El 9 de septiembre se celebró el Día de los Derechos Humanos en Colombia. Para los indígenas, la fecha coincidió con la organización de la Gran Minga que los pueblos proyectan realizar el próximo fin de semana. Dentro de los propósitos de la Minga se destaca el visibilizar la aguda situación humanitaria por la que atraviesan buena parte de las 84 etnias del país.
El presente artículo hace una mirada de la situación de derechos humanos durante lo corrido del presente año, teniendo como fundamento la base de datos de DDHH de la Fundación Hemera, y reseñando de manera especial la situación de los pueblos Kankuamo, Wiwa, Wayuú y Emberá Chamí.
Luego del asesinato del dirigente Kankuamo Freddy Arias, registrado el pasado 3 de agosto, el Vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, afirmó que, pese a la muerte del emblemático líder, los niveles de violaciones contra los pueblos indígenas venían disminuyendo en relación con el año 2003.
Aunque las cifras efectivamente respaldan la afirmación,[1] lo anterior no puede constituirse en una especie de consuelo, primero, porque bajo ninguna circunstancia podemos justificar una sola violación a los derechos humanos, menos aún tratándose de miembros de comunidades indígenas; segundo, porque un alto porcentaje de dichas violaciones han sido perpetradas presuntamente por miembros de grupos paramilitares en conversaciones con el gobierno y en un supuesto cese de hostilidades. Las cifras de violaciones en tipologías como homicidio, detenciones arbitrarias, secuestro, desaparición forzada, desplazamiento o lesiones personales siguen siendo altas, muy a pesar del subregistro motivado por las dificultades de las comunidades y organizaciones para realizar las denuncias de los atropellos de que son víctimas.
Los registros adelantados por la Fundación Hemera hasta el 31 de agosto del presente año, muestran que 22.083 indígenas han sido víctimas de algún tipo de violación a sus derechos, destacándose 69 homicidios, 18 amenazas, 34 desapariciones, 8.572 desplazados, 8 detenciones arbitrarias, 14 lesiones personales y 16 secuestrados.
De manera global, las violaciones han afectado especialmente a los pueblos Emberá Chamí (59%), departamento de Caldas, Wiwa (19%) y Wayuú (14%), departamentos de Cesar y Guajira, Emberá (6%), departamento del Chocó.
En cuanto a los presuntos responsables, tres aspectos llaman la atención: primero, el alto porcentaje de violaciones atribuidas a las FFMM y que representan el 59% de las mismas, aclarando que el 95% del anterior porcentaje es producto de acciones militares que han tenido como víctima a comunidades enteras (incursiones territoriales, desplazamiento y daño en infraestructura luego de bombardeos indiscriminados); segundo, el significativo número de violaciones en las que no ha sido posible identificar un responsable y que representa el 22%; tercero, las responsabilidades que caben a los grupos paramilitares, presuntamente responsables del 16% de las violaciones, a pesar del proceso de negociación adelantan con el gobierno del Presidente Uribe.
En lo referente a la situación por departamento, las cifras indican que las mismas se han concentrado en los departamentos de Caldas (55%), Guajira (30%) y Choco (5%). Como se podrá percibir en las reseñas sobre la situación de las etnias que han resultado más afectadas, la agudización en materia humanitaria reafirma la tesis de que los territorios indígenas se constituyen en escenarios de conflicto por los múltiples intereses que sobre ellos se ciernen.
Lo dramático del caso es la respuesta tardía por parte del Gobierno Nacional para atender la crisis que al interior de los pueblos se genera. Se resalta los casos de los Kankuamos, Emberá Chamí y Emberá Katío, quienes han sido cobijados con Medidas Cautelares o Provisionales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
La situación de DDHH cuando se asumen tipologías individuales (homicidio, secuestro, lesiones personales, desaparición, atentado y amenaza), los análisis muestran que las etnias más afectadas han sido los Wayuú (32%), Paeces (16%), Emberá Chamí (13%), Emberá (10%) y Kankuamo (8%), evidenciándose una arremetida contra los pueblos de la Sierra, ubicados entre Cesar y Guajira, y los pueblos de los departamentos de Caldas, Chocó y Cauca.
Reseña de las situaciones más significativas
· El caso Wiwa
Ubicados entre los departamentos de la Guajira, Cesar y Magdalena, noreste de la Sierra Nevada de Santa Marta, el pueblo Wiwa comenzó a vivir su calvario el 12 de enero de 2001, cuando se registró la masacre de 12 personas. Las comunidades afectadas se asientan en las estribaciones de los ríos Ranchería, Guachaca, Palomino, Jerez y Tapias, y compromete al Bloque Norte de las Autodefensas y a efectivos de las fuerzas militares adscritos a los batallones Cartagena y Rondón.
Durante el 2004 han sido asesinados cuatro indígenas. También se registra el desplazamiento de las comunidades La Celosa, Sabana Joaquina y El Filo del Machín, quienes tuvieron que abandonarlo todo a mediados del mes abril, cuando se presentaron bombardeos indiscriminados por parte de la Fuerza Aérea.
