La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció atropellos contra varias familias afrodescendientes pertenecientes al Consejo Comunitario del Jiguamiandó y Curvaradó por parte de las Autodefensas.
De acuerdo con la denuncia, el cuatro de septiembre varios hombres vestidos de civil y armados con fusiles dispararon en “varias ocasiones contra tres miembros de los Consejos Comunitarios”, quienes se hallaban aserrando en un sitio ubicado a diez minutos de la zona Humanitaria de Nueva Esperanza. Los disparos se produjeron “desde la margen derecha aguas abajo del río Jiguamiandó”.
Aunque los disparos no provocaron hechos que lamentar, para la Comisión Intereclesial lo más grave es que el ataque se presenta tres días después que el Gobierno Nacional suspendió la Comisión de Verificación de la siembra de palma aceitera al interior del territorio colectivo, un proceso que se viene registrando sin ningún tipo de control gubernamental y presionado por las autodefensas.
Lo anterior motivó que varias de las organizaciones nacionales e internacionales que estaban invitadas a participar en la Comisión le enviaran una carta al Vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, donde le manifiestan su incorformismo por la falta de voluntad política para adelantar una actividad que ha sido cancelada en cuatro oportunidades.
"En el día de ayer, a las 3:50 p.m., cuando los delegados de las comunidades y de los sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional que fueron citados nos encontrábamos en el lugar acordado, ante la demora en el inicio de las actividades previstas, nos comunicamos con la coordinación de comunidades negras del INCODER. Solamente en ese momento supimos que la Comisión de Verificación había sido cancelada. Un representante del INCODER argumentó que la decisión fue tomada desde la Dirección del INCODER, en horas de la noche del día 31 de agosto. Al preguntar insistentemente por las razones de la cancelación y los perjuicios causados a las comunidades y a las organizaciones convocadas, sólo se expresó que era por razones de fuerza mayor. Nunca se precisó de qué tipo de razones se trataba", sostiene la misiva.
Por su parte, las comunidades de los Consejos Comunitarios solicitaron: “el cumplimiento de las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos y el cumplimiento de los principios rectores Deng; dar a conocer a las comunidades las razones por las que se canceló la comisión verificadora de palma aceitera; realizar la comisión de verificación en acuerdo de criterios con las comunidades; dar respuesta integral a las medidas provisionales resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
