El asesinato de nuestro compañero Freddy Arias, indígena Kankuamo, cometido por los narcoparamilitares hace tres días en Valledupar, rebozó la copa de la amargura de los pueblos indígenas de Colombia. Ya son más de doscientos los indígenas Kankuamos asesinados en la última década, de los cuales 92 lo han sido durante el transcurso del presente gobierno.
A ello se le suman los asesinatos de 56 indígenas Wiwas en la Sierra Nevada y de 14 Wayúu en la Guajira y más de 30 desaparecidos, cometidos también por los paramilitares en los últimos tres meses, para no hablar sino de los casos más recientes. De igual manera, en el departamento de Caldas han sido asesinados recientemente tres indígenas protegidos con Medidas Cautelares, de los cuales uno era candidato a la alcaldía de Ríosucio.
Ante todos estos crímenes, nos preguntamos:
¿De qué sirvieron las Medidas Cautelares, con que la Comisión de Derechos Humanos de la OEA ordenó al gobierno colombiano proteger la vida de nuestro compañero Freddy Arias?
¿De qué han servido los consejos comunitarios y de seguridad que se han realizado en la Sierra Nevada con los más altos mandos militares, con la ministra Ramírez e incluso con el presidente Uribe a bordo?
¿De qué han servido tantas denuncias, a nivel nacional e internacional, interpuestas por las organizaciones indígenas cada vez que los grupos armados y las mismas fuerzas de seguridad del Estado han violado los derechos humanos de los pueblos indígenas?
¿La gestión del representante de la O.E.A., Sr. Caramagna, para que dichos señores se concentren, desmovilicen y paren sus acciones criminales, ha tenido otros efectos, más allá de servir para legitimar ese proceso?
¿De qué han servido los llamados de la comunidad internacional -especialmente de la Unión Europea, de los Organismos de las Naciones Unidas y recientemente de un grupo de senadores de los Estados Unidos y del propio candidato presidencial, John Kerry- para que el gobierno del presidente Uribe le ponga remedio a la crisis humanitaria que ubica a nuestro país en uno de los más violadores de derechos humanos en el mundo?
¿Qué más debemos hacer para detener la ola de crímenes y atropellos contra nuestras comunidades?
Desde un comienzo ha sido evidente la actitud de corazón demasiado blando del presidente Uribe con los paramilitares, como lo demuestra el proyecto de Alternatividad Penal con que tan cínicamente pretendió garantizarles la impunidad; su presteza para sacar del país a la esposa de Castaño; y su colaboración para llevarlos a que hablaran ante el Congreso, donde tienen tantos congresistas que los apoyan.
Por primera vez el Presidente se paró firme ante los paramilitares con motivo del secuestro del senador Gnecco (a quien ellos mismos calificaron de narcotraficante y corrupto), amenazando con parar las negociaciones de Santa Fé de Ralito si no lo liberaban inmediatamente. El grupo que lo secuestró fue presumiblemente el mismo que asesinó anteayer al nuestro compañero Fredy Arias. ¡Pero esta vez, estamos seguros de que el presidente no está dispuesto a que se paren ningunas negociaciones ni nada por el estilo!
El doctor Uribe sigue obsesionado en profundizar la guerra, en mostrar su mano dura contra la subversión que también ha asesinado tantos indígenas, como en su momento lo hemos denunciado. Lo que tal política ha hecho es reorientar la guerra hacia las selvas, las fronteras y los sitios remotos, que son precisamente los territorios indígenas, con lo cual las comunidades quedan expuestas a los atropellos de la guerrilla y a los de la fuerza pública que siempre ha mirado con desconfianza a las comunidades, llegando en muchos casos como también lo hemos denunciado reiteradamente- a asesinar, torturar, desaparecer y amenazar indígenas.
Lo que pedimos no es más guerra sino esfuerzos sinceros de paz, de esclarecimiento de la verdad, de justicia y de reparación a las víctimas. Que hechos de exterminio como los que están sufriendo los Kankuamos no queden en la impunidad. Que sepa el señor Uribe que los indígenas de Colombia no estamos dispuestos a tolerar la impunidad de ninguno de los actores armados ilegales ni de la fuerza pública, para lo cual estamos en capacidad de recurrir a todas las instancias internacionales pertinentes, donde contamos con la atención y solidaridad que el gobierno colombiano no nos garantiza.
Hacemos nuevamente un llamado a la comunidad internacional, especialmente a la Unión Europea, a los organismos del sistema de las Naciones Unidas, a los senadores de los Estados Unidos que recientemente manifestaron su preocupación por la crisis humanitaria que afecta a nuestro país, a todas las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, a las comunidades religiosas, a las organizaciones no gubernamentales y a toas las personas solidarias con los indígenas colombianos, para que le exijan al presidente Uribe que condicione la continuidad de las negociaciones con los narcoparamilitares a que paren totalmente sus crímenes contra los indígenas y demás colombianos. Que demuestre que las negociaciones de Ralito no son una farsa para legalizar estos criminales y consagrarlos como sus aliados políticos.
Somos pueblos de la tierra, somos pueblos de la vida, somos pueblos en resistencia.
