El secuestro del ex senador Eduardo Gnecco por parte de los paramilitares liderados por Jorge 40, estuvo a punto de frustrar la iniciación del proceso de negociación con los paramilitares en Santa Fe de Ralito. De inmediato, el gobierno reaccionó con firmeza suspendiendo los diálogos, ordenando la captura de los dos jefes paramilitares que controlan la zona donde ocurrió el secuestro y ofreciendo cien millones de pesos de recompensa por información que contribuyera a la captura de los responsables. Indudablemente, las autoridades deberían reaccionar con igual firmeza y prontitud ante el secuestro de cualquier persona. Pero aquí, las respuestas están estratificadas de acuerdo a la importancia de las víctimas.
Muy bien por esa reacción del gobierno!. Pero ¿por qué tanto contraste con hechos mil veces peores, cometidos en la misma región por los mismos autores, como la reciente masacre de 12 indígenas Wayuú, el asesinato de los indígenas Wiwas, el desplazamiento de más de 3 mil Wayuú de Bahía Portete y Bahía Honda? ¿Por qué no se exige siquiera que digan qué sucedió con Kimy Pernía, el gran dirigente de los Emberá Katío desaparecido el 2 de junio de 2001 en la misma zona donde se están realizando las negociaciones de paz? ¡Ni que existiera una política de Apartheid en derechos humanos!
Dos posibles explicaciones del secuestro del ex senador: primero, que haya sido un error, en el momento menos propicio, derivado de la práctica consuetudinaria del secuestro. Segundo, que por el contrario, haya sido bien calculado, un día antes del inicio de las negociaciones, para advertirle a la clase política hasta dónde están dispuestos a llegar si los dejan solos frente a las amenazas de extradición, cárcel, confiscación y reparación a sus víctimas. De hecho ya tenemos, por ejemplo, al ex presidente Samper intentando maromas jurídicas para “reglamentar” la extradición y al Fiscal General declarando que va a pelear hasta el final para que pueda perdonarse a narcos y terroristas que decidan colaborar. Desde un comienzo tuvimos la oferta de impunidad total en el proyecto original de alternatividad penal presentado por el gobierno. Y si no paran la extradición, difícilmente se llegaría a firmar la paz, pues la mayoría de los comandantes, empezando por el señor Mancuso, están pedidos en extradición.
Por el señor Gnecco no exigieron dinero, pero denunciaron todo un prontuario personal como narcotraficante, agregando que varios miembros de su familia están presos o son prófugos de la justicia, acusados de asesinatos y desfalcos al erario público. Que tal que los procesos de paz con los paramilitares y el ELN (si éste llegara a concretarse) se hicieran de cara al país?. De todas maneras, a pesar de la estricta confidencialidad que procura el Alto Comisionado, ahí estará la prensa nacional e internacional y muchas cosas habrán de filtrarse.
El señor Presidente reaccionó, como debe reaccionarse, con mucha firmeza e indignación, frente a la masacre de La Gabarra por parte de las FARC. Pero en su obsesión contra las organizaciones no gubernamentales, acusó a Amnistía Internacional de estar a favor del terrorismo por no haber condenado inmediatamente la masacre. No podrían los indígenas decir algo parecido contra el gobierno, por no ser capaz de parar los crímenes por parte de quienes dicen estar defendiéndolo? Ojalá el señor Presidente tenga la misma firmeza para exigir que pare la violencia contra los indígenas y demás seres humanos, como requisito para la continuidad de las negociaciones, así como lo exigió ante el secuestro del señor Gnecco. Sobre esas declaraciones del Presidente contra Amnistía Internacional, el embajador de los Estados Unidos, dijo que “no le sirven a nadie”.
Los senadores indígenas Gerardo Jumí y Francisco Rojas Birry, conjuntamente con Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC, convocaron una rueda de prensa para reclamar que el gobierno exija a los paramilitares que paren la violencia contra las comunidades indígenas y negras y para presentarle al señor Presidente una carta en el mismo sentido, firmada por más de un centenar de personas de Colombia y el exterior que respaldan esta causa.
Los indígenas y los afrocolombianos de esa esquina noroccidental del país, vecina de Santa Fe de Ralito (Nudo de Paramillo, Urabá, Atrato, occidente de Antioquia) han sufrido las peores situaciones de violaciones masivas de derechos humanos por todos los actores del conflicto armado: guerrillas, paramilitares y fuerzas del Estado. Uno de sus resultados más dramáticos es la continuación del suicidio de niños indígenas Emberá del Atrato Medio, traumatizados por la guerra. “Solo el canto de los Jaibanás (shamanes) podrá salvarnos”, dicen sus ancianos. En verdad, ello parece ser en lo único que por ahora pueden contar, porque sus muertos no tienen importancia política, porque guerrillas y paramilitares los utilizan y los matan, porque la fuerza pública no fue capaz de parar la guerra entre esos dos bandos, ni respetó ella misma a los indígenas. En qué ha quedado la política de derechos humanos de pueblos indígenas, pregonada por la ministra Marta Lucía Ramírez, que ordenaba “en forma perentoria su irrestricto cumplimiento” por todas las fuerzas armadas del Estado? Sobradas razones tienen los indígenas para mantener su desconfianza, su malicia, frente a las promesas de los gobiernos, pues aunque no haya una política de apartheid si hay una evidente política de privilegios en la que pesa más un senador de las calidades del señor Gnecco que la vida de indígenas tan humanamente ejemplares como la de Kimy Pernía y muchos de los que han sido asesinados.
