Del 14 al 16 de julio próximo, se realizará en la sede del Instituto Nacional de Estudios Sociales (INES), Bogotá, la Segunda Mesa Nacional de Paz y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, convocada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), ante la necesidad de buscar alianzas y aunar esfuerzos y voluntades que permitan detener del exterminio de los pueblos aborígenes.
La convocatoria está dirigida a organizaciones políticas, sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afrocolombianos, mujeres, jóvenes, ambientalistas y demás, para que planteen sus iniciativas de paz, sean regionales o locales, con el objeto de rechazar la guerra y la militarización, y construir una paz basada en la democracia y la justicia social. “En las ultimas tres décadas de lucha permanente a que se dedicaron los lideres de la época hasta los años 90, los logros conquistados son indiscutibles y supremamente importantes en el pais. Desafortunadamente en los últimos 10 años estas conquistas se han ido esfumando a causa de las políticas neoliberales que solo benefician los intereses económicos de unas minorías y que empobrecen a las mayorías del planeta. A este embate de la globalización, los pueblos indígenas no nos escapamos. Es así que el ALCA y el TLC que ya inicio sus negociaciones y el ALCA que se firma en enero del 2.005 van a afectar gravemente nuestros intereses y nuestra pervivencia”, manifestaron altos directivos de la ONIC. De igual forma, agregaron que en relación con los Derechos Económicos, Sociales y Cultural (DESC) de los pueblos aborígenes, el panorama no es más alentador, puesto que hoy son vulnerados y desconocidos, y para los indígenas la responsabilidad recae sobre el Estado colombiano. “Cada día aumentan las violaciones a los Derechos Humanos de manera alarmante, desplazamiento masivos, asesinatos selectivos, aprensiones sin orden judicial por parte del Estado, reclutamiento, etc, etc”. La realización de la Primera como la Segunda Mesa Nacional de Paz Indígena, es el resultado de las necesidades planteadas en el Congreso de los Pueblos Indígenas realizado en el mes de noviembre de 2001 en el resguardo indígena de Cota, Cundinamarca, en el cual se discutió la problemática de derechos humanos, conflicto armado, territorio y tradiciones culturales en las etnias indígenas de Colombia. Para Lisardo Domico, coordinador del Equipo de Paz de la ONIC: “la situación de los pueblos indígenas es cada vez más delicada porque los territorios indígenas están siendo el lugar de enfrentamiento de los grupos armados y se debe tomar posición frente a esto, porque si no, nos van a absorber en su juego sangriento que va pa largo”. La Mesa Nacional de Paz se desarrolla en medio de episodios traumáticos que viven los pueblos indígenas en los departamentos de Cauca, Chocó, Antioquia, Cesar, Córdoba, Guajira, Valle, Putumayo, Caquetá, Caldas, entre otros, donde se han registrado durante estos primeros meses del año, más de 45 muertes violentas, desplazamientos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas y restricción a la circulación de alimentos y medicinas, panorama que gota a gota está llevando al exterminio a muchas de las culturas milenarias que habitan nuestro país.
1. Componentes de una estrategia interna frente al conflicto armado
- Acudir a los mayores, a los viejos, a los médicos y autoridades tradicionales, para que su consejo sea un principio en la atención a los problemas generados por la guerra. Eso significa recuperar sitios sagrados y protegerlos, realizar los rituales de agradecimiento y pagamento a la naturaleza, revitalizar la medicina tradicional. Así mismo, fortalecer los espacios tradicionales de reflexión, y desarrollar las formas tradicionales de movilización. Experiencias como la Minga, que desde la experiencia Nasa (Paez) es trabajo que se realiza alrededor de la comida; o lo que en otras comunidades se conoce con el nombre de Convite y Ollas Comunitarias.
- Por otra parte, es necesario que los proyectos educativos escolarizados y los que adelantan las organizaciones y gobiernos indígenas, tengan en adelante como prioridad la formación para dirigir los problemas producidos por el conflicto armado. Igualmente, la formación debe contener el estudio y divulgación de los derechos constitucionales y legales que protegen a los pueblos indígenas, la situación de los pueblos indígenas en relación con la guerra, una caracterización del desplazamiento indígena, así como de las experiencias de resistencia de los diferentes pueblos indígenas. Se llama a la conformación y el fortalecimiento de las escuelas de formación de líderes indígenas.
