Alrededor de nuestra asamblea permanente las autoridades y medios de comunicación locales y regionales han implementado diferentes estrategias con el fin de ilegitimar y desmovilizar nuestro justo reclamo de que se garanticen y respeten los derechos fundamentales para preservar nuestra supervivencia física, cultural,ocial, política y organizativa. Desde el intento de convencer a nuestro comité negociador conformado por veinte hermanos (entre los cuales hay tres mujeres con sus respectivos niños) de que debían abandonar las oficinas de Urrá, el bloqueo de alimentos, medicamentos y plásticos aislantes, pasando por una campaña de amenazas e intimidación con el uso de la fuerza por parte de la política para desalojar tanto a nuestro comité negociador como a los más de cuatrocientos hermanos que desde el pasado 25 de octubre sesionan en asamblea permanente frente a las oficinas de Urrá.
La firmeza y convicción de nuestras peticiones ha conducido a que estos funcionarios, instituciones y medios de comunicación emprendan un nuevo ataque contra nuestra asamblea permanente. En los últimos dos días se han encargado de circular diferentes y falsas afirmaciones. Una de ellas, convertida en la principal herramienta de desinformación, es el argumento de que no sabemos que queremos o que tenemos posiciones indecisas que impiden claridad a las supuestas negociaciones que se han dado al momento. Paralelo a ello y en un claro irrespeto y desconocimiento a nuestra cultura se ha dicho que estamos utilizando a nuestros niños como escudos humanos para impedir el desalojo por parte de la policía. Estas afirmaciones evidencian que es tanta la despreocupación y negligencia de las autoridades locales y regionales sobre nuestro pueblo, que ni siquiera conocen que nuestra unidad familiar es parte fundamental de nuestra cultura; pero lo más grave es que detrás de todo esto se acepta implícitamente que la fuerza pública está dispuesta a atropellar por la fuerza el libre derecho de opinar, pensar y asociarse en la búsqueda de los derechos de nuestro pueblo.
Otra herramienta que ya es común de los medios de comunicación y las autoridades locales y regionales son las afirmaciones tendenciosas y descalificadoras de que nuestro único interés es la plata. Y que por esa misma razón se han producido las divisiones internas de nuestro pueblo. En la edición de hoy el oficialista periódico “El Meridiano de Córdoba” vuelve una vez más como ya es su costumbre a ponerse al lado de la hidroeléctrica Urrá al afirmar en una nota sin autor que: “esta nueva toma de los indígenas de los cabildos mayores del Río Sinú y verde demuestra una vez más que los Embera Katíos están más divididos que nunca” y agrega disparatadamente que “La división de los Embera viene desde hace años atrás y todo lo ha originado las lucha por el manejo de los recursos que gira Urrá a los resguardos”. Si estas afirmaciones fueran ciertas, nuestra Asamblea permanente se hubiera levantado desde el primer día cuando el gerente de Urrá casi a manera de soborno nos ofreció 1.500 millones de pesos para que levantáramos nuestra Asamblea.
Tal como lo hemos manifestado la justeza de nuestra propuesta se fundamenta en el incumplimiento de los acuerdos establecidos entre el Estado colombiano y el pueblo Embera, los incumplimientos de Urrá en la mitigación integral de los impactos ocasionados por la inundación de nuestro territorio, estos si verdaderos daños ambientales y ecológicos irreparables, de los cuales nadie se ha preocupado verdaderamente, mientras que en cambio “El Meridiano de Córdoba” en el día de ayer hace eco de los habitantes del sector “quienes manifestaron que los emberas han contribuido con el deterioro ambiental” de la zona y “que la imagen del barrio se ha visto gravemente afectada puesto que los indígenas cocinan al aire libre y muchas veces ocupan sus terrazas sin medir el daño que le ocasionan a sus jardines.”
Esta misma pregunta se la hacemos hoy al estado colombiano, a la hidroeléctrica Urrá y a los sectores que en su momento apoyaron la construcción de la represa en la idea de un progreso y desarrollo que solo benefició a unos pocos y afectó a muchos campesinos, pescadores, areneros de toda la cuenca del río Sinú. ¿Se preocuparon en medir el daño que ocasionaría la inundación de 7.400 hectáreas de tierra fértil y rica en biodiversidad, se preocuparon en medir el daño en la parte alta, media y baja del río Sinú, se preocuparon en la afectación que la represa ha traído a miles de personas que dependían única y exclusivamente de la pesca, de los cultivos aledaños al río? Estos daños que afectaron de manera directa e irreversible a miles de personas son un verdadero problema de supervivencia y no simplemente una preocupación estética o de imagen.
Que los medios de comunicación y las autoridades locales y regionales desconozcan la sentencia T 652 emitida por la Honorable Corte Constitucional, la Licencia Ambiental y los acuerdos del 19 de abril de 2000, reafirman el desinterés que éstos tienen sobre nuestra situación y ponen en evidencia que la falta de claridad que aducen no es nuestra sino de ellos que ni siquiera se han tomado la molestia de enterarse y mucho menos garantizar lo establecido en estos acuerdos.
Aclaramos que en ningún momento se puede hablar de fracaso en ninguna negociación. En primer lugar porque esta no ha existido, pues las conversaciones adelantadas con las autoridades locales y regionales solamente pretendían aclarar nuestra petición de interlocutar directamente con el gobierno central. En segundo lugar porque no permitiremos que nuestra problemática sea atendida bajo falsas promesas de estos funcionarios con el fin de impedir la interlocución directa con el gobierno central. Ratificamos que para el cumplimiento de nuestras exigencias no negociaremos con ninguna institución o funcionario regional o local y en cambio exigimos que estos cumplan tanto con sus deberes constitucionales como lo ordenado en el octavo punto resolutivo de la Honorable Corte Constitucional que aclara que las instituciones deben abstenerse de interferir o intervenir en las decisiones que autónomamente tome el pueblo Embera.
Nuevamente hacemos un llamado a que se nos respeten nuestros derechos y se atiendan nuestra petición de garantía reales e integrales a nuestra vida. Nuevamente, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a los campesinos, a los pescadores, a los defensores del medio ambiente, a los defensores de derechos humanos, a los demás pueblos indígenas hermanos, al pueblo monteriano y cordobés a que nos apoyen y se solidaricen con esta Asamblea Pacífica y Permanente que aborda temas que nos preocupan a todos.
