Una serie de atropellos relacionados con abusos de autoridad, intimidaciones y amenazas contra población afrocolombiana y personal médico o sanitario de la región del río Naya, departamentos del Valle y el Cauca por parte de la Armada Nacional, comandos de paramilitares de las AUC y guerrilleros de las FARC, fueron denunciados esta semana por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización presente en la zona.
Esta serie de denuncias se remontan al 20 de febrero de 2004, cuando unidades de la Armada Nacional hicieron presencia en Puerto Merizalde interrogando a la población sobre la ubicación del comandante del XXX frente de las FARC.
En este operativo, continua la denuncia, los militares abordaron al personal médico y sanitario del Hospital local preguntando sobre la posible atención a guerrilleros heridos: "Usted es un auxiliador de la guerrilla... muéstrenos el historial médico, vamos a revisar los nombres de los pacientes... dónde está el archivo del Hospital...".
Luego de más de un mes de intensa tensión, el dos (2) de abril un grupo de paramilitares desembarcaron en el puerto de Buenaventura, se dirigieron al barrio la Playita donde retuvieron al afrocolombiano, Censión Angulo, y se lo llevaron a lugar desconocido por más de 15 horas.
"Los "civiles" armados acusaron a CENSION de traficar con droga y le exigieron el pago de una vacuna: "necesitamos que pagues impuesto, que nos des nuestra parte o ya sabes a qué a tenerte...". El afrodescendiente negó las acusaciones en su contra y por tanto no aceptó pagar ninguna cuota".
El 12 de abril a eso de las 9:00 p.m., en los alrededores del perímetro urbano de Puerto Merizalde, un grupo de guerrilleros de las FARC EP, hicieron presencia, retuvieron a unos pobladores por unos minutos, a quiénes manifestaron: "que solo hasta las 10:30 de la noche era posible que los jóvenes estuvieran en las calles pues se iba a presentar una incursión paramilitar"
Las acusaciones a los pobladores afrocolombianos de la región llegaron de todos los flancos, situación que ha generado incertidumbre, miedo y una generalizada impotencia ante el abandono del Estado.
En el mes de mayo la situación continua igual, las denuncias siguen llegando. El último hecho denunciado de violencia sucedió el martes 4 de mayo, cuando un grupo de paramilitares se dirigieron a un poblador afrodescendiente en el barrio La Playita, preguntando por el bote del consejo comunitario del Bajo Naya, advirtiéndole: "dígale a esa gente del Bajo Naya que no estén andando en la lancha del Consejo Comunitario, nosotros no respondemos por lo que pueda pasar... en esa embarcación lo que se mueven son guerrilleros... a penas salga ese bote nosotros lo quitamos, les quitamos también el motor y no respondemos por lo que pase con los que ahí viajen, ya están avisados"
La organización humanitaria denunció vehementemente estos actos de violencia contra pobladores afrocolombianos de la región del Naya, y alertó sobre la constante presencia de escuadrones urbanos de paramilitares en los barrios y lugares de encuentro de la comunidad, situación que genera una alta inseguridad y que no parece ser desconocida por la Fuerza Pública, que en muchas ocasiones es permisiva y cómplice.