- En este mismo frente, debemos impulsar acciones ceremoniales y educativas para que la cultura del miedo no se imponga.
- Diferentes Comisiones prestaron una especial atención a la problemática de los jóvenes, que son una población muy vulnerable ante las ofertas políticas o económicas que les hacen los actores armados. Aunque no se precisaron los contenidos de una acción al respecto, debe prestarse cuidado a la sensibilización y formación para que ninguno de los niños y jóvenes sea atraído, lo cual implicaría programas y proyectos especiales.
- Fortalecimiento de nuestras propias autoridades mediante la aplicación del derecho indígena, el control social y el ejercicio real de la justicia indígena, manteniendo el vínculo con la memoria histórica y el patrón de comportamientos dado por los antepasados. Para eso sigue siendo una tarea el conocimiento, reflexión y apropiación de la jurisdicción indígena, y ratificar la no negociación o renuncia de los derechos adquiridos ante ninguno de los actores armados. Los pueblos indígenas debemos tomar decisiones que nos lleven a la consolidación de poder interno.
- Dentro del ejercicio del control social interno y el control territorial, se destacan las diferentes experiencias de la guardia indígena (alguaciles) que han sido exitosas, como ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas.
· El control social debe aplicarse a los líderes indígenas, para que el ejemplo permita educar; a los jóvenes, que son los más vulnerables, como ya se dijo; y a algunas autoridades y líderes que delegan las funciones de justicia y control a los grupos armados y al Estado.
- Adoptar un solo lenguaje y una sola posición en las comunidades que no implique adquirir compromisos con los actores armados.
- Impulsar la aprobación reglamentos indígenas donde se reconocen principios, criterios, que lo diferencien claramente de la filosofía de los grupos armados, los partidos políticos y el actual Estado colombiano.
- Se rescatan como formas internas de protección, las acciones directas de las autoridades indígenas para la búsqueda y rescate de miembros de las comunidades retenidos por los grupos armados.
- Este Congreso debemos considerarlo un primer paso para la construcción de una propuesta común.
- Debemos mantener y ampliar los espacios de encuentro, articulación y de intercambio de experiencias entre pueblos y comunidades. Estos intercambios y apoyo se debe hacer en forma recíproca y estar guiado por nuestras vivencias como pueblos, sintiendo los valores culturales.
- Hay que insistir en que las acciones que se realicen no se lleven a cabo por dos o tres organizaciones sino por todos los pueblos.
- Se debe trabajar para que los dirigentes indígenas que ocupan cargos en las corporaciones e instituciones públicas se articulen más fuertemente con las autoridades y organizaciones de los pueblos indígenas.
- Las Comisiones insistieron en que al igual que debemos fortalecer a nuestras autoridades, hay que fortalecer las organizaciones y los lazos de intercambio entre ellas. Lo cual significa mayor compromiso por parte de los líderes y su permanente evaluación, eliminar focos de corrupción, y corregir las estructuras antidemocráticas de organización.
- Diferentes Comisiones insistieron en la necesidad de fortalecer la ONIC para que siga acompañando a sus organizaciones regionales y comunidades en la difusión, apropiación y defensa de los derechos indígenas, y en el acompañamiento sobre todo a aquellas que estén más débiles. Se propuso un consejo de autoridades indígenas de las regionales, que le aporte su sabiduría en esta etapa.
2. Posiciones frente al conflicto armado y el proceso de paz
· Los pueblos indígenas venimos trabajando en la consolidación de nuestras autoridades y en la defensa territorial, por ello frente a la situación de conflicto nuestras estrategias principales son el fortalecimiento de los gobiernos indígenas y el control territorial.
