Hasta el jueves 15 de julio el gobierno colombiano tuvo plazo para informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) los mecanismos implementados para proteger y garantizar la defensa de la vida del pueblo kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Según resolución emitida el pasado 5 de julio, el alto tribunal es claro en señalar que el gobierno colombiano debe adoptar: "sin dilación, las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los miembros de las comunidades que integran el pueblo indígena kankuamo".
Para Jaime Arias, dirigente de la Organización Kankuamo: “una vez más se ratifica el respaldo de la comunidad internacional para que el gobierno nacional responda y haga efectiva su obligación de defender la vida de los pueblos indígenas de la Sierra”.
De igual forma, Árias destacó de la resolución tres puntos importantes: primero, la obligación del gobierno nacional para garantizar la vida de las comunidades kankuamas; segundo, se insta al gobierno a que garantice el pronto retorno de la población desplazada a su región de origen; finalmente, la Corte comnmina al Estado para que presente resultados concretos en las investigaciones para judicializar a los responsables del etnocidio cometido contra este pueblo que se asienta en la parte suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Configuración de un etnocidio
Lo que viene ocurriendo con el pueblo Kankuamo es dramático. De acuerdo con la base de datos de derechos humanos de la Fundación Hemera, en el año 2003 se registraron 54 asesinatos de sus miembros, perpetrados en un 90 por ciento por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Tal situación condujo a que el 24 de septiembre del año anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera una resolución solicitándole al gobierno adoptar Medida Cautelares para proteger a la etnia.
"No obstante, estas medidas fueron y siguen siendo irrespetadas por los grupos armados que operan en la zona, porque desde esa fecha para acá han sido asesinados poco más de 15 indígenas”, sostiene la Organización Indígena Kankuama (OIK), quien señala que las solicitudes, alertas, informes y cartas dirigidas al gobierno nacional solicitándole su pronta intervención para detener el etnocidio no han tenido hasta la fecha una respuesta eficaz.
Así lo confirma la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Colectivo de Abogados José Alvear en carta dirigidas al Presidente Álvaro Uribe Vélez en donde afirman que: “El Estado colombiano es responsable por acción y por omisión. Ninguna explicación resiste la trágica lógica de los acontecimientos, pues los hechos hablan por sí solos. ¿Cómo puede explicarse que a cinco minutos de la base militar “La Popa” funcione un retén paramilitar?, ¿cómo se explica que los victimarios de los kankuamo se paseen libremente por la ciudad de Valledupar?, ¿cómo puede explicarse que después de la Resolución Defensorial No. 024 del 18 de septiembre de 2002, que quiso frenar y evitar la cadena de asesinatos de sus miembros y autoridades, a la fecha hayan tenido ocurrencia otros 82 (asesinatos)?, ¿cómo explicar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya tenido que intervenir, otorgando medidas cautelares a favor del pueblo kankuamo el pasado 24 de septiembre de 2003 y como respuesta hayan sido asesinados otros 8 miembros de esa comunidad?, ¿cómo explicar que después de un “Consejo de Seguridad” presidido por la entonces Ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, como respuesta se cometan más asesinatos? Mientras comunidades enteras como las de Murillo y Río Seco desaparecen, la impunidad se entroniza en favor de los perpetradores de estos aberrantes delitos que constituyen crímenes contra la humanidad" .
Jaime Arias puntualizó que espera que la resolución de la Corte Interamericana genere resultados y acciones ejemplares por parte del gobierno, porque de lo contrario "los colombianos asistirán al inminente exterminio de uno de los cuatro pueblos protectores de la Sierra Nevada”.
