Los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde denunciamos a la opinión pública el acelerado agravamiento de su situación en materia de Derechos Humanos y el constante acoso, constreñimiento, coacción y control al que vienen siendo sometidos los miembros de nuestro pueblo en Puerto Frasquillo por parte de hombres pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia. Este acoso que se traduce en la prohibición, bajo amenazas o por intimidación con armas, de subir remesas para la alimentación de nuestros niños y familiares, bajo la acusación de que están destinadas a las guerrillas; se une a la presión que recibimos en nuestros territorios por parte de las guerrillas de las FARC-EP que intentan a toda costa obtener por la vía de la fuerza nuestra colaboración.
El pasado 25 de mayo fue secuestrado nuestro gobernador de Arizá por parte de paramilitares pertenecientes a las AUC, hecho que aún no ha sido explicado por el gobierno nacional o por el Alto Comisionado para la Paz pese a constituirse en una flagrante violación a los acuerdos establecidos entre las AUC y el estado colombiano en el marco de las conversaciones de paz que se mantienen en Santafé de Ralito jurisdicción del Municipio de Tierralta. Este hecho que marcó el inicio de las constantes presiones a las que ahora somos sometidos en Puerto Frasquillo por las AUC, produjo el desplazamiento de nuestro gobernador sin que al momento se haya resuelto su situación.
Seguimos solicitando claridad ante la extrañeza de que en Puerto Frasquillo no obstante a que permanecen hombres de la Brigada 11 y del Batallón Junín del ejercito nacional, a la vez permanezcan hombres de las AUC ejerciendo control e intimidación sobre nuestro pueblo y prohibiendo la subida de las remesas necesarias para el desarrollo de nuestras actividades organizativas, rituales y a la alimentación familiar. Por esta razón nos hemos visto obligados a suspender temporalmente nuestras reuniones, asambleas, juntas directivas y hasta un ritual de Jemené (rito femenino de transición de la pubertad a la adultez) que se realizaría el pasado 19 de junio en la comunidad de Pawarando, porque los hombres de las AUC consideran exagerado y sospechoso toda remesa con destino a nuestras comunidades.
Como si fuera poco, miembros del Ejército Nacional del Batallón Junín que hacen presencia en Puerto Frasquillo han establecido de manera autoritaria un tope máximo del valor de las remesas, exigiendo facturas de la misma, anotando en un libro el nombre, número de identificación del propietario y el destino de la remesa sin que expliquen cual es el uso que se dará a dicha información, con el agravante adicional de que en varias oportunidades de manera grosera han hecho señalamientos en los que afirman que los indígenas son guerrilleros o colaboradores, como ocurrió el pasado 22 de junio cuando uno de estos hombres del ejército señaló que Santander Arias Domicó, gobernador de nuestra comunidad de Dozá llevaba la remesa para la guerrilla y no para la comunidad.
De igual forma, denunciamos que la guerrilla de la FARC-EP hace presencia esporádica en nuestro territorio; y ha pretendido inmiscuirse en nuestros asuntos organizativos a la vez que busca el apoyo de los miembros de la comunidad para que se les dé información, o para que realicen a favor de ellos algún tipo de acción como trasportarlos y conseguirles alimentos, lo que se traduce en una clara violación a nuestro principio de autonomía y en el interés de inmiscuirnos en el conflicto armado en contra de nuestra voluntad.
El país y toda la comunidad internacional conoce que en el municipio de Tierralta se ha establecido la denominada Zona de Ubicación, cuya consecuencia directa ha sido la concentración de tropas paramilitares en la misma y en razón de la cual han aumentado los mecanismos de control sobre la población civil. En este contexto, el gobierno nacional ha anunciado la presencia de una brigada móvil y hombres de la FUDRA (Fuerzas de Despliegue Rápido) conformada por alrededor de dos mil hombres destinados a hacer presencia en el Nudo Paramillo y por tanto en los territorios de nuestro resguardo.
Estas situaciones nos hacen temer que en la disputa territorial que mantienen los diferentes actores armados legales e ilegales, se esté preparando un enfrentamiento armado en los territorios de nuestro resguardo. Ratificamos nuestra decisión de mantener nuestros territorios al margen del conflicto y la determinación de que se respete nuestra vida y autonomía, pues de convertir nuestro territorio en un escenario de guerra somos nosotros, la población indefensa la que sufriremos las peores consecuencias de desarraigo, desplazamiento, asesinatos, terror y desestructuración social.
Ratificamos a través de este comunicado la posición adoptada por el Pueblo Embera Katío del Alto Sinú en la declaración de Kachichí del 30 de junio de 1996 y la Declaración de Sabudó de abril de 1999 en las cuales:
Manifestamos que ni las autoridades ni las comunidades Embera katíos del alto Sinú tenemos compromisos, ni los vamos a tener con los grupos armados legales o ilegales que operen en la zona (guerrilla, ejército, paramilitares). Nuestro compromiso es con nuestro futuro, con nuestra cultura, con la madre tierra, con la dignidad de los Êbêra y también de los Kapunia.
A dichos grupos les exigimos que no intervengan ni interfieran en nuestras relaciones con las instituciones del gobierno o privadas, así esas relaciones sean conflictivas. Esas relaciones las asumimos nosotros, y no aceptamos sugerencias ni presiones por las posiciones que tomemos.
Otra vez les decimos a los actores armados legales e ilegales que salgan de nuestros territorios, que no los conviertan en campos de guerra, que no hagan presencia en ellos.
Los Embera katíos del Alto Sinú tenemos gobierno propio, el cual hemos venido fortaleciendo con mucha dificultad por la presencia de intereses externos en nuestros territorios y comunidades, que nos han traído problemas internos que vamos a resolver nosotros mismos. Exigimos esos grupos que no intervengan en nuestros asuntos.
El fortalecimiento del gobierno y la organización, el control del territorio y de los recursos naturales, la formación de los líderes, la toma de decisiones sobre la situación de orden público, son de exclusiva competencia del gobierno indígena. Exigimos a las instituciones privadas o estatales que no intervengan en esos procesos sino en lo que les pidamos.
La actual situación de zozobra y coerción por parte de todos los actores armados nos lleva a exigir:
- La atención inmediata del Alto Comisionado para la paz a esta situación que hemos venido denunciando sin que hasta el momento se nos preste la más mínima atención. Queremos que el gobierno nacional, el presidente Uribe y el Alto Comisionado para la paz se reuna de manera urgente y exclusiva con nuestro pueblo para darle una rápida y profunda explicación de estos hechos a nuestro pueblo.
- La presencia inmediata de la Comisión Mixta en nuestro territorio.
- El cese de las presiones y la prohibición de subir nuestras remesas por parte de las AUC en Puerto Frasquillo puesto que además de constituirse en un entorpecimiento a nuestra labores propias, agravan la situación de déficit alimentario que vienen padeciendo nuestras comunidades a raíz de la construcción de Urrá I.
- El cese inmediato de señalamientos y presiones por parte del Ejercito Nacional acantonado en Puerto Frasquillo.
- La no militarización de nuestro territorio.
- El pronunciamiento y la intervención de Sergio Caramagna, como delegado de la OEA, con respecto a las presiones que venimos recibiendo por parte de las AUC.
- A las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, a nuestros hermanos indígenas, a los movimientos sociales y populares les hacemos un fraternal llamado para que se solidaricen con nuestra situación y exijan al gobierno nacional la garantía sobre nuestra vida, nuestra dignidad y nuestra autonomía.
