Este informe se presenta de conformidad con la resolución 2003/56 de la Comisión de Derechos Humanos y se refiere a la visita oficial a Colombia realizada por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas los días 8 a 17 de marzo de 2004.
En el transcurso de los últimos años se han producido avances constitucionales en Colombia en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, todavía existen grandes retos que debe enfrentar la nación en la protección y promoción efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas. La brecha existente entre la constitucionalidad, la efectiva aplicación de las normas y la funcionalidad institucional hace que los adelantos establecidos en la Constitución del 1991 se hayan visto limitados.
El Relator Especial recabó múltiples testimonios en torno a la situación de conflicto que vive el país y sus devastadores efectos en los pueblos indígenas, que han sufrido asesinatos y torturas, desplazamientos masivos, desapariciones forzadas, reclutamiento involuntario de jóvenes a unidades combatientes, violaciones de mujeres y ocupación de sus territorios por parte de grupos guerrilleros, paramilitares y otros actores armados ilícitos. Se denuncia la militarización de algunas comunidades indígenas. Preocupa particularmente al Relator Especial la situación de algunas comunidades muy pequeñas que se encuentran al borde de la extinción por los asesinatos de sus dirigentes, masacres, amenazas y dispersión forzada de sus pobladores.
El Relator Especial reconoce la necesidad de implementar adecuadamente los principios constitucionales establecidos en materia de derechos humanos, que podrían verse amenazados por algunas nuevas propuestas legislativas. La posible limitación de las competencias de la Corte Constitucional y la institución de la tutela comportarían serios peligros para la efectiva protección de los derechos de los indígenas.
Las autoridades gubernamentales aseguraron al Relator Especial su compromiso para atender de manera efectiva los problemas sociales y económicos que enfrentan más de 700.000 indígenas en el país. El Relator Especial reconoce la crucial importancia de cuestiones urgentes como el desplazamiento interno forzado de muchos indígenas, la explotación de los recursos naturales de sus territorios, las fumigaciones de sus tierras en el marco de la lucha contra los cultivos ilícitos y la consulta previa en los asuntos que les afectan, especialmente en materia de desarrollo económico.
Particularmente preocupantes son los efectos devastadores del conflicto armado sobre los pueblos indígenas. Por ello el Relator Especial hace un llamamiento para que sea reactivado el proceso de paz que conlleve el respeto al derecho internacional humanitario y los derechos humanos y que se tomen las medidas necesarias para poner término al reclutamiento de menores de edad por los grupos armados.
Basado en las conclusiones de su visita, el Relator Especial recomienda, entre otros: que se asegure la provisión de alimentos y su libre tránsito a comunidades indígenas en zonas de conflicto, sobre todo a la población más necesitada; que se movilice la cooperación internacional para un programa de emergencia de atención a comunidades indígenas en peligro de extinción, sobre todo en la región de la Amazonía; que todos los grupos armados respeten los territorios indígenas neutrales y desmilitarizados y que se establezcan zonas de paz indígenas libres de toda operación militar, bajo supervisión internacional; que la fiscalía acorde prioridad para investigar y aplicar la ley a todas las denuncias relativas a abusos y violaciones cometidas por miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional contra miembros de comunidades indígenas; que se de término a programas como la red de informantes, los soldados campesinos y “soldados por un día”, para niños y jóvenes indígenas, y que las instancias del Estado correspondientes cumplan debidamente las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido para los distintos pueblos indígenas.
En el contexto de las nuevas medidas adoptadas para la lucha contra el terrorismo, el Relator Especial hace un llamamiento para que ningún indígena sea detenido por las fuerzas militares sin que exista previamente una orden de captura expedida por una autoridad judicial competente. Recomienda además el respeto íntegro de las competencias originarias de la Corte Constitucional y en particular de la acción de la tutela, uno de los mecanismos primordiales para la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
