En la declaración de la primera Mesa Indígena por la Paz, celebrada en el año de 2002, nuestros pueblos plasmaron de manera clara su concepción de que estos procesos de identidad dinámica y continua de convivencia de los seres humanos con la naturaleza, nacen a partir del reconocimiento real – no formal – de que nuestra existencia y pervivencia requiere de la protección de nuestro derecho a la vida, al territorio donde se fortalece el desarrollo de nuestras actividades con justicia social, libertad, dignidad y respeto; propósitos que desde hace más de quinientos años, orientan nuestra persistencia en nuestra lucha por la vida, la unidad, la defensa del territorio, la cultura y el ejercicio de nuestra autonomía.
A pesar de nuestras múltiples acciones por la defensa de nuestros derechos y protección de nuestras comunidades -declaraciones, peticiones, reclamos, sublevaciones, movilizaciones, negociaciones, acuerdos parciales o coyunturales, acciones de resistencia, propuestas al gobierno y aun a los actores armados y no armados, acciones ante los organismos internacionales-, las violaciones contra nuestros pueblos se han incrementado adoptando formas cada vez mas brutales con propósito de extinguir por el uso de la fuerza y la violencia cualquier manifestación de nuestra vida y nuestra cultura.
Esta penosa situación que apenas hace 15 años, en medio de los hechos conmemoratorios de los 500 años merecía algún tipo de atención de los gobernantes, hoy –a pesar de la profusa legislación nacional e internacional a nuestro favor-, no ha merecido más consideración que la otorgada a otros sectores sociales igualmente sometidos a la agonía de la desesperanza y el abandono, agravada además por la indiferencia y la tolerancia del Gobierno con los responsables de la agudización de la crisis social y de los hechos de alteración de la seguridad y del orden público, y que día a día nos infligen impunemente muerte, desolación, desplazamiento, aculturación, señalamientos ilegales, ocupación y perdida del territorio, sometimiento y desconocimiento de nuestras principios de vida y de autoridad. Al gobierno no le alarma la gravedad de los hechos y asume una actitud sorda y muda para adoptar correctivos que propendan por “la cesación de la horrible noche”.
Por eso no nos ilusiona la posibilidad de que nuestras demandas –menos aun nuestros derechos-,sean incorporados en las negociaciones de paz que actualmente se adelantan. Pero sin desconocer que esta es una instancia importante, en donde el deber ser obligaría a incluir en la temática, como condición inapelable, la cesación de los actos de violencia en contra de nuestra existencia, la historia reciente nos ha demostrado que cada vez que las instancias de poder asumen estrategias para “avanzar y lograr” la paz con los grupos alzados en armas contra el gobierno o con un aliado suyo el iniciado ahora con un grupo nacido del narcotráfico y de su estrategia contrainsurgente, el tema del respeto por los derechos humanos y el acatamiento de las normas del derecho internacional humanitario, se adopta solo como punto de partida o condición sine quanon para iniciarlas, como elemento esencial de negociación o como parte integral del acuerdo final. Estrategia equivoca que ha sido utilizada más para presionar acuerdos de tipo jurídico, militar y político que para lograr el cese de las violaciones y la debida protección de la población no combatiente y que en ninguna de ellas, el tema indígena ha tenido consideración relevante.
Por ello, proponemos antes de adoptar una decisión al respecto, presionados por la necesidad de parar el exterminio, analizar las siguientes características de los acuerdos del proceso de desmovilización con los grupos paramilitares o de autodefensas:
1. Se trata de un proceso absolutamente distinto a cualquier otro, porque entre el Estado y los grupos paramilitares o de autodefensa no ha existido una guerra, luego mal se podría hablar de una negociación de paz.
2. La posible negociación no podrá estar enmarcada en una agenda genérica sino aplicable a regiones delimitadas, es decir en donde tienen poder y fuerza los grupos paramilitares o de autodefensa. Tampoco puede ser una agenda de discusión bilateral porque los temas a tratar, en especial el de seguridad no son solamente los temas de armas y desmonte de los narconegocios sino de reconstrucción del tejido social institucional, y esto sólo es posible con la participación de las fuerzas sociales y políticas que habitan en esas regiones, y desde luego, dentro de un marco admisible para el Gobierno Nacional y en una dinámica modernizante y de justicia y satisfacción para los habitantes. Esto significa que habrá múltiples mesas en cada región y que estas mesas deberán ser multilaterales, no bilaterales.
3. Los paramilitares, acusados de cientos de masacres, actos de barbarie, desapariciones, amenazas y desplazamientos forzados, han advertido que no están dispuestos a pagar un sólo día de cárcel ni a ser extraditados a Estados Unidos, país que reclama a varios jefes de las AUC, para juzgarlos por narcotráfico. Este último elemento parece ser el verdadero condicionante del pretendido proceso de paz.
4. El plazo fijado para lograr un acuerdo de desmovilización es de 6 meses, tiempo apenas suficiente para otorgar al ‘estado mayor negociador’ de las autodefensas, las inmunidades jurídicas, requeridas para evitar ser extraditados y no para avanzar en la definición de la situación jurídica de los crímenes cometidos por los paramilitares entre los cuales se encuentran los actos de violencia cometidos en contra de los pueblos indígenas.
