Los espíritus de las 119 personas afro masacradas aquel jueves dos de mayo de 2002 en la iglesia de Bellavista, Bojayá – Chocó, en medio de combates entre guerrilleros y paramilitares, aún no descansan en paz ante las promesas incumplidas del gobierno nacional, que hoy, dos años y medio después de lo ocurrido, no ha generado las condiciones suficientes que permitan reconstruir el tejido social de esta población.

 

La situación es crítica, aseguró Florentino Chavedra, alcalde de Bojayá, “puesto que es el momento en que aun permaneces desplazadas en la ciudad de Quibdó 375 familias, unas 1370 personas, que no han podido retornar por la falta de garantías”

 

De igual forma, voceros del “Comité 2 de Mayo”, aseguran que a la fecha: “no se ha pegado ni un solo ladrillo en Bellavista. Los proyectos y recursos de los que tanto habla el gobierno asignados para la reconstrucción, reparación, retorno o reubicación de las familias de las decenas de muertos no aparecen por ningún lado”.

 

“Sabemos que los recursos asignados para esta tragedia existen, pero se están desviando hacia otras cosas, y mientras tanto, nosotros, los desplazados en Quibdó nos estamos muriendo de física hambre, nuestros niños desnutridos y sin ningún horizonte prometedor”, enfatizó Deli Palacios, una de las mujeres que milagrosamente no fue aplastada por la iglesia que se desmoronó luego del impacto de un cilindro bomba, utilizado por la guerrilla para replegar a los paramilitares.   

 

Así mismo, agregó que, aunque se le está brindando tratamiento médico y psicológico en un hospital de la ciudad de Medellín, distante unas diez horas por carretera de Quibdó, “no me están apoyando con lo de la estadía, alimentación y transporte, que una persona desplazada difícilmente se puede costear”.

 

Por su parte, Jesús Flores, de la Diócesis de Quibdó, enfatizó la responsabilidad absoluta de gobierno nacional por lo sucedido en Bojayá: “ya que hizo caso omiso a las alertas tempranas que se emitieron antes del genocidio y la Fuerza Pública asumió una actitud permisiva en el ingreso a la zona de las barcasas cargadas de paramilitares que ese día se enfrentaron con guerrilleros de las FARC”.

 

Aseguró, además que esta actitud permisiva y condescendiente, se sigue presentando hoy en toda la región, especialmente en las zonas más apartadas y adentradas de los ríos Napipi y Opogadó, “donde las comunidades indígenas y afro se encuentran acorraladas, los paramilitares no permiten el paso de alimentos o atención humanitaria, situación que seguramente generará un etnocidio mucho mayor del ocurrido en Bellavista”.

 

El Foro pretende elevar una voz de alerta a toda la sociedad nacional e internacional para que se solidarice con esta dramática situación, y para que el gobierno se responsabilice y de cuentas claras del porqué la lentitud de los avances en la reconstrucción del tejido social de la gente en Bojayá y los desplazados en Quibdó.

 

Así lo dieron a conocer representantes de las organizaciones sociales de esta región anclada en el Pacífico colombiano, en el marco del Foro Etnocidio en Bojayá, dos años y medio después que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

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