La actual política gubernamental de “lograr la paz a las buenas o a las malas”, para imponer su particular concepción de estado comunitario y los deseos de la reelección incrementan el conflicto social y político colombiano.
Ya, a nuestros pueblos, les ha tocado sufrir esa estrategia, con la implementación de la campaña militar, contra las FARC, denominada “Plan Patriota” en las que el ejercito dispara primero y pregunta después. Tal como ocurrió en el municipio de Cumaribo, Departamento del Vichada, en los primeros días del año, en los que fuerzas del ejercito, que se identificaron como paramilitares, asesinaron a dos compañeros e hirieron a tres mas, o los dos asesinatos de Olmedo Ull y otro compañero en el norte del Cauca, o el ametrallamiento a la escuela del pueblo AWA en Nariño Bajo la operación “CAMAWARI", lo peor del caso, es que el gobierno ha tendido una cortina de humo para ocultar estos hechos a la opinión publica y a las mismas organizaciones indígenas. Lo anterior se da porque, sin excepción alguna, es en los territorios indígenas donde se desarrolla las confrontaciones armadas, unas veces por ser lugares estratégicos desde el punto de vista militar y otras por ser sitios de importancia económica para el narcotráfico y grupos económicos. Lo mismo ha ocurrido por ejemplo con los 30 asesinatos de los compañeros Wayuú de bahía Portete y con el etnocidio de los Wiwas en la Sierra Nevada de Santa Marta
Como resultado de estas políticas, los pueblos indígenas sufrimos las estrategias de confinamiento que implementan los diferentes actores del conflicto, afectando a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, del Putumayo, de Nariño, del Medio y Bajo Atrato, de la Amazonia, de Arauca, de Casanare, del Sur de la Guajira y Norte de Santander. Es decir, que cerca del 35% de la población indígena del país, se encuentra confinada en sus territorios bajo un estricto control y restricciones en su abastecimiento y comercialización de sus productos, con limitaciones para el acceso a servicios de salud y asistencia humanitaria. Así como a su libre expresión y participación política.
En el momento están secuestrados siete compañeros en el Departamento del Vaupés y se han presentado 375 detenciones arbitrarias a miembros y lideres de las comunidades y organizaciones bajo la acusación de terrorismo o rebelión.
El año pasado, mientras se adelantaban las conversaciones entre el gobierno y las autodefensas, estas asesinaron 55 miembros del pueblo Kankuamo y en el presente año han asesinado 30 compañeros Wayuú. Si a ello se le suman los otros 167 asesinatos, ocurridos en los últimos cuatro años, nos podemos dar una idea del drama que viven esa población con la carga que tienen que llevar sus mujeres (viudas) y su población infantil.
A los pueblos indígenas se nos ha estigmatizado y por eso se nos señala como guerrilleros o como paramilitares o como aliados del ejercito.
Es tal la presión que recibimos, que nuestros jóvenes, como es el caso de los Emberá del Bajo Atrato han optado por el suicidio. En menos de un año se han suicidado 17 jóvenes, que representan el 1,7 % del total de la población joven de la región. Situación que se agrava aún mas, si se tiene en cuenta que doce de ellos son mujeres y que ellas juegan un papel importante para la resistencia y transmisión cultural de nuestros pueblos.
A pesar de existir un subregistro en los datos, por los temores que tienen nuestras comunidades de denunciar los atropellos, se encuentra, que del total de la población indígena del país, alrededor de 15.000 están desterrados de sus territorios, lo que equivale al 2,1% del total de la población, que aparentemente no es nada, pero es muy grave si ese 2,1% representa el 100% de un pueblo tal como sucede en el medio Atrato o en la Alta Guajira. Esto, para no mencionar que por las políticas de nuestras organizaciones de resistir en los territorios no se puede cuantificar los desplazamientos internos que hacen nuestras comunidades.
Por el conflicto sus consecuencias y las políticas del actual gobierno, nuestras poblaciones se encuentran en un proceso acelerado de empobrecimiento ya que se ha fragmentado parte de nuestro tejido social al disgregar las comunidades, asesinar y perseguir a nuestras autoridades, romper las relaciones familiares, incidir negativamente en nuestros jóvenes. Erosionado nuestros territorios con las campañas de fumigación, entre otras. Todo ello, ha afectado nuestros procesos de gobierno, de decir y de opinar al interior de nuestros pueblos.
En un estudio patrocinado por la OPS, OMS y GTZ, se concluye que: “los Pueblos Indígenas representa hoy en el país la mayor diversidad étnica y cultural a pesar de constituir el 2% de la población colombiana; 72 de los 92 pueblos tiene menos de 20.000 habitantes, 40 tiene menos de 1000 y 12 pueblos cuentan con menos de 200 habitantes cada uno. Son comunidades en alto riesgo de extinción, y aunque no se cuenta con un perfil epidemiológico consolidado para el país, se percibe que es alta la morbilidad asociada a deficientes condiciones de agua y saneamiento ambiental”
Lo que nos lleva a decir que el Estado colombiano no ha dimensionado en su magnitud la riqueza que conlleva la diversidad cultural, que es hacedora de sistemas médicos y tecnologías propias para los ecosistemas de nuestro país.
La anterior situación nos obliga a afianzar los espacios de interlocución con la comunidad internacional trascendiendo el enfoque asistencialista, para generar condiciones y soluciones sostenibles y duraderas en beneficio de nuestros pueblos. En tal sentido planteamos las siguiente postura.
· Es necesario construir un plan conjunto de trabajo que sea la base de una política de estado para los pueblos indígenas atendiendo el principio de diversidad étnica y pluricultural de la nación colombiana.
· Apoyo a los procesos de resistencia que adelantan nuestros pueblos y organizaciones indígenas
· Es importante el apoyo a la construcción de un Plan de Acción y atención Humanitaria acorde a la características culturales de los pueblos indígenas
· Defensa del estado social de derecho atendiendo normas internacionales constitucionales que hacen referencia a los derechos culturales y sociales de los pueblos indígenas
· Requerimos del apoyo de la comunidad internacional y de los organismos de Derechos humanos con el propósito que exhorte al gobierno colombianos y a sus instituciones para que acoja y aplique las recomendaciones emanadas de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de las naciones unidas para Colombia.
