En un documento, firmado por la Autoridades Tradicionales de Portete, las comunidades Wayuú de la zona presentan su propio informe sobre lo acontecido en la bahía el pasado 18 de abril, cuando hombres de las autodefensas masacraron a 12 indígenas y desaparecieron a 30 más. El documento, además, rechaza algunos puntos planteados por el informe que la Defensoría del Pueblo presentó hace 15 días, tras la visita de verificación efectuada entre el 22 y el 24 de mayo.
Las principales diferencias están referidas a las raíces que dieron lugar al conflicto, a la relación entre las comunidades y la banda de los Cono-conitos y a los conflictos derivados por el control de los puertos naturales.
En cuanto al primer punto, de acuerdo con el informe de la Defensoría “las raíces del conflicto están vinculadas, primero con rencillas familiares y el control del negocio del contrabando y luego con el negocio de la gasolina y el contrabando de estupefacientes y armas”.
Las Autoridades Tradicionales rechazan tal afirmación, arguyendo que las comunidades que allí habitaban no estaban vinculadas a ninguna de estas actividades.
Los indígenas reconocen que algunos núcleos establecieron alianzas con sectores del contrabando, el narcotráfico y grupos de autodefensas, pero esos pactos están por fuera de todos los esquemas y protocolos de la cultura Wayuú. Sostienen que, por el contrario, las alianzas se constituyen en un factor que ha ido en detrimento de los indígenas, puesto que el poder que han alcanzado personas como José María Barrios Ipuana, mejor conocido en la región como ‘Chema Bala’, y su familia, han dado lugar al desalojo de las familias de sus tierras ancestrales.
“Esta actitud jamás puede ser catalogada como una rencilla entre familias Wayuú. Nuestras diferencias familiares, tienen razones propias y reales dentro de nuestra cultura y tienen también formas de solución propias, y es un hecho que los Wayuú, así tengan fama de guerreros, lo que más valoramos es la paz y la solución de los conflictos. La actitud del señor José Maria Barros Ipuana, oriundo de Karreruwou y no de Portete, está por fuera de la ley Wayuú y representa una descomposición dentro de nuestra cultura, causada por la presión de la cultura de los alijuna y nacional por la búsqueda de riquezas y poder a través de cualquier medio”.
Frente a la posible relación entre la banda de los Cono-conitos y las comunidades indígenas, el informe Defensorial deja entrever que el grupo fue constituido por las familias como mecanismo de defensa frente al ataque de los hombres comandados por Jorge Tovar, alías ‘Jorge 40’.
“Los Cono-conitos no fueron constituidos por nuestras familias para vengar las muertes y emboscar a los paramilitares y mucho menos se ha dado el robo en nuestro territorio de 800 kilos de coca, ni es cierto, como afirman el algunos artículos de prensa, que este robo fue el detonante para realizar la masacre. Si acaso sucedió un robo de un cargamento, fue fuera del territorio de Portete, días después de ocurrida la masacre, y los sujetos partícipes de esa acción nada tienen que ver con las familias de Portete”.
Los indígenas aclaran que la banda no pertenece a la región y que sus actividades delictivas, que se extienden hasta Venezuela, las vienen realizando desde hace más de diez años.
“Si han tenido enfrentamientos con los grupos paramilitares, éstos han sido accidentales, pero no es cierto que exista una resistencia armada Wayuú de ellos contra los paramilitares aliada a sectores de las FARC EP”.
En cuanto al control de los puertos naturales, el informe Defensorial sostiene: “Los puertos sobre el Caribe en la alta Guajira han sido controlados históricamente por los indígenas Wayuú. Algunas castas Wayuú se fortalecieron económicamente y surgieron así los primeros conflictos de los cuales se derivaron guerras que fueron pactadas y finiquitadas con la intervención de palabreros. Ante esta situación y con el propósito de disputar a los indígenas este control, los contrabandistas y narcotraficantes decidieron recurrir a las AUC para que les brindaran protección”
Las autoridades indígenas aceptan que el control de los puertos naturales fortaleció económicamente a varias familias, pero rechazan la versión de que ese fortalecimiento derivó en guerras y conflictos en la Alta Guajira; mucho menos aceptan que contrabandistas y narcotraficantes hayan acudido a las AUC para disputarse el control de los puertos.
“Han sido las cabezas Wayuú que controlan los puertos desde hace años, los mismos que están aliados con contrabandistas y narcotráfico, quienes han llamado a las AUC. Se trata, entonces, de una alianza entre indígenas Wayuú que participan de actividades ilegales y que están aliados con las AUC para desalojar a los Wayuú tradicionales y oriundos de este territorio, para ejercer conjuntamente el control territorial total”.
Para las autoridades indígenas ese intento de control, que involucra a indígenas Wayuú que actúan como personas, es un elemento que amenaza el futuro y la supervivencia de la etnia, toda vez que ataca la autonomía territorial y el gobierno propio.
“Todos nuestros derechos se están vulnerando, pero también se está colocando al pueblo Wayuú en peligro de descomposición cultural y étnica al ser nuestros territorios ahora controlados por fuerzas ajenas a los Wayuú. De aquí la urgencia que el Estado colombiano tenga claro lo que sucede e intervenga cumpliendo su obligación de proteger los derechos de nuestras comunidades y del pueblo Wayuú”.
En tal sentido, las autoridades indígenas de Portete solicitan:
1. Que las recomendaciones hechas por la Defensoría del Pueblo en el Informe de la visita de verificación a la situación de derechos humanos y desplazamiento forzado de los indígenas Wayuú de la Alta Guajira se lleven a cabo de manera cabal. Pero que las medidas que se tomen respeten y consulten a las autoridades Wayuú.
2. Se solicita al Director de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, Jesús Ramírez Cano, que busque una entrevista con el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, para exponerle la grave situación de los Wayuú y poder concertar medidas de solución.
3. Se solicita a los senadores indígenas (Jesús Enrique Piñacué, Francisco Rojas Birry, Gerardo Jumí y al Taita Efrén Tarapués), a los senadores del Parlamento Andino, a la senadora Piedad Córdoba y al senador Gustavo Petro para que adelanten una comisión humanitaria internacional que nuevamente vaya y verifique, de manera imparcial y verídica, los hechos que sucedieron en Portete y las consecuencias para las comunidades.
4. Que el Estado adelante los procesos de justicia y reparación por los daños causados a las familias desplazadas dentro del resguardo, fuera del resguardo y las personas que se encuentran desplazadas en territorio venezolano.
5. Que el Estado establezca una forma de control en territorio de Portete, como medida elemental para controlar a los actores armados ilegales, además de garantizar un posible retorno de las familias que fueron desterradas.
6. Que el Estado haga un plan de retorno realista.
