasallan. Todo ello con el propósito y la esperanza de levantar de las ruinas de la guerra los restos de nuestras culturas, construidas con sacrificio al paso de los siglos.
A las puertas del nuevo milenio, los pueblos indígenas de Colombia reclamamos la deuda histórica que tienen con nosotros y ante el mundo exigimos una respuesta civilizada para la solución de los conflictos.
En la concepción indígena la paz es un proceso dinámico y continuo de convivencia de los seres humanos con la naturaleza. Nace a partir del territorio donde se fortalece el desarrollo de sus habitantes con justicia social, libertad, dignidad y respeto; propósitos que anhelamos alcanzar con la UNIDAD, la defensa del territorio, la cultura y el ejercicio de nuestro gobierno con autonomía.
Mientras tanto, el hombre blanco avanza con un esquema de desarrollo económico que a pesar de destruir su propio ambiente de supervivencia es vendido a las demás culturas como modelo que se debe imitar. Sin embargo, los pueblos indígenas venimos demostrando a las otras culturas que gracias al conocimiento milenario sobre la relación de los seres humanos con la naturaleza, el planeta puede contar con los recursos de la biodiversidad existente en territorios indígenas, como los de la Amazonia, el Andén del Pacífico y otras regiones del país. Recursos que actualmente son seriamente amenazados por la complicidad o irresponsabilidad del Estado frente a la voracidad de las empresas multinacionales.
Desde nuestra perspectiva, la paz no se alcanza con la sola firma de un acuerdo. Se requiere del concurso de los distintos actores armados y de la voluntad de los sectores económicos nacionales e internacionales, de manera que su acción permita generar condiciones sociales a la paz.
Los pueblos indígenas de Colombia somos uno de los sectores más golpeados por la actual confrontación armada, por el narcotráfico, por los mega proyectos que se vienen imponiendo en nuestros territorios, sin que medie la necesaria concertación y participación de nuestros pueblos. Tal vez, por esto, saludamos con grandes expectativas las conversaciones que se están dando entre los actores de la contienda armada y los voceros del Consejo Nacional del Paz. Confiamos en que estos acercamientos no sean una nueva frustración para los colombianos y se abran caminos de esperanza para todos
Los acuerdos de Puerta del Cielo de Meinz - Alemania - son altamente positivos porque abren posibilidades a la participación directa de la sociedad civil en el proceso de paz. Pero es necesario avanzar en la participación activa de los sectores sociales concretos que estamos afectados por la guerra, para que no quedemos excluidos bajo ese nombre simbólico de "sociedad civil".
Es nuestro interés y perspectiva aportar algunos elementos a la paz del país, pero también lo es, que la paz constituya un aporte a nuestros pueblos y comunidades, a los campesinos y a los negros, a todos los sectores sociales, porque es precisamente en las desigualdades y en la pugna por la realización de los distintos intereses al margen de los derechos y garantías de todos, en donde se originan las diferentes formas de violencia que vivimos
La violencia en los territorios indígenas.
Los pueblos indígenas estamos ubicados a lo largo y ancho de la geografía nacional en zonas de difícil acceso y distantes del centro del país. Nuestros territorios tienen la característica de ser zonas de alta biodiversidad, de poseer grandes riquezas minerales y de hidrocarburos que las hacen estratégicas para el desarrollo nacional y para la realización de grandes obras de infraestructura. Es por estas características que en la gran mayoría de nuestros territorios se libra una buena parte del conflicto armado del país y tienen asiento en ellos los grupos insurgentes y los paramilitares, quienes buscan por la fuerza resolver allí sus intereses o usar nuestras tierras como zonas de paso o repliegue. De ahí que los pueblos y comunidades indígenas nos encontramos en el centro del conflicto.
También sufrimos de manera directa las graves consecuencias de la guerra y se ejerce violencia sobre nuestros líderes y comunidades. En los últimos años han sido asesinados más de 300 líderes en todo el país. Los casos presentados en el Urabá chocoano y antioqueño, en el norte del Cauca, en el pueblo de Zenú de Córdoba y Sucre, en el pueblo Coreguaje del Caquetá; en los cuales han sido asesinados decenas de líderes en cuatro años, son evidencias claras de la violencia que se ejerce sobre nuestros pueblos, hoy bajo la amenaza del genocidio, como en el caso Zenú o del etnocidio, como el caso Coreguaje.
Pero la violencia no es sólo la muerte de nuestros líderes, es también la ocupación de nuestros territorios por actores armados que pretenden controlar nuestras vidas y que amenazan a la población. Violencia sobre nuestras vidas son también las masacres y asesinatos de la población que convive con nosotros, aunque no sean indígenas. Recientemente han sido ocupadas amplias zonas de nuestros territorios por fuerzas paramilitares en el Bajo Atrato, en los departamentos de Guaviare, Amazonas, Putumayo, Vaupés y Guainía, al igual que por fuerzas guerrilleras en el Río Apaporis, Departamento de Amazonas, en los límites del Vaupés.
