Entre el 8 y el 17 de marzo del presente año se realizó la visita oficial a Colombia del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, el mexicano Rodolfo Stavenhagen. Recientemente se conoció el informe de su misión, con datos reveladores sobre lo que sucede en los pueblos indígenas.
El informe parte de reconocer la brecha que existe entre los enunciados constitucionales que reconocen ampliamente los derechos de los pueblos indígenas, y la real aplicación de las normas. Da cuenta de los devastadores efectos que en los pueblos indígenas ocasiona el conflicto interno, lo que se refleja en asesinatos y torturas, desplazamientos masivos, desapariciones forzadas, reclutamiento de niños y jóvenes a los grupos armados ilegales, violaciones de mujeres y ocupación de sus territorios por parte de grupos guerrilleros y paramilitares. Se denuncia igualmente la militarización de algunas comunidades indígenas.
De manera particular el Relator Especial expresa su preocupación por comunidades pequeñas que se encuentran al borde de la extinción por los asesinatos de sus dirigentes, masacres, amenazas y desplazamientos. Hace un llamamiento para que se reactive el proceso de paz, se respeten las normas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, cuya situación considera como grave, crítica y profundamente preocupante. “Particularmente preocupantes son las amenazas de extinción de varias comunidades en Colombia. Se señala que al menos doce pequeños pueblos indígenas en el Amazonas están a punto de extinguirse por efecto de estos diversos procesos (conflicto armado, cultivos ilícitos, destrucción del medio ambiente, megaproyectos económicos) y sus secuelas en las condiciones de subsistencia de la población (desplazamientos forzados, asesinatos selectivos de líderes, destrucción de la economía de subsistencia, deterioro de la salud, desintegración del tejido social de la comunidad y de la identidad cultural propia). El 40% de los pueblos indígenas amazónicos estarían en niveles de riesgo alto y muy alto”.
El informe de la visita de Stavehagen -por invitación del gobierno colombiano- contiene un análisis del marco legal de los derechos de los pueblos indígenas, el estado del conflicto armado en sus territorios, del impacto ambiental y cultural de los cultivos ilícitos y los efectos de las fumigaciones en las regiones que habitan los pueblos indígenas. Frente a estos y otros hechos, hace una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional, a los actores armados, a los pueblos indígenas y a la comunidad internacional. De ellas resaltamos las siguientes:
· El Estado y los grupos armados tienen la obligación de cumplir en todo momento con el derecho internacional humanitario y respetar los derechos humanos. Se sugiere el establecimiento de una comisión amplia independiente para vigilar su plena aplicación.
· Debe atenderse prioritariamente la demanda de los pueblos indígenas de que todos los actores armados respeten sus zonas neutrales y desmilitarizadas. Es urgente crear zonas de paz indígenas libres de cualquier operación militar, bajo supervisión internacional.
· La población indígena desplazada, en particular las mujeres y los niños, debe recibir atención prioritaria por parte del Estado y de los organismos internacionales. Especial atención deberán recibir las mujeres y en particular las madres de familia.
· Deberá ser retirado todo proyecto de ley y de reforma constitucional u otra iniciativa que incorpore en la legislación normas contrarias a los derechos de los pueblos indígenas o que atenten contra la diversidad.
· El Relator Especial recomienda que se establezca un mecanismo eficaz para la protección y promoción de los derechos de la mujer indígena en el país dirigido a la prevención de posibles violaciones de sus derechos fundamentales y a potenciar su activa participación en decisiones que afectan sus vidas y su desarrollo activo dentro de las comunidades.
· Los indígenas deberán continuar excluidos del proyecto de ley sobre servicio militar obligatorio. El Congreso Nacional no deberá aprobar ley alguna que limite y restrinja la autonomía y las libertades de las organizaciones no gubernamentales, sociales y de derechos humanos.
· Los grupos armados deben abstenerse de reclutar menores de edad, y los ya reclutados deben ser reintegrados inmediatamente a sus familias, recibiendo atención adecuada de las instituciones especializadas del Estado.
· Movilizar la ayuda internacional para la elaboración de un programa de emergencia.
ALDHU rechaza los nuevos crímenes cometidos contra autoridades y líderes indígenas en Colombia. Llama a todos los grupos armados a acoger las recomendaciones del Relator Especial a que respeten y mantengan los territorios indígenas neutrales y desmilitarizados y que se establezcan zonas de paz indígenas libres de toda operación militar, bajo supervisión internacional.