5. Sobre este aspecto el Gobierno Nacional ha declarado públicamente que a pesar de que dentro de los actos de responsabilidad de los paramilitares o grupos de autodefensa hay delitos que "no pueden ser indultados ni amnistiados, y que por tal razón se requiere un mecanismo (la mencionada ley de alternatividad penal) que "establezca un balance adecuado entre los intereses de la justicia y los intereses de la paz"
6. La "verdad, la justicia y la reparación" de los delitos de que se responsabiliza a los paramilitares se tratarán como subtemas de la agenda y su debate se realizará "con mesura y desaprensión".
7. Es más importante para el gobierno abordar y resolver el problema de narcotráfico con los paramilitares, más no el de la cesación de violaciones a los derechos humanos, su inclusión en la agenda y la adopción de mecanismos de reparación, a pesar de que estén reconocidos por el Ministro del Interior cuando expresó que: ''Es doloroso; pero hay que aceptar que todos ellos cometieron delitos incluyendo el narcotráfico. Si no lo aceptáramos, tendríamos que cerrar la mesa de negociación''.
8. Mientras el Ejecutivo plantea un fortalecimiento de la gobernabilidad y el restablecimiento del monopolio de las armas en poder del Estado, los paramilitares sugieren la aplicación del modelo de seguridad democrática del Gobierno de Uribe en sus zonas de influencia.
9. Se requiere como condición necesaria: que las partes estén convencidas de que la victoria no es posible. Mientras una de ellas, o ambas, crean que pueden imponer sus condiciones al contrario, la negociación no es de buena fe.
Las propuestas para avanzar en la protección de los derechos de los pueblos indígenas:
En nuestro interés y perspectiva de aportar algunos elementos a la paz del país, que constituya un aporte a nuestros pueblos y comunidades, a los campesinos y a los negros, a todos los sectores sociales, proponemos al Gobierno Nacional observar de manera irrestricta como principios orientadores de una verdadera estrategia para lograr la seguridad, el respeto por la vida, por la justicia y el desarrollo en condiciones de dignidad, los siguientes elementos:
1. Incorporar en la agenda de trabajo -aunque el Gobierno Nacional aún lo considere inviable-, el esclarecimiento, reconocimiento y difusión de la verdad de los hechos violatorios de nuestra identidad vital, cultural, económica, social y política, los cuales constituyen elementos esenciales en cualquier proceso que realmente quiera alcanzar la paz y la reconciliación. Para ello, es necesario que el Gobierno Nacional acepte el requerimiento de diferentes estamentos nacionales e internacionales que como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le han conminado a aceptar la creación de una comisión extrajudicial que de acuerdo con los principios internacionales sobre la materia, en condiciones de independencia e imparcialidad, esclarezca los factores políticos, sociales y económicos que contribuyeron al conflicto armado interno y a la crisis de derechos humanos, la identidad de los responsables y de las víctimas.
2. Es perentorio que el Gobierno Nacional admita e incluya en las medidas reorientadoras del proceso de negociación con los grupos paramilitares y con cualquier otro grupo armado responsable de las violaciones a nuestros derechos, los principios y las medidas reales que hagan posible la verdad, justicia y la reparación. La paz pactada a cualquier precio es una paz precaria que da lugar al inicio de nuevos ciclos de violencia, en especial cuando estos tres derechos han sido ignorados o soslayados en un proceso de paz..
3. En el propósito de vencer el olvido, romper el silencio, todo proceso de negociación entre el Estado colombiano y grupos armados al margen de la ley deberá excluir los factores de impunidad, y garantizar a las víctimas el empleo de instrumentos procesales efectivos para lograr el juzgamiento de los criminales, para ello, a la hora de establecer normativamente el tratamiento penal de esos crímenes, el legislador deberá recordar que, en materia de administración de justicia, es una obligación primordial del Estado contrarrestar e impedir la impunidad.
4. La reparación de los daños infringidos a las víctimas, como elemento de cierre del proceso, entonces debe ser asumido tanto por el Gobierno Nacional como por los jefes de los grupos responsables de éstos. Para ello es exigible, que uno y otros asuman con franqueza y honestidad los crímenes que han cometido y la incapacidad para evitarlos. Ninguna de las partes puede descargar la responsabilidad en la tropa o en las víctimas o declararlos hechos aislados de la actividad armada y por lo tanto no sujetos a la negociación.
5. Los proceso de paz deben ser integrales, no puede limitarse al desmantelamiento de las fuerzas ilegales sino la reconstrucción de las regiones paramilitarizadas o sometidas al control de los grupos guerrilleros.
6. La negociación debe ser una concertación con las fuerzas de esas regiones y la población. Tienen que ser procesos hacia la plena vigencia de la democracia y del Estado social de Derecho. Por ello, serán tan importantes los espacios de concertación para la construcción de un nuevo orden social, político y económico en esas zonas; y el Gobierno Nacional deberá tener una gran iniciativa política porque el nuevo ordenamiento no se le puede entregar ni a los grupos paramilitares ni a los gobernadores y alcaldes de esas regiones, los cuales se encuentran atrapados por lo general en esas lógicas de violencia, corrupción y terror típicas de las zonas dominadas por los paramilitares.
