El Comité 2 de Mayo de Bellavista, organización que se formó tras la masacre de 119 personas en el municipio de Bojayá en mayo de 2001, convocan al Foro: etnocidio de Bojayá, que tendrá lugar el martes 16 de noviembre en la ciudad de Bogotá.

 El evento tendrá como objetivo esencial hacer un balance de las acciones adelantadas por el Estado para resarcir los impactos causados por la masacre que el dos mayo de 2001 cobró la vida de 119 afrodescendientes. 

 

De acuerdo con el Comité 2 de Mayo “es poco o nada lo que se puede mostrar en materia de cumplimiento de los mismos.  La indemnización a las víctimas y a los familiares de éstas no se ha dado; no ha habido una adecuada atención psicosocial; el ejército y la policía se encuentran acantonados en las cabeceras municipales de Bellavista y Vigía del Fuerte, mientras tanto continúa la presencia de los actores armados ilegales, el taponamiento del río Atrato y el confinamiento de las comunidades; las obras para la reubicación de Bellavista son lentas, ni siquiera se ha terminado el movimiento de tierras y en estos momentos se encuentran suspendidas en virtud a que el estudio de suelos estuvo mal hecho por Ingeominas y ahora resultó una falla geológica en el mismo y todos los compromisos adquiridos para la reconstrucción integral de la zona están siendo burlados”.

 

La masacre se produjo luego de los combates entre hombres del bloque Élmer Cárdenas de las AUC y el Frente José María Córdoba de las FARC EP, cuando, en medio del fuego cruzado, una pipeta a gas cayó sobre la iglesia en donde se refugiaba la población civil. 

 

El hecho provocó un éxodo masivo de más de 3 mil personas, quienes ratificaron las graves infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los actores armados, que, en su momento, iban desde amenazas a la población civil hasta el confinamiento de las comunidades.

 

En su momento se cuestionó al Estado colombiano en su responsabilidad por la omisión de múltiples alertas tempranas que organizaciones como La Defensoría del Pueblo, la Personería y la Diócesis de Quibdó lanzaron durante varios días, previendo lo que podría ocurrir. De igual forma, se cuestionó el hecho de que los 200 hombres de las AUC que arribaron al Medio Atrato semanas atrás, salieran de la población de Turbo (Antioquia) y recorrieran buena parte del río Atrato, sin que ninguno de los retenes militares apostados en la zona hicieran algo.

 

Lo anterior condujo a que ocho meses después de ocurrida la masacre, la Defensoría del Pueblo, a través de su delegado en el departamento del Chocó, Edison Alberto Booder, presentara una Acción de Grupo ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Chocó, demandando al Estado en nombre de las personas naturales que resultaron afectadas por el hecho.

 

Rueda de prensa

 

El martes 16 de noviembre los organizadores del foro ofrecerán una rueda de prensa a los medios de comunicación, para denunciar las múltiples violaciones a los derechos humanos que en la región del Medio Atrato se siguen cometiendo por todos los actores armados.

 

"Además de la situación de inseguridad, los representantes de la Comunidad manifestaremos nuestra preocupación ante los incumplimientos por parte del Estado frente a la anunciada reubicación de Bellavista (cabecera del municipio) por una supuesta falla geológica. La reconstrucción integral de la zona no se ha cumplido, no ha habido reparación alguna para las víctima y familiares, no se ha implementado una estrategia de atención psicosocial, y no hay atención alguna a las familias que aún permanecen desplazadas en Quibdó".

 

Mayor información y confirmaciones de asistencia: Carmen Lozano o Alfonso de Colsa, teléfonos: 245 42 16 (Bogotá)  310 – 321 30 46 (Celular). E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

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