Dos meses después de perpetrada la masacre de 12 indígenas en Bahía Portete, las familias del pueblo Wayuú, afectadas y desplazadas por la violencia desatada por las autodefensas en el Resguardo de la Alta y Media Guajira volvieron a manifestar su preocupación por los escasos esfuerzos por parte del Estado para atender la crisis humanitaria.
“Expresamos nuestra más profunda preocupación por la indiferencia que el Gobierno Nacional ha evidenciado hacia la situación de flagrante violación a los derechos humanos, que grupos paramilitares de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han venido sistemáticamente cometiendo contra las comunidades del pueblo Wayuú de la Alta y Media Guajira”.
Las comunidades Wayuú también se quejan de la manera como algunos estamentos gubernamentales y medios de comunicación se empeñan en presentar el conflicto en la Alta Guajira como un problema local y referido a vendetas entre bandas de contrabandistas o narcotraficantes o conflictos entre los distintos clanes.
“Queremos llamar la atención sobre las relaciones estrechas existentes entre la pretensión del control y dominio territoriales por parte de los grupos paramilitares sobre el resguardo de la Alta y Media Guajira y los megaproyectos de desarrollo que se están implementando o se piensan ejecutar en la región, sobre todo los referentes a exploraciones petroleras sobre el litoral Caribe, la construcción de gasoductos, la ampliación de Puerto Bolívar, el Parque Eólico "Jepírrachi" y diversos proyectos etnoturísticos para el Cabo de la Vela y su entorno. De otro lado, la pretensión de dominio territorial de grupos paramilitares sobre significativas áreas fronterizas con Venezuela, hacen parte de una estrategia planificada para tender un cerco de control paramilitar a lo largo de esta frontera y ejercer presión sobre el proceso democrático que tiene Venezuela”.
Ante ese panorama, las familias Wayuú exigen al Gobierno Nacional que se condicione el inicio de los diálogos con las AUC en la "Zona de Ubicación" a partir del cese inmediato de los secuestros, asesinatos selectivos, masacres, hostigamientos, persecuciones y robos contra el pueblo Wayuú.
“De no haber un cese inmediato, y con verificación internacional, de las acciones paramilitares contra el pueblo Wayuú de la Alta y Media Guajira, el proceso de diálogo que actualmente se está desarrollando con estos grupos al margen de la ley, sin duda alguna perderá la poca credibilidad que tiene ante la opinión pública nacional e internacional y el papel del delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Colombia, Sergio Caramagna, será muy cuestionable”.
De igual forma, hacen un llamado al Sistema de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional para que se establezca en el resguardo de la Alta y Media Guajira una misión humanitaria de carácter permanente que sirva de blindaje a las comunidades del pueblo Wayuú.
Otros planteamientos expresados por las familias Wayuú son:
· Ante el poco o ningún eco que en el Gobierno Nacional han tenido nuestras voces de denuncia, diversas organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales han brindado su apoyo y acompañamiento a nuestro pueblo en estos momentos de tragedia y dolor. Nos alarma que con las recientes declaraciones del Señor Presidente de la República contra muchas de estas organizaciones de derechos humanos, nuestro pueblo acreciente su vulnerabilidad, otorgándole carta blanca a los grupos paramilitares para continuar con su política de exterminio y tierra arrasada.
· Exigimos al Gobierno Nacional que adelante prontamente las investigaciones que se requieran con el fin de identificar y capturar a los actores materiales e intelectuales de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad que en los últimos dos años los grupos paramilitares han cometido contra las comunidades del pueblo Wayuú de la Alta y Media Guajira.
El próximo martes 29, a las once de la mañana, en la oficina de prensa del Senado de la República, los senadores indígenas Gerardo Jumí Tapias y Francisco Rojas Birry presentarán la carta que más de 150 personas y organizaciones suscribieron frente al caso de los Wayuú en la Alta Guajira y que está dirigida al Presidente Álvaro Uribe Vélez.
Los congresistas, además, socializarán la situación humanitaria del genocidio del pueblo Wiwa, con cifras tan espeluznantes como el asesinado de 50 de sus miembros en menos de dos años.
