Por miedo a morir de hambre, los indígenas Embera Katio del Alto Sinú, departamento de Córdoba, hicieron un llamado desesperado de alerta a las autoridades competentes, ante el endurecimiento de los retenes armados por parte de fuerzas paramilitares, quienes les están impidiendo entrar alimentos, medicinas y enceres a los territorios aborígenes, insistiendo en que son provisiones para las guerrillas.
“Seguimos solicitando claridad ante la extrañeza de que en Puerto Frasquillo, no obstante que permanecen hombres de la Brigada 11 y del Batallón Junín del ejercito nacional, a la vez permanezcan hombres de las AUC ejerciendo control e intimidación sobre nuestro pueblo y prohibiendo la subida de las remesas necesarias para el desarrollo de nuestras actividades organizativas, rituales y a la alimentación familiar”.
Así lo denunciaron los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde, quienes aseguran que además, la guerrilla de las FARC también está ejerciendo presión para obtener la colaboración aborigen: “Quieren inmiscuirse en nuestros asuntos organizativos a la vez que buscan el apoyo de los miembros de la comunidad para que se les dé información, o para que realicen a favor de ellos algún tipo de acción como trasportarlos y conseguirles alimentos, lo que se traduce en una clara violación a nuestro principio de autonomía y en el interés de inmiscuirnos en el conflicto armado en contra de nuestra voluntad”.
De igual forma, aseguran que los efectivos del Batallón Junín han establecido en Puerto Frasquillo, un tope máximo al valor económico de las remesas, piden factura, toman nota del nombre de quien sube los mercados, su cedula, comunidad a donde se dirigen: “sin que expliquen cuál es el uso que se dará a dicha información, con el agravante adicional de que en varias oportunidades de manera grosera han hecho señalamientos en los que afirman que los indígenas son guerrilleros o colaboradores, como ocurrió el pasado 22 de junio cuando uno de estos hombres del ejército señaló que Santander Arias Domicó, gobernador de nuestra comunidad de Dozá llevaba la remesa para la guerrilla y no para la comunidad”.
Acorralados, los Embera Katios ven con extrañeza y temor un proceso de paz entre las AUC y el gobierno - conversaciones que se mantienen en Santa Fe de Ralito, jurisdicción del Municipio de Tierralta, Córdoba- donde una de las partes, los paramilitares, no respetan a las comunidades, las amenazan y restringen sus derechos, ante la mirada complaciente de la Fuerza Pública.
“El país y toda la comunidad internacional conoce que en el municipio de Tierralta se ha establecido la denominada Zona de Ubicación, cuya consecuencia directa ha sido la concentración de tropas paramilitares en la misma y en razón de la cual han aumentado los mecanismos de control sobre la población civil. En este contexto, el gobierno nacional ha anunciado la presencia de una brigada móvil y hombres de la FUDRA (Fuerzas de Despliegue Rápido) conformada por alrededor de dos mil hombres destinados a hacer presencia en el Nudo Paramillo y por tanto en los territorios de nuestro resguardo”.
Pese a lo anterior, las Autoridades Indígenas sostuvieron y ratificaron la decisión de mantenerse en sus territorios, al margen de todo conflicto armado, siendo consecuentes en que si se les da vía libre a los grupos armados, las comunidades indefensas serán las más perjudicadas y sufran las peores consecuencias como lo son el desarraigo, desplazamiento, asesinatos, terror e inestabilidad social.
Por todos estos motivos, los indígenas exigieron:
- La atención inmediata del Alto Comisionado para la paz a esta situación que hemos venido denunciando sin que hasta el momento se nos preste la más mínima atención.
- Queremos que el gobierno nacional, el presidente Uribe y el Alto Comisionado para la paz se reuna de manera urgente y exclusiva con nuestro pueblo para darle una rápida y profunda explicación de estos hechos a nuestro pueblo.
- La presencia inmediata de la Comisión Mixta en nuestro territorio.
- El cese de las presiones y la prohibición de subir nuestras remesas por parte de las AUC en Puerto Frasquillo puesto que además de constituirse en un entorpecimiento a nuestra labores propias, agravan la situación de déficit alimentario que vienen padeciendo nuestras comunidades a raíz de la construcción de Urrá I.
- El cese inmediato de señalamientos y presiones por parte del Ejercito Nacional acantonado en Puerto Frasquillo.
- La no militarización de nuestro territorio.
- El pronunciamiento y la intervención de Sergio Caramagna, como delegado de la OEA, con respecto a las presiones que venimos recibiendo por parte de las AUC.
- A las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, a nuestros hermanos indígenas, a los movimientos sociales y populares les hacemos un fraternal llamado para que se solidaricen con nuestra situación y exijan al gobierno nacional la garantía sobre nuestra vida, nuestra dignidad y nuestra autonomía.