Como medidas colaterales a observar y cumplir, exigimos:
1. Que se reubiquen las bases militares oficiales y de comandos del Ejército instaladas en territorios indígenas, que atrae a los otros actores armados hacia los mismos. Como casos concretos de esta situación tenemos los de las bases militares de: Resguardo de Barrancón en el Guaviare y en Cumaribo Vichada, en todo el centro del territorio Sikuani; y la base que se proyecta hacer en Cubará, dentro del territorio de los Uwa
2. Que se cumpla el mandato supralegal de la consulta previa con los pueblos indígenas, para que podamos participar en las decisiones legislativas y ejecutivas que afectan nuestros territorios, como en el caso de la implementación de megaproyectos en nuestros territorios y que atraen la presencia de grupos armados que ejercen presión sobre nuestras comunidades a través de la muerte, las amenazas, los desplazamientos forzados, la desintegración de las culturas y la expropiación vía ilegal de nuestras tierras. Es la historia del megaproyecto hidroeléctrico Urrá, del canal interoceánico del Pacífico, las explotaciones mineras y madereras, las explotaciones petroleras que acabaron con el pueblo y territorio Kofán y que amenazan a los demás pueblos del Putumayo, la autorización para la explotación en el Bloque San Juan; la privatización de servicios públicos y la expedición de normas inconsultas como el decreto 1320 de 1998, diseñado para evitar que seamos nosotros los que decidamos sobre nuestros territorios
3. Que no se permita, ni siquiera por la expresión voluntaria, la participación de nuestros compañeros y compañeras en la actividad militar. Ello trae consigo el señalamiento, la retaliación, la venganza, el reclutamiento forzado, la perdida de la identidad cultural y la casi imposible recuperación de los principios de pertenencia, formas de vida, creencias, autoridad y formas de justicia propia entre los indígenas combatientes
4. Que se respete y apoye la autonomía de nuestros territorios para definir nuestros propios planes de vida (desarrollo). Los pueblos indígenas debemos decidir sobre nuestra educación, la promoción de la salud en nuestras comunidades de acuerdo con nuestros valores; el fortalecimiento de nuestros conocimientos, identidades, cosmovisiones; el ejercicio de nuestras formas de gobierno, organización y justicia. No podemos aceptar que estos asuntos sean resueltos desde fuera y bajo las condiciones que nos imponen los actores armados y la dinámica nacional. Es fundamental para que cese la violencia sobre nuestros pueblos, que el gobierno considere estos aspectos y los incluya decididamente dentro de los planes nacionales; que los actores del conflicto armado entiendan y respeten nuestras dinámicas de autonomía.
Los compromisos de los pueblos Indígenas frente a los procesos de paz.
1. Nos comprometemos a asumir la paz como un proceso y no como un momento o una coyuntura, para avanzar de acuerdo a nuestras costumbres y en concertación con otros actores sociales y con los actores armados, el Estado, los gremios, en el respeto a la integridad física, cultural y la autonomía de los pueblos indígenas. También propiciar acuerdos con otros sectores de la población para ganar consensos que den salida a nuestras propuestas.
2. Nos comprometemos a mantener una dinámica de reflexión, análisis y elaboración de propuestas para responder a las exigencias y avances del proceso de paz, eso sí con claridad en los términos de la negociación y en los acuerdos a los cuales se llegue. Es decir, con quiénes y sobre qué aspectos se está negociando.
3. A ejercer nuestro derecho a la autonomía territorial de acuerdo a los principios históricos, constitucionales, derechos internacionales y normas en relación con la madre naturaleza.
4. A no permitir que los y las jóvenes indígenas ingresen a los grupos armados, cualquiera sea su denominación y origen y, a rescatar de la guerra a quienes por cualquier circunstancia se haya visto involucrado, orientado y apoyado, con el concurso del Gobierno Nacional, organizaciones internacionales y nacionales, verdaderos procesos de reintegración a nuestras culturas.
5. A persistir en nuestro derecho a ejercer el control territorial a través de nuestras autoridades indígenas, de acuerdo con las leyes de la naturaleza y las normas constitucionales y la comunidad. Ningún grupo armado podrá solucionar problemas dentro de la comunidad indígena. Cuando se sepa que un comunero solicita intervención de estos grupos, será juzgado e invalidado cualquier tipo de acuerdo o arreglo que se hiciere.
6. A colaborar con el Gobierno Nacional en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestras comunidades y reafirmar nuestra política interna para cultivos ilícitos y su erradicación mediante sistemas manuales o que no afecten la naturaleza ni la vida de los miembros de nuestras comunidades.
7. Apoyar todo esfuerzo hacia un proceso de paz que se desarrolle en el territorio nacional, y que ofrezca soluciones reales para la vigencia de nuestros derechos y la reparación de las violaciones ocasionadas a los mismos.
*Senador de la República.
