Manuel Villanueva, presidente de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, denuncia que la situación de los indígenas en el país es grave. "Hay pueblos que no será posible recuperarlos y tienen su muerte anunciada; hay otros que si tomadas medidas urgentes, será posible que recuperen parte de su acervo cultural. La acción es ahora, mañana es muy tarde", señala. Petitoria dirigida al gobierno y a los diputados explica que no basta un cambio de la Junta Directiva, la solución al tema de Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), una entidad gubernamental. Considera que será peor aún aumentar el presupuesto de esta institución.
Villanueva se permite ampliar: "algunos elementos para que el costarricense y en especial el gobierno central y los diputados, tomen conciencia y realicen de forma urgente los cambios necesarios, para evitar, como ya se propicia, el etnocidio de los pueblos indígenas en Costa Rica". Fue el periódico La Nación, según explica, que ha dado a conocer a la luz pública lo que por años los pueblos indígenas denunciaron y solo tenían respuestas sordas. "Los funcionarios de gobierno lo presentan como si fuera un pleito entre indios, cuando en realidad es la imposición de una acción gubernamental que cercena los derechos de los pueblos indígenas, elimina los más elementales derechos humanos como personas", explica.
Sobre el tema, Rigoberta Menchú Tum, dirigente indígena guatemalteca, laureada con el Premio Nóbel de la Paz, ha declarado recientemente que "El racismo ha sido históricamente una bandera para justificar las empresas de expansión, conquista, colonización y dominación y ha marchado de la mano de la intolerancia, la injusticia y la violencia".
Situación en Costa Rica
A diez años de la sanción de la ley 23.302 sobre Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (reglamentada en 1989) se puede decir que sus disposiciones se han convertido en letra muerta dado que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), órgano de aplicación de la ley, sólo ha tenido existencia nominal; se nombró solamente un director y un subdirector, sin la participación de representantes indígenas y no cuenta con presupuesto para llevar a cabo lo establecido por la Ley.
La labor del Registro de Comunidades Indígenas (otorgar Personería Jurídica a las comunidades de los Pueblos Indígenas existentes en el territorio nacional) ha sido suspendida o ha quedado truncado sin llegar a prestar el servicio para el que fue creado. No se han llevado a cabo otras disposiciones sobre entrega de tierras, salud, educación, vivienda o jubilación.
