Preocupación al interior de las organizaciones afrodescendientes generó la detención de Luis Bernabé Angulo Aramburo, líder del Consejo Comunitario y de la Asociación de Negros Unidos del río Yurumanguí (APONURY), Buenaventura, Valle del Cauca, por parte de la Infantería de Marina a órdenes de la Fiscalia. La detención se produjo el pasado jueves 26 de agosto, bajo los cargos de terrorismo, secuestro y rebelión.
De acuerdo con el Proceso de Comunidades Negras (PCN) la detención del dirigente, quien además se desenvuelve como tesorero del Comité de Electrificación de la Vereda Juntas del Río Yuramanguí, se produjo de regreso de la ciudad de Buenaventura a donde se desplazó, junto con el presidente del mismo Comité a recibir los recursos de un subsidio gubernamental que entrega el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL).
Junto con Bernabé fueron detenidas cinco personas más, entre ellas una mujer, los cuales fueron dejados posteriormente en libertad.
De igual forma, asegura el PCN que “en el momento de la captura, miembros de la infantería de Marina lo llamaron por el nombre de Victor, que al parecer es el alias de uno de los jefes de la FARC EP”.
Así mismo, denuncia que los pobladores de este río han sido sometidos desde hace meses a una constante presión por parte de todos los actores armados, como lo describen en los siguientes hechos:
”Varios de los pobladores de este río han sido asesinados, en especial los familiares de Jorge Isaac Aramburo García –conocido como Naka Mandinga- , uno de los más importantes e históricos líderes campesinos del Territorio Región del Pacifico y cofundador del Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN: Luis Bernabé Angulo Aramburo, es sobrino de Naka Mandinga. El 11 de mayo fue desaparecido en la ciudad de Buenaventura, otro de los sobrinos de Naka Mandinga, Carlos Alberto Hurtado Aramburo, de 25 años y que se ocupaba como vigilante del Colegio las Américas en el municipio de Buenaventura. (...) el día 9 de abril en las horas de la noche Beimar Soliman Arroyo, de 28 años fue abaleado cuando asistía en la ciudad de Buenaventura al velorio de su abuelo. Murió un mes después en la ciudad de Cali. El 16 de mayo, Denis Aramburo Soliman, sufrió en atentado en su casa, ubicada en el barrio 6 de enero, resultando herido en las piernas y manos. El 2 de julio fueron desaparecidos, mientras viajaban hacia Buenaventura José Ramos Soliman, de 40 años y de profesión conductor de lancha, Evelis Soliman Canga, de 34 años y carpintero, y Luis Alberto Moran Soliman, de 31 años y expolicía. Estas tres personas eran de la comunidad de San Antonio, tenían una lancha en la que transportaban la remesa para esta comunidad y estaban, por ello, amenazadas por los paramilitares. (...) el 24 de abril en la vereda San Antonio, la Infantería de Marina allanó las viviendas de varios líderes del Consejo Comunitario, hurtaron víveres y dañaron a golpes de porra dos motores fuera de borda. En esa oportunidad las tropas destruyeron, sin previa consulta con la comunidad, tal y como dispone la legislación colombiana e internacional, cerca de 700 hectáreas de bosque para construir un helipuerto. Al abandonar la zona, las tropas ametrallaron la selva, que es el lugar de trabajo de miembros de las comunidades que desarrollan en ella labores de corte de madera, recolección de productos de bosque y minería artesanal”.
La presencia del frente 30 de las FARC en la parte alta del Río Yurumanguí: “ha dado pie a constantes señalamientos y a incursiones de las Fuerzas Armadas, y mantienen en una constante presión y riesgo al conjunto de los pobladores de las 12 veredas del río que temen que un enfrentamiento ponga en mayor riesgo sus vidas y el conjunto de sus derechos”.
Ante este panorama de sangre, el PCN hace un llamado de alerta y pidió la solidaridad de organizaciones y personas para hacer presión ante el gobierno nacional, y exigieron se aclare prontamente la situación de este líder comunitario; se investigue a la Infantería de Marina por los hechos puestos en conocimiento; se ejerza vigilancia especial sobre los procesos que se han abierto en contra de los líderes afrocolombianos y; que el Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, de cumplimiento a la función de vigilancia y control sobre las instituciones gubernamentales, “y exijan de ellas el respeto por los procesos de autonomía y resistencia en contra de la guerra y las persecuciones de las que son víctimas las comunidades Afrodescendientes”.
