La muerte y la violencia no han dejado de rondar a las comunidades afrocolombianas e indígenas asentadas en la región de Bojayá y Bellavista, departamentos de Chocó y Antioquia, las cuales se encuentran sitiadas, aproximadamente desde le pasado mes de septiembre, por paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia quienes fueron llegando, primero 600 y después más de mil, atemorizando a toda la población. Lo peor es que han colocado a la población civil como escudo humano ante los fuertes combates que protagonizan con el Frente José María Córdoba de las FARC EP.
Así lo han denunciado la Organización Indígena Regional Embera Wounaan de Chocó (OREWA), la Diócesis de Quibdo y organizaciones afrocolombianas, quienes desesperadamente buscan la inmediata intervención de las entidades gubernamentales nacionales e internacionales ante la posibilidad –casi inminente- de que se repita una matanza en la región, como la del pasado 2 de mayo de 2002, en la que fueron asesinadas 119 personas entre las que se encontraban más de 45 menores de edad.
Esto ha hecho que las organizaciones elevaran en los últimos días dos Alertas Tempranas ante la magnitud de los hechos que se ven venir.
“Como lo informamos el día de ayer, en la segunda alerta temprana sobre Bojayá, eran inminentes los atropellos contra las comunidades indígenas de este municipio, desde el pasado 21 de febrero. Efectivamente, en la comunidad indígena PLAYITA del río Opogadó, se encuentra asentado un grupo de paramilitares de las AUC, desde donde están sosteniendo combates con la guerrilla de las FARC”.
Las denuncias hablan de un indígena torturado y la destrucción de las viviendas de algunas familias indígenas que en el momento se encuentran en la cabecera municipal de Bellavista, todo esto a manos de los paramilitares.
“Los paramilitares no permiten que la comunidad salga de su pequeño poblado, obligándolos a estar de escudos humanos. El hambre y las enfermedades propias de esta situación de tensión y pánico se ha apoderado de esta desprotegida población”.
La comunidad afrocolombiana, indígena y campesina no entiende cómo, y a pesar de los múltiples llamados de Alerta hechos desde le pasado mes de Septiembre, el Estado Colombiano, presente con Fuerza Pública en la región del Medio Atrato, “no haya hecho nada para impedir que se repitan los lamentables hechos de atropello a la población civil”.
Ante este incierto y desgarrador panorama las organizaciones antes mencionadas hacen las siguientes exigencias: a) A los paramilitares que dejen que la comunidad indígena de Playita se pueda trasladar al asentamiento de Unión Baquiaza, para que no sigan siendo escudos humanos; b) A los paramilitares y a la guerrilla, que no realicen combates dentro del área de la población civil, que respeten sus viviendas y sus cultivos y; c) A los organismos de control del Estado, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, al igual que a las agencias del Sistema de Naciones Unidas, que conformemos una comisión de observación y ayuda humanitaria, para atender a esta población.
