La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno nacional “para que adopte las medidas necesarias tendentes a garantizar los derechos fundamentales colectivos e integrales de los pueblos indígenas, afectados por la violencia y la desprotección".
Esta crítica realidad fue dada ha conocer durante la Audiencia Defensorial: Proyecto de acompañamiento para fortalecer la autonomía y el ejercicio de los derechos humanos, colectivos e integrales de la población indígena de los Departamentos de Arauca, Casanare, Caquetá, Tolima y Putumayo, que contó con el apoyo del fondo de seguridad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Canadá, y la presencia de delegados indígenas de cinco departamentos del sur país.
La Audiencia presentó los resultados del desarrollo de las visitas (cuatro por zona) implementadas en el proyecto, para dar a conocer la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan en esos departamentos.
El Embajador del Canadá en Colombia, Jean Marc Duval, aseguró que el apoyo de su gobierno a este proyecto esta representado en una ayuda económica de 100 mil dólares canadienses, destinados a fortalecer la seguridad contra la violencia. “De esta forma, nuestro gobierno ha identificado cinco áreas importantes que estamos trabajando en el hemisferio, estas son: 1) Protección a la población civil; 2) Apoyar la paz; 3) Prevención del Conflicto Armado; 4) Rendimiento de Cuentas y; 5) Seguridad Social”.
Durante el desarrollo de este proyecto se logró establecer que la desatención por parte de los entes departamentales y municipales hacia los pueblos indígenas, así como las dificultades geográficas para acceder a sus territorios y el impacto del conflicto armado, que se expresa en los bloqueos al transporte de alimentos y medicinas, los hostigamientos a las unidades médicas, las restricciones a la movilidad de las personas, los empadronamientos, los confinamientos, los desplazamientos forzados, las amenazas y ataques discriminados así como los efectos de las fumigaciones han generado problemas de seguridad alimentaria, desnutrición, analfabetismo, enfermedades endémicas y carencia de servicios públicos fundamentales para las poblaciones indígenas, destacó el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez.
Por su parte el Defensor Delegado para Minorías Étnicas, Gabriel Muyuy destacó que hace falta una política urgente que permita el saneamiento de resguardos en los cinco departamentos, puesto que hay muchos territorios aun sin el reconocimiento legal. Es necesario además que las entidades públicas no sean racistas con estos pueblos, porque estamos ante la presencia de comunidades milenarias al borde de la extinción, sin que nadie se preocupe por evitar este tipo de catástrofe. Así mismo, es necesario que se les garanticen sus derechos reconocidos en la Constitución Política para que sean respetados sus derechos a la autonomía, el territorio, la autodeterminación, gobierno propio y cultura tradicional, además de la seguridad y su no involucramiento en el conflicto armado”.
De igual forma agregó que es necesario enfatizar en el tema de la etnoeducación: “puesto que nuestros niños y jóvenes ya no hablan la lengua propia, no conocen sus tradiciones y poco a poco se perderá, de esta forma, toda una cultura tradicional preservada por miles de años”.
Este proyecto analizo y recogió datos de 23 pueblos de esta región del sur del país como lo son: Inga, Kamentza, Cofán, Awa, Murui-Muinane, Guahibo, Pijao, Coyaima, Hitnu, Uwa, Saliba, Kichwa, Cuiba, Sicuani, Siona, Pasto, Koreguaje, Embera, Amorua, Nasa, Huitoto, Tucano, Piratapuyo, con una población aproximada de 70000 personas.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informó la semana pasada que durante este año han sido asesinados 105 indígenas y desplazados un promedio de 3.500 nativos como consecuencia del conflicto armado.
