A raíz del juicio indígena realizado el pasado fin de semana en el municipio de Caloto, los medios informaron ampliamente sobre sus causas: el homicidio del líder indígena Olmedo Ul Secué. Se conoció que otro indígena salió herido en la acción. Lo que muy pocos conocen, es que ese otro líder, Edinson Conda, era un periodista indígena. Son muchas las violaciones y las infracciones de derechos humanos acaecidas en los territorios indígenas y que han tenido como blanco a los comunicadores. Uno de los casos más relevantes fue la acción de un grupo de las FARC en el municipio de Jambaló en el año 2001 contra el grupo de comunicadores que realizaban una serie de programas para la ONIC y Señal Colombia. Los insurgentes quisieron a toda costa obstaculizar la acción de los comunicadores, conminándolos a abandonar la región. A través de la emisora Voces de Nuestra Tierra, los dirigentes indígenas hicieron un llamado a los miembros de la guardia cívica y luego de una larga discusión, se acordó que los comunicadores se quedaban.
La oportunidad de ventilar estos hechos se presentó en el Salón Constitucional del Capitolio Nacional a instancias de la reunión que el Señor Ambeyi Ligabo -Relator Especial de Opinión y Expresión de las Naciones Unidas-, sostuvo con miembros de la Comisión de Derechos humanos del Senado. El interés del Relator no era otra que conocer de boca de los legisladores la situación de derechos humanos de los periodistas colombianos.
La intervención durante el evento del presidente de la ONIC Luis Evelis Andrade, nos permite reflexionar sobre la manera como los indígenas afrontan esta temática. Y la situación, aunque desconocida, es grave. Primero, a pesar que la ley 335 de 1996, en el articulo 20 parágrafo segundo dice que “el Estado garantizará a los grupos étnicos el acceso permanente y uso del espectro electromagnético y a los servicios públicos de Telecomunicaciones y medios Masivos de Comunicación en sus diferentes modalidades y a la realización del Plan de Desarrollo para los grupos étnicos, con criterio de equidad, reconocimiento de la diferenciación positiva, la igualdad de oportunidades, con el objeto de garantizar los derechos étnicos, culturales y de desarrollo integral”, es muy poco lo que se ha hecho en Colombia sobre esta materia. Después de siete años de expedida la ley, ésta aún no se ha reglamentado y los esfuerzos realizados durante los años 2001 y 2002 para posicionar el tema étnico en INRAVISION y la CNTV, arrojaron resultados bastante precarios. Es claro que una cosa es hablar de diversidad y multiculturalismo y otra bien distinta, traducirlo en políticas, sobre todo cuando se trata de campos como el de las comunicaciones. Después de un largo proceso, a los grupos étnicos se les otorgó un espacio de una hora, aunque teóricamente eran dos. En el último momento y desconociendo las políticas de concertación desarrolladas por casi dos años, INRAVISION decidió otorgarle una franja de una hora a una entidad privada, por fuera del acuerdo realizado por la etnias y que se denominó Interétnicas televisión. Así las cosas, la hora asignada hubo de distribuirse entre indígenas, afros, raizales y gitanos con un presupuesto por programa de una hora cercano a los diez millones de pesos. Con cerca del 30% de esta cifra, tanto afros como indígenas tenían que realizar sus programas en las regiones mas apartadas del país. Es lógico suponer que con dicha cifra no se puede realizar ningún programa de calidad y mas lógico aun: se les dio la oportunidad, pero miren los resultados. No obstante esta situación adversa, los grupos étnicos se la fajaron y produjeron programas de gran calidad, entregándonos una faceta de la realidad de estos pueblos, hasta ahora desconocida.
Lo grave del asunto fue la posición asumida por la oficina de “control de calidad” de INRAVISION, que en muchas ocasiones censuró los contenidos de dichos programas, por considerarlos poco convenientes para la política oficial, en ese entonces del presidente Pastrana.
La situación no es menos compleja en materia de emisoras indígenas. Los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones siempre han sido reacios a desarrollar una reglamentación especial para la creación de las emisoras indígenas, de acuerdo a los usos y costumbres como reza la ley, y en cambio, han tratado de crear un híbrido, adecuando las necesidades de los indígenas a las radios comunitarias, las cuales son absolutamente inaplicables en dichas comunidades, o en el mejor de los casos, adecuándolas al tipo de comunicaciones creadas para las acciones de prevención y desastres. Detrás de esto, ha estado latente la posición de negar cualquier posibilidad de que los indígenas creen emisoras de gran calado y que se puedan enlazar nacionalmente. No obstante esta situación, a instancias del programa Comunidad se han creado varias emisoras, las cuales empiezan a ser tenidas como objetivos por parte de los actores armados, que según los lideres indígenas amenazan a las comunidades con decomisar los equipos, les restringen el derecho a expresarse libremente y lo peor de todo, se les prohíbe hablar en lengua, con el argumento que es una artimaña de los indígenas para mandar mensajes cifrados.
Aunque parezca una quimera, a los indígenas también se les esta coartando su derecho a la información, a expresarse en sus lenguas, a expresar sus opiniones, con el argumento que los indígenas deben asumirse ante las cámaras y micrófonos como el patrimonio cultural que representan, dejando de lado sus opiniones, que siempre parecieran ser una caja de resonancia de los actores armados, como quien dice, de asumirse como culturas muertas, sin corazón y sin espíritu.
El relator especial se llevó algunas de estas denuncias, con la extrañeza que fuera en el parlamento, donde se enterara de esta nueva realidad de los indígenas colombianos.
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