Una serie de recomendaciones, que van desde la adecuación de la atención humanitaria de emergencia a los indígenas Wayuú, así como agilizar y complementar el censo y la inscripción en el Sistema Único de Registro de la población nativa desplazada de la Alta Guajira, fueron dictaminadas en un informe que la Defensoría del Pueblo presentó después de la visita de una misión humanitaria realizada entre el 22 y 24 de mayo.
Otra de las recomendaciones va dirigida a las autoridades municipales de Uribia y Maicao, a la Gobernación de la Guajira y a la Red de Seguridad Social como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD), en el sentido de garantizar, a través de brigadas de salud, la atención medica permanente -de manera prioritaria y sin ningún tipo de cobro monetario- en los asentamientos en donde se encuentran los indígenas desplazados de la Alta Guajira.
De igual forma, se instó a la Fiscalia y a la Procuraduría agilizar las investigaciones de carácter penal y disciplinario sobre los hechos ocurridos el pasado 18 de abril, "teniendo en cuenta el valor cultural y religioso que para los indígenas wayúu significan sus muertos".
De otro lado, se le exigió a las Fuerzas Militares en la Alta Guajira, fortalecer su presencia, con el objeto de garantizar el control del orden público y proteger a la población civil, y exigir a los grupos armados ilegales, en particular, a las autodefensas que operan en esta región, acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario, respetar el derecho a la neutralidad del pueblo wayúu y su territorio tradicional y cumplir de manera estricta con el cese de hostilidades.
Al Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH y a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, la Defensoría los insta a explorar conjuntamente con las autoridades indígenas wayúu alternativas para la solución del conflicto entre los clanes wayúu de la Alta Guajira y adoptar las medidas necesarias que garanticen la protección individual y colectiva de las personas y familias wayúu en riesgo.
Priorizar alternativas para indígenas desplazados
La Defensoría del Pueblo solicita a las autoridades de los municipios de Uribia y Maicao, con el apoyo de la Gobernación de la Guajira y de la Red de Solidaridad Social, la adecuación, de manera inmediata, de los lugares de asentamiento temporal de la población wayúu desplazada para que se garantice en estos lugares el suministro permanente de agua potable, el manejo de los residuos sólidos y excretas, el alojamiento según los usos y costumbres, el combustible necesario para la preparación de alimentos y la seguridad.
Igualmente, concertar con las familias desplazadas el mecanismo que mejor se adapte a sus usos y costumbres para que los niños y las niñas se reincorporen al sistema educativo. En este sentido, se deberán priorizar las alternativas que incluyan la vinculación de los docentes wayúu que se encuentran entre la población desplazada.
A la Red de Solidaridad Social, asesorar permanentemente a los Comités Municipales de Atención a la Población Desplazada de Uribia y Maicao, así como al Comité Departamental, en la formulación, ejecución y seguimiento de los planes de contingencia y atención a la población wayúu desplazada de la Alta Guajira.
Y al Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada de Uribia, para que con el apoyo del Comité Departamental, incluya en los planes de contingencia y de atención integral a las comunidades wayúu que no se desplazaron y que permanecen en la zona de Bahía Portete, y definir un cronograma de visitas periódicas a la zona con el fin de fortalecer la presencia y acción del Estado.
En la Comisión participaron la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Comisión de Conciliación Nacional, un representante de Codhes, de la agencia de cooperación MSD, de la Fundación Hemera, tres delegados de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), el Cónsul de Colombia en Maracaibo, la Coordinadora de Atención a Desplazados y el Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Étnicas, el Defensor Seccional Guajira, un analista del SAT, un representante de la Gobernación de la Guajira, la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Guajira, el Personero Municipal y el Secretario de Asuntos Indígenas de Maicao y el Personero Municipal de Uribia.