Un caso grave e ilustrativo de la situación que describimos es el Alto Sinú, Municipio de Tierralta, Córdoba. En los últimos meses la Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, han realizado masivas incursiones sobre el territorio Emberá Katío en la parte alta del Río Sinú y se han presentado graves enfrentamientos con la guerrilla que han dejado muertos de ambos bandos, sin que siquiera se conozcan públicamente los resultados. Para estas incursiones, las ACCU utilizan las embarcaciones pertenecientes a las comunidades indígenas del Alto Sinú y, en días pasados, retuvieron a líderes indígenas y decomisaron sus embarcaciones y motores bajo el pretexto de señalarlos como colaboradores de la guerrilla. En el fondo, lo que tenemos es que se trata de amedrentar a las comunidades que defienden sus derechos culturales y territoriales amenazados por la construcción de la Hidroeléctrica de Urrá .I
La ubicación de algunas bases militares oficiales y de comandos del Ejército en territorios indígenas atrae a los otros actores armados hacia los mismos. Como casos concretos de esta situación tenemos los de las bases militares de: Resguardo de Barrancón en el Guaviare y en Cumaribo Vichada, en todo el centro del territorio Sikuani; y la base que se proyecta hacer en Cubará, dentro del territorio de los Uwa
Las comunidades y organizaciones indígenas afectadas por la guerra hemos manifestado públicamente nuestra autonomía frente a los actores del conflicto armado, reivindicando el respeto a las autoridades propias, a nuestra dinámica organizativa, social y cultural, a nuestros derechos territoriales y fundamentales. Sin embargo, los actores del conflicto no han valorado suficientemente esta posición y en muchas ocasiones nos han acusado y perseguido, cobrando muchas vidas entre líderes y autoridades
La violencia que comenzó hace más de 500 años continúa hoy en algunos casos facilitada por las propias autoridades del Estado, cuyos funcionarios toman decisiones sobre la implementación de mega proyectos en nuestros territorios, sin consultarnos ni tenernos en cuenta, es el caso de mega proyectos como Urrá, del canal interoceánico del Pacífico, las explotaciones mineras y madereras, las explotaciones petroleras que acabaron con el pueblo y territorio Kofán y que amenazan a los demás pueblos del Putumayo con la autorización para la explotación en el Bloque San Juan; la privatización de servicios públicos y la expedición de normas inconsultas como el decreto 1320 de 1998, diseñado para evitar que seamos nosotros los que decidamos sobre nuestros territorios.
Se nos imponen grandes proyectos de desarrollo que no benefician a nuestras comunidades y afectan los intereses del pueblo colombiano, que además traen la violencia de las armas ocasionando la muerte y desintegración de las culturas indígenas. No somos debidamente consultados y se nos niega la participación en los beneficios. Tal es el caso de la actual construcción de la hidroeléctrica de Urrá en el territorio Emberá Katío del Alto Sinú, que acabó con la pesca, su principal fuente de alimento; ahora la empresa se niega a dar a las comunidades la participación en los beneficios, y en su lugar impulsan procesos de división y desintegración del pueblo para que no pueda defenderse unificadamente. Igual sucede con el pueblo Uwa, al cual pretenden imponer la explotación petrolera en su territorio; y con los grandes proyectos viales en todas las zonas marginales del país, donde tenemos asiento las comunidades indígenas.
Es por todo esto que los indígenas tenemos que asumir un papel activo en el proceso de paz. No sólo porque la guerra ocupa nuestros territorios sino también porque afecta los derechos e intereses de los campesinos, de las comunidades negras, de los trabajadores, de las mujeres, todos ellos ligados a los nuestros. Si no se solucionan los grandes problemas que nos afectan a todos, no se acabará la violencia y no habrá paz, aún cuando los actores armados firmen todos los acuerdos.
Nuestras propuestas frente a la guerra y la paz
Frente a la guerra
Las comunidades y organizaciones mantendremos una actitud firme frente a la guerra para no dejarnos desplazar de nuestros territorios y generar propuestas pacíficas y culturales de resistencia. Seguiremos fortaleciendo el apego hacia la madre tierra a partir de nuestras cosmovisiones y luchando para que nuestros territorios nos proporcionen los elementos para nuestro desarrollo; fortaleceremos nuestros gobiernos y formas de control social para no involucrarnos en el conflicto armado y ejercer un verdadero control para evitar la vinculación de las comunidades con los grupos armados, así como la injerencia de éstos en los asuntos que nos competen.