· La posición de autonomía que defendemos los pueblos indígenas no significa que nos aislemos del resto del país; y mucho menos frente al conflicto armado. El conflicto se da en nuestros territorios, se presiona a nuestros jóvenes y en general a toda la comunidad, se disputan nuestros recursos; es imposible que no tomemos una posición de defensa de nuestros intereses, de nuestra vida, de nuestro territorio y de nuestra cultura. Nadie puede señalarnos como miembros de cualquiera de los grupos en conflicto por ejercer esta autonomía, y no vamos a renunciar a hacerlo.
- La violencia no es un problema generado sólo por la confrontación armada, sino que es producto de las políticas económicas y los incumplimientos del Estado frente a los derechos indígenas, a los acuerdos hechos con nuestros pueblos y con las demás organizaciones sociales y en general con el incumplimiento a una vida digna para el resto de la sociedad colombiana. Por otro lado, el conflicto armado es consecuencia de la falta de presencia institucional en las regiones. Varias Comisiones sostuvieron que el Estado ha sido causante y cómplice con la guerra.
- Por eso, la paz no puede entenderse como silencio de las armas, sino como garantía de los derechos colectivos de los pueblos y en general de todos los colombianos. Desde hace años soñamos construir una política de paz con justicia social; lo que significa para todos democracia real, respeto a la vida, pluralismo político, educación, trabajo, salud, reforma agraria, tolerancia ante la protesta y organización social; una política que busque superar la miseria y la pobreza; y para nosotros, reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, defensa de los territorios, la soberanía alimentaria, retorno a nuestras raíces culturales. Teniendo en cuenta esta forma de ver las cosas, diferentes Comisiones consideran que no hay posibilidad de diálogo mientras el sector de los ricos y terratenientes no tengan interés en conversar y en hacer aportes verdaderos.
- Las Comisiones aportaron elementos acerca de una política y una concepción de paz de los pueblos indígenas. De las diferentes relatorías se puede sintetizar lo siguiente: Una política de paz es el respeto de nuestros planes de vida o permanencia cultural, porque desde allí decimos cada pueblo cómo queremos vivir y como queremos educar a nuestros hijos; debe ser pensada de manera integral, buscando recuperar la armonía entre el ser humano y la naturaleza; implica la recuperación de las prácticas tradicionales, la cultura y la identidad de cada pueblo, la relación con la naturaleza. Por eso, la paz es necesario construirla con la participación de todos: los hombres, los ancianos, los niños, los jóvenes y las mujeres. En varias Comisiones se planteó la necesidad de empezar por una reflexión de cada individuo, de cada familia, de cada comunidad para proyectarse a toda la sociedad, desde los valores y sentimientos profundos del ser humano como la solidaridad, la tolerancia, el respeto por los demás.
- Hay acuerdo con un proceso de negociaciones que logre la paz. Pero también existe un consenso generalizado acerca de que los pueblos indígenas no nos sentimos recogidos ni representados por el Estado ni por las FARC, y en general por los actores armados del conflicto.
- El espacio de negociación que ha planteado el gobierno con las FARC se considera excluyente, pues no hemos sido tenidos en cuenta los indígenas ni los sectores sociales, no se conoce lo que se está negociando, es una negociación a espaldas de todos los colombianos. En algunas Comisiones se sostiene que este proceso de paz depende del proceso electoral, lo cual lo hace menos confiable.
- Hay consenso sobre la necesidad de construir una propuesta alternativa de paz, con reglas, garantías y formas de participación. Significaría una discusión abierta, de cara al país, donde tengamos el derecho de decirle a los grupos armados y al Estado lo que pensamos y queremos en relación con la paz, el ordenamiento territorial, reforma agraria, planes de desarrollo, y el derecho de decidir sobre el tipo de sociedad que queremos.
- Algunos proponen no legitimar esos procesos por las razones ya señaladas, e impulsar en cambio de manera independiente las iniciativas de paz alternativas que se construyan con las organizaciones sociales. Una variante de la misma propuesta propone sacar el proceso de paz del Caguán y que se formen comisiones permanentes donde participemos todos los sectores sociales con facultades para negociar con los actores del conflicto.
