El Movimiento Indígena de América, reunido el pasado 12 de octubre en la ciudad de México, calificó como un “fracaso” la Década de los Pueblos Indios declarada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1994, y que finalizará dentro de dos meses, en la medida que los avances, “en su gran medida limitados”, se estancaron porque los estados y gobiernos incumplieron los objetivos y metas, ante “la falta de voluntad política”.

 

En esta reunión, convocada por el Programa México Nación Multicultural, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Fundación Rigoberta Menchú Tum, los 20 líderes indígenas asistentes plantearon la necesidad de que se proclame un nuevo decenio para estos pueblos, donde sea el Foro Permanente de Pueblos Indios de la ONU el encargado de dar seguimiento al cumplimiento de lo ahí plasmado, con una agenda que debe ser determinada por los propios pueblos originarios.

 

Por otro lado, para los líderes nativos uno de los nuevos actores que entró ha incidir en la vida y pervivencia de estos pueblos son las empresas trasnacionales. La estrategia denunciada fue que estas empresas están negociando con los indígenas: “lo que aumenta su vulnerabilidad, sobre todo por la inexistencia de un marco jurídico que proteja sus derechos, al estar trabada -por falta de consensos- la declaración de la ONU de los derechos de los pueblos indios”.

 

Sin embargo, los representantes de los pueblos indios de Canadá, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Argentina, Panamá, México, Perú, Brasil, Bolivia, Belice, Honduras, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua que asistieron a la reunión, coincidieron en que los avances que se produjeron durante este periodo se centraron en la institucionalización en el sistema de Naciones Unidas, como fue la instauración del relator de derechos humanos de los pueblos indios y del Foro Permanente, y que instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial ya tienen consejeros indios, “si bien en el caso de esta última institución ha habido retrocesos en lo que se refiere a sus políticas respecto a los pueblos originarios”.

  

Representación nacional

 

Colombia estuvo representada por el Presidente de la Organización Nacional Indígena (ONIC), Luis Évelis Andrade, quien pudo socializar y recibir el total respaldo de la Asamblea “Minga Continental” ante la grave situación que viven los pueblos nativos del país, acorralados por un conflicto armado que poco a poco los diezma y desaparece.

 

Finalizada la exposición de Andrade, la Asamblea redacto la siguiente declaratoria, titulada: “Compañeros y compañeras indígenas y demás sectores sociales de Colombia”:

 

- Que pese las esperanzas depositadas en el Decenio y a las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y pese a los avances constitucionales, en Colombia la situación en materia de Derechos Humanos y Colectivos, especialmente en lo referido a los Pueblos Indígenas sigue siendo crítica y dramática como lo ha señalado el Relator Especial para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, debido a la falta de aplicación de la Constitución y de las leyes, a la implementación de megaproyectos, a algunas políticas de Estado y a la acción de los actores armados.

 

- Que es legítima la lucha y la movilización que ustedes vienen desarrollando por la defensa de la Constitución y el Estado Social de Derecho.  Que igualmente es legítima la movilización en contra de la negociación del TLC, de espalda al pueblo, ya que afecta a la soberanía nacional, la territorialidad, la autonomía, el conocimiento y demás derechos de toda la población.

 

- Igualmente que las iniciativas regionales, como Plan Pueblo Panamá, Plan Colombia y Plan Dignidad, ocultan oscuros intereses de políticas externas de las multinacionales y son un pretexto para legitimar el intervensionismo militar y garantizar la implantación de megaproyectos en nuestros territorios que incrementarán la violación a los Derechos Humanos y colectivos, así como el desplazamiento forzado de numerosas comunidades.

 

- Que la militarización de los territorios y la criminalización de la protesta social ha incrementado y seguirá incrementado la violación a los Derechos Humanos, tanto por los actores ilegales como las fuerzas del Estado. Por tanto ante todo proyecto de muerte, no queda otro camino que el de fortalecer la unidad del movimiento indígena y social, fortalecer los procesos de resistencia, la movilización y la solidaridad continental de los excluidos con sus propuestas de vida y construcción de sociedades pluralistas respetuosas de la diferencia, en la cual prime la fuerza de la palabra, la verdad y el respeto de los derechos de los pueblos para la solución de las contradicciones sociales y políticas.

 

Este documento, firmado por todos los representantes indígenas: “refleja la voz y el sentir de todos los pueblos representados, quienes estaremos atentos a las actuaciones de los gobiernos en relación con las demandas y derechos de nuestros hermanos y otros sectores sociales”.

 

Finalmente la Asamblea envió una voz de aliento y apoyo al movimiento indígena colombiano, a las marchas y movilizaciones que han protagonizado en las últimas semanas: “en defensa  de los Derechos Humanos, los Derechos Colectivos, la defensa de la Constitución Nacional de Colombia, la Autonomía de los pueblos, la soberanía nacional y los procesos de paz basados en los principios de verdad, justicia y reparación”.

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