Las situaciones de violencia que se presentan, cualquiera que sean y provengan de donde provengan, siempre las denunciaremos ante los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Mantendremos una decisión de acompañamiento y solidaridad con las víctimas de la violencia y buscaremos programas de atención especial para esta población
Pero requerimos también el apoyo nacional e internacional para que nuestros territorios salgan del conflicto armado. A los actores armados y a los organismos internacionales competentes los llamados a que consideren los territorios indígenas como bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Igualmente exigimos respeto hacia las posiciones adoptadas por nuestras comunidades y organizaciones frente al conflicto armado, como las posiciones de neutralidad, de autonomía y comunidades de paz, u otras, que cumplan sus promesas de respeto a la autonomía y cultura de nuestras comunidades.
Frente al proceso de paz
Temas para la Agenda: Los indígenas reivindicamos los siguientes puntos para que sean tratados en el proceso de paz.
La autonomía de nuestros territorios para definir nuestros propios planes de vida (desarrollo). Los pueblos indígenas debemos decidir sobre nuestra educación, la promoción de la salud en nuestras comunidades de acuerdo con nuestros valores; el fortalecimiento de nuestros conocimientos, identidades, cosmovisiones; el ejercicio de nuestras formas de gobierno, organización y justicia. No podemos aceptar que estos asuntos sean resueltos desde fuera y bajo las condiciones que nos imponen los actores armados y la dinámica nacional. Es fundamental para que cese la violencia sobre nuestros pueblos, que el gobierno considere estos aspectos y los incluya decididamente dentro de los planes nacionales; que los actores del conflicto armado entiendan y respeten nuestras dinámicas de autonomía.
Parte de la Agenda de paz deben ser entonces el respeto real y no formal de los derechos económicos, culturales, políticos y territoriales de los pueblos indígenas y en general de todos los sectores de la población que constantemente son vulnerados. Dentro del respeto a la autonomía es necesario un gran acuerdo político con todos los actores armados y sectores políticos, económicos y del Gobierno para que se constituyan las entidades territoriales indígenas, que no es otra cosa que la posibilidad de generar proyectos de desarrollo de acuerdo a la cultura de nuestros pueblos, que son la raíz de nuestra nacionalidad.
Un problema que identificamos como base de los conflictos que se libran en el país es la distribución de la propiedad de la tierra. Los indígenas reclamamos la devolución de las tierras de los resguardos indígenas arrebatados por la violencia y engaño de los terratenientes, de sectores económicos para sus grandes inversiones y de grupos paramilitares. La solución al problema de la tierra de los indígenas pasa también por la solución al problema de los campesinos y comunidades negras. Las tierras que nos arrebatan para la guerra o para los proyectos de "desarrollo" hacen que indígenas, campesinos y negros no podamos vivir en paz porque nuestra vida se debe a la tierra. No creemos que pueda haber paz mientras subsista la violencia que nos arranca de la madre tierra o nos limita su dominio para nuestra vida.
El modelo de desarrollo implantado sin tener en cuenta a la población, sus derechos, necesidades e intereses, debe ser analizado y modificado con motivo del proceso de paz porque es uno de los causantes de la violencia, especialmente en el campo. Los sectores económicos deben dejar de imponernos sus propuestas de desarrollo basadas únicamente en el lucro individual. La explotación irracional e indiscriminada de los, recursos naturales no pueden ser la base de la economía y debe reconocerse y aceptar que nuestros pueblos tienen propuestas propias para construir futuro.
El modelo de desarrollo no solo violenta nuestras culturas, derechos e intereses sino que también genera la violencia física que ejercen los actores armados irregulares y regulares, quienes en muchos casos actúan al servicio de los sectores económicos, utilizando la fuerza, la intimidación el asesinato y el desplazamiento forzado. La guerrilla también impone en los territorios donde hace presencia el mismo modelo de desarrollo con sus políticas y prácticas económicas y financieras en contra de los derechos y aspiraciones de los pueblos indígenas. Esto se da cuando apoyan proyectos que nos afectan para obtener la financiación a través de la vacuna, como se hace en las zonas de explotación de petróleo, minerales, maderas, etc.
Nuestra participación en el proceso de paz.
Debemos asumir la paz como un proceso y no como un momento o una coyuntura. Lograr acuerdos con y entre los actores armados, el Estado, los gremios económicos, sobre el respeto a la integridad física, cultural y la autonomía de los pueblos indígenas. También propiciar acuerdos con otros sectores de la población para ganar consensos que den salida a nuestras propuestas.
Reclamamos la participación activa de las organizaciones y pueblos indígenas en todos los espacios que tienen que ver con el proceso de paz en Colombia
Los sectores sociales debemos mantener una dinámica de reflexión, análisis y elaboración de propuestas para responder a las exigencias y avances del proceso de paz
Buscar claridad en los términos de la negociación y en los acuerdos a los cuales se llegue. Es decir, con quiénes y sobre qué aspectos se está negociando
Conformar una comisión de paz de los pueblos indígenas
Crear una veeduría internacional que garantice el cumplimiento y el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas en desarrollo del conflicto armado, frente a la intervención del Estado, los empresarios y las multinacionales, en el marco de mega proyectos en nuestros territorios.