- Otros insisten en reconocer esos espacios y tratar de incidir sobre las Mesas de diálogo a través de los documentos emanados de este Congreso. Una variante de esta segunda propuesta es proponer transformaciones en la metodología, tales como corregir el que sea muy centralizado y regionalizarlo para que tenga verdadera participación popular.
- Algunos plantean la necesidad de hablar con todos los actores armados que están generando violencia dentro de los territorios indígenas (guerrilla, paramilitares, ejército, etc.), para exigirles el respeto a los derechos de autonomía de nuestros pueblos. Estos diálogos se requieren en razón de que estamos metidos en el conflicto. Se aclara por parte de quienes sostienen este punto de vista, que estos diálogos deben hacerse con pleno conocimiento de la sociedad nacional, los organismos internacionales y el Estado, con el fin de disminuir riesgos y señalamientos; y que deben ser acompañados por organismos humanitarios (Cruz Roja, Iglesia, Organismos de Derechos Humanos, etc) y adelantarse con veeduría internacional. Así mismo, otros que tienen el mismo punto de vista, agregan que se debe dialogar bajo los principios de Autonomía, Identidad y Territorio, que bajo ninguna circunstancia deben ser negociados o renunciados.
· Al interior de esta primera posición hay algunas diferencias: Algunos plantean el diálogo con las organización a todo nivel (local, regional y nacional); otros sostienen que los diálogos locales se adelanten para establecer normas de convivencia y respeto, y los diálogos nacionales se hagan sobre el análisis y estudio de solución de las causas del conflicto; y un tercer grupo plantea que debe prohibirse que cada comunidad o cabildo negocien con los grupos armados, la interlocución debe ser acompañada con nuestras autoridades regionales y nacionales.
· La otra posición plantea que la búsqueda de compromisos humanitarios debe concretarse en exigir a los diferentes actores armados el respeto por el gobierno propio y las leyes y reglamentos indígenas. Entre éstos, existe un punto de vista que cuestiona la interlocución con los grupos paramilitares, pues sería otorgarles un estatus político que ni el mismo gobierno les otorga a pesar de ser su creador.
- El Estado debe garantizar el pleno ejercicio del derecho a la vida, a la libre movilización, a la salud, la educación, la alimentación de los pueblos indígenas y poblaciones asentadas en territorios de conflicto; así mismo, debe garantizar la protección a líderes y representantes de los pueblos indígenas, respetar y reconocer (a nivel de alcaldías, gobernaciones, etc.) a las autoridades tradicionales indígenas y sus organizaciones; cumplir el Protocolo II de Ginebra, las normas referentes al etnocidio, y las demás incluidas en el Convenio 169 de la OIT; y asumir la investigación y esclarecimiento de los hechos violatorios de los Derechos Humanos y Colectivos de los pueblos indígenas y castigo a los responsables. Algunos sostienen la necesidad de la conformación de comités interinstitucionales en los departamentos con población indígena, para garantizar los derechos de los pueblos
- Los grupos paramilitares deben parar los asesinatos, masacres, secuestros, señalamientos, amenazas y desplazamientos de comunidades, que están motivados por los intereses económicos de megaproyectos y terratenientes. Deben salir de nuestros territorios. De manera urgente se reclama la devolución vivo de los dirigentes y líderes secuestrados. Algunos plantean que esta exigencia debe hacérsele directamente al Estado teniendo en cuenta que son dirigidos, impulsados y protegidos por funcionarios públicos; se plantea que el Estado debe ordenarles cumplir el DIH, o combatirlos directamente y judicializarlos.
- La insurgencia debe parar sus acciones criminales contra las comunidades y dirigentes de los pueblos indígenas; en algunas Comisiones se planteó que debe exigírseles el respeto de su propio discurso de compromiso con los sectores populares. A ellos les seguimos exigiendo que salgan de nuestros territorios, que modifiquen sus procedimientos contrarios al pueblo, que respeten la autoridad, territorios, gobierno y ejercicio de la jurisdicción indígena, y que entiendan que los reglamentos, guardias y procesos organizativos indígenas son instituciones milenarias. Así mismo, exigimos no más reclutamiento de jóvenes.
3. Sobre mecanismos de coordinación y acciones
