Crítica es la situación de las comunidades indígenas de la región de Carurú, departamento del Vaupés, ante la presión que ejercen los actores armados, incluyendo la Fuerza Pública.
Así lo denunció una comisión indígena de la Organización Indígena del Alto Vaupés (ORIAV), que se encuentra en Bogotá haciendo oficial la denuncia ante la Oficina de Etnias del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo.
Una de las principales preocupaciones de las comunidades es la ubicación de una Estación de Policía en el casco urbano del municipio, convirtiendo a la población en objetivo militar. Los líderes indígenas solicitan que se reubique la Estación de Policía, que cuenta con por lo menos 300 uniformados, en un lugar donde no se afecte la población civil, que en el municipio de Carurú, es en un 70% indígena.
“Tampoco estamos de acuerdo con la construcción de trincheras en medio de la población, bien o mal esto atropella el aspecto físico y moral de las familias, y a la fecha la Policía sigue ampliando las trincheras abarcando 200 metros de largo y 80 de ancho, invadiendo los terrenos de las familias”, manifestó la comisión indígena.
Desde la instalación de la Estación a principios de este año, han sido afectadas doce familias, muchas de las cuales se han quedado con sus casa a medio caerse sin que hasta el momento nadie haya respondido por estos daños.
“Los pueblos indígenas siempre hemos sido maltratados en nuestros derechos, a la vida, el patrimonio, la armonía social y honra, por diferentes planes, programas, proyectos y otras actividades que adelante el Estado y organismos no gubernamentales, desconociendo la leyes, normas, acuerdo y convenios internacionales vigentes que amparan a nuestros pueblos”.
En esta zona del suroriente colombiano hacen presencia 16 comunidades indígenas asentadas dentro del Territorio del Resguardo Indígena Arara-bacati y Lago de Jamaicuru y la Parte Oriental Carurú.
Ante esta conflictiva, las Autoridades Tradicionales solicitaron la presencia de una veeduría internacional y de organismos de derechos humanos para que verifiquen lo inconveniente de la ubicación de la Estación, caso contrario, le dijeron al Estado que habilite los mecanismos para trasladar a toda la población, que suma por lo menos 600 habitantes, a un lugar donde realmente estén seguros.