La situación ha conducido a que la población Wiwa que vive en la Guajira, unos 5785 indígenas, y que es la más afectada, afronte desde hace dos años una aguda crisis alimentaria, generada por los bloqueos económicos instaurados por las autodefensas. Los bloqueos impidieron en un comienzo que las familias pudieran comprar mercados por un valor superior a los cuarenta mil pesos. Con el paso de los meses la restricción se volvió tan severa, que en la actualidad los indígenas no puede movilizar ni comercializar ningún producto. Los pocos conductores que se atreven a transportar algo son asesinados y sus carros quemados.
A lo anterior hay que agregar las dificultades para que los indígenas puedan recoger los cultivos en las temporadas de cosecha, ya que los constantes desplazamientos forzados no han permitido adelantar esta labor. Para rematar, existen denuncias donde se señala como el Ejército Nacional quema los cultivos, saquea las cosechas y hurta los animales de cría.
Los indígenas señalan que las razones para la crisis que viven se pueden resumir:
· La construcción de la represa de Bezotes en la cuenca del Río Ranchería, que, aunque no se desarrollaría al interior del resguardo, si afectaría zonas sagradas.
· La desviación del cauce del río Ranchería para facilitar la extracción carbonífera.
· La puesta en marcha de un complejo plan etnoturístico en la Sierra Nevada de Santa Marta, que sería entregado por concesión a la empresa privada y que de manera informal fue anunciado hace algunos años por el entonces ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr.
· El caso Wayuú
El 18 de abril estalló la crisis del pueblo Wayuú. Ese día se registró la incursión de las autodefensas comandadas por Jorge Tovar, alías ‘Jorge 40’, dejando un saldo de 12 indígenas asesinados, la desaparición de por lo menos 30 y más de 3 mil desplazados.
Aunque a medidos del mes de agosto el Gobierno Nacional coordinó el retorno de varias familias, la realidad indica que más de 200 ranchos, dispersos sobre una extensa zona desértica adornada por la hermosura de los paisajes costeros, quedaron como prueba de la barbarie.
Por su parte el desplazamiento sigue siendo el principal problema que enfrenta el pueblo Wayuú. Buena parte de las familias desterradas aún ubican en los cascos urbanos de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Maracaibo, en territorio venezolano.
Lo que viene ocurriendo en la Guajira encierra una serie de factores complejos que tienen como telón de fondo el interés de unos actores por controlar unos circuitos económicos relacionados con el contrabando, el narcotráfico, el tráfico de armas, y la puesta en marcha de proyectos de desarrollo. Esos intereses chocan con el propósito de los Wayuú por defender su autonomía territorial.
En tal sentido, a las explotaciones de las minas del Cerrejón y de las salinas de Manaure, hay que añadirle la proyección de exploraciones de petróleo y gas en la península, la consolidación del parque Jepirachi que permitirá el aumento en el cubrimiento del servicio de energía en toda la región, la consolidación de Puerto Bolívar como enclave para la expansión carbonífera, la construcción de una base militar de la armada en Punta de Cocos y la proyección de un complejo plan etnoturístico.
· El caso Kankuamo
Aunque los índices de violación contra la etnia han disminuido ostensiblemente (para el 31 de agosto de 2003 se habían presentado 46 homicidios, mientras las cifras para el 2004 es de 8), las violaciones contra los Kankuamos se pueden catalogar de etnocidio, puesto que en los dos últimos años han sido asesinados 92 de sus miembros.
El pico de su drama en el presente año estuvo en el asesinato de uno de sus más emblemáticos dirigentes: Freddy Antonio Arias, quien se desempeñaba como Coordinador de DDHH de la Organización Indígena Kankuama (OIK).
Su muerte se produjo un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA profiriera Medidas Provisionales a favor del pueblo. En su decisión, el Tribunal Interamericano constató el incumplimiento de las Medidas Cautelares decretadas por la Comisión y ordenó al Estado colombiano adoptar sin dilación las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de los miembros de la etnia.
Las persecuciones contra la etnia se ha extendido más allá del territorio tradicional. Uno de los más importantes dirigentes que se encuentra desplazado en Bogotá, ha sido víctima de reiteradas amenazas contra su vida, y en el mes de marzo se salvó de un atentado.
· Caso de los Emberá Chamí
Desde comienzos de año los dirigentes del Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) vienen recibiendo amenazas contra sus vidas. En el global de violaciones, es la etnia que mayor índice de personas afectadas tiene, con 18 indígenas asesinados, 2 amenazados y más de 13 mil personas que han sido víctimas de acciones militares indiscriminadas.
El escenario que viven es tan complejo, que en menos de tres semanas han sido asesinados siete miembros de los resguardos Cañamomo Lomaprieta y San Lorenzo, en el municipio de Riosucio. La última de ellas fue una mujer que su acribillada el domingo 5 de septiembre.
[1] La base de datos de la Fundación Hemera revela que en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto del año 2003 se registraron 121 homicidios, mientras que durante el presente año, referenciado el mismo periodo, se han registrado 69 homicidios.
