El drama y desconcierto de los seis hijos y la esposa del indígena Kogi, José Antonio Nuevita, 30 años, de la Sierra Nevada de Santa Marta, terminó dramáticamente el pasado lunes 26 de julio, cuando su cuerpo sin vida –a causa de impactos de bala- fue encontrado en inmediaciones de la comunidad de Taninaka -cuenca del río Palomino, entre los departamentos de Magdalena y Guajira-, denuncio la comunidad a través del Senador Indígena, Gerardo Jumi.
El pasado miércoles 21 de julio, José Antonio, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería de la IPS Gonawindua, se encontraba en una reunión con los habitantes de Taninaka, cuando un grupo de hombres –presuntamente de las FARC-, vestidos de camuflado y armados de fusiles, llegaron a ese lugar, lo sacaron por la fuerza y se lo llevaron sin mediar palabra. Luego de permanecer seis días desaparecido, fue encontrado muerto, sin que hasta el momento la comunidad y su familia sepan las causas de este asesinato. Este hecho se suma a la larga cadena de asesinatos cometidos en los últimos años contra las comunidades Kankuamo, Arahuaco, Wiwa y Kogi de la Sierra Nevada, acorraladas y diezmadas por un conflicto armado que en la zona lo protagonizan Autodefensas, Guerrilla y Fuerza Pública. No han valido entonces, las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a favor de estos pueblos, ni las denuncias, ni los de muertos, para que los grupos armados cesen esta sangrienta carnicería. Los cerca de 600 Kogi, los seis huérfanos y la viuda, enterraron el pasado miércoles a José Antonio, bajo tierra de la Sierra, sin entender todavía por qué los violentos siguen arremetiéndola contra ellos, y aún más, por qué el gobierno sigue con una actitud permisiva y pasiva en medio del exterminio indígena.
