Ante la oleada de asesinatos vividos durante los últimos 31 dÃas por los pueblos indÃgenas en todo el territorio nacional, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, solicitó de manera urgente la presencia del Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, a una sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos IndÃgenas, creada para implementar acciones de prevención y atención de los Derechos Humanos vulnerados a estas comunidades.
El Defensor del Pueblo le presentó al Ministro un informe sobre los hechos, las fechas, los lugares y circunstancias de cada uno de los casos de muertes violentas que se han cometido.
A la fecha han sido asesinados doce indÃgenas en todo el territorio nacional, situación que ha generado terror e incertidumbre en sus comunidades como también en las diversas organizaciones indÃgenas del paÃs.
Ante esta situación, el Defensor le manifestó al Ministro: "como es de su conocimiento, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, distintos instrumentos internacionales y la legislación nacional garantizan y reconocen el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos indÃgenas, asà como su integridad étnica y cultural. En tal sentido, los homicidios cometidos contra miembros de las comunidades indÃgenas afectan la vigencia de todos los derechos de los pueblos indÃgenas de nuestra paÃs y debilita los compromisos del Estado Social de Derecho para garantizar su supervivencia", concluyó.
A continuación, la carta remitida por el Defensor del Pueblo al Ministro del Interior y de Justicia.
Bogotá D.C., 1 de febrero de 2005
Señor Doctor
SABAS PRETELT DE LA VEGA
Ministro del Interior y de Justicia
Bogotá, D.C.
Ref: Requerimiento. Convocatoria Urgente Comisión de Derechos Humanos de Pueblos IndÃgenas. Decreto 1396 de 1996
Respetado Señor Ministro:
En mi calidad de Defensor del Pueblo y en cumplimiento del mandato constitucional y legal de promover y defender los Derechos Humanos de la población colombiana, de manera atenta quiero solicitar de su Despacho, convocar la Comisión de Derechos Humanos para la Protección de los Derechos de los Pueblos IndÃgenas (citada en la referencia), con el fin de evaluar, en sesión extraordinaria, la grave situación de derechos humanos que afecta a varios pueblos indÃgenas, como lo demuestran los asesinatos de doce (12) indÃgenas (lÃderes de sus comunidades) en lo que va transcurrido de diciembre de 2004 a enero de 2005.
Estos hechos se han presentado en las siguientes regiones: la ciudad de Tabatinga (República del Brasil) localizada en la frontera con Leticia (Amazonas), municipio de Fortul (Arauca), municipio de Orito (Putumayo), municipio de BolÃvar (Cauca), municipio de Ipiales (Nariño) y San Juan del Cesar (Guajira), municipio de Miranda (Norte del Cauca). De acuerdo con la información reportada y las denuncias recibidas en esta institución, los homicidios ocurrieron entre diciembre de 2004 y enero de 2005. A continuación se relacionan algunos casos en los que se indican las fechas, los lugares de los hechos y los presuntos responsables de estas violaciones a los derechos fundamentales que atentan contra la diversidad étnica y cultural de los pueblos indÃgenas de nuestro paÃs.
Diciembre 24 de 2004. En el municipio de Orito, Putumayo, fue asesinada la dirigente indÃgena Digna Aramita, perteneciente a la Etnia Yanacona del Cabildo Bajo Mirador. De acuerdo con la denuncia los hechos ocurrieron en su residencia; los homicidas fueron detenidos posteriormente por la PolicÃa de esa localidad y uno de ellos logró escapar.
Enero 6 de 2005. En Tabatinga (Brasil) ciudad fronteriza con Leticia (Colombia), fue asesinado el dirigente indÃgena de Puerto Arica (Amazonas), Saúl Márquez, miembro de la Asociación de Autoridades IndÃgenas Tradicionales, AIZA, de ese departamento. La DefensorÃa Seccional del Amazonas solicitó al consulado de Colombia en Tabatinga adelantar las acciones correspondientes para establecer las circunstancias de este homicidio y los responsables del mismo.
Enero 6 de 2005. Fue asesinado el ciudadano indÃgena Antonio Chaneque, del Resguardo la Colorada en el municipio de Fortul (Arauca), perteneciente al Pueblo GuahÃbo. De acuerdo con la información aportada por los miembros de la comunidad de dicho resguardo, el homicidio, según denuncia de la comunidad indÃgena, presuntamente fue cometido por miembros del ejército que se encontraban en la escuela la Amapola de la vereda Caranal; lugar en el cual se detuvo la vÃctima para tomar agua cuando regresaba junto con otros compañeros de cacerÃa.
Enero 11 de 2005. Según información de la DefensorÃa Regional del Cauca, se registra el asesinato de cuatro (4) indÃgenas de la etnia Yanacona en la jurisdicción de San Juan, municipio de BolÃvar (Cauca) al parecer por miembros del ELN; sus cuerpos fueron hallados el 17 del mismo mes. Una de las cinco personas que salieron en la búsqueda fue afectada por la acción de una mina antipersonal.
Enero 16 de 2005. En el Resguardo de Ipiales, en hechos confusos derivados de una situación interna de la comunidad en la cual presuntamente intervinieron miembros de la PolicÃa de la región, según queja presentada por la comunidad, fue asesinado un (1) indÃgena y lesionados otros (número no determinado en la denuncia), presuntamente por la acción de los miembros de la fuerza pública.
Enero 18 de 2005. Mediante información telefónica de la DefensorÃa Seccional del Cesar, se tuvo conocimiento del asesinato de dos (2) indÃgenas del Pueblo Wiwa, de la Sierra Nevada de Santa Marta, en hechos ocurridos en el municipio de San Juan del Cesar (Guajira). Dentro de las vÃctimas se encuentra Angel Milciades Loperena DÃaz, tesorero de la organización indÃgena Wiwa "Yugumaiun Bukuanarúa Tayrona", y su hermano DarÃo Loperena, maestro de la comunidad". No se indican datos sobre los presuntos homicidas.
Enero 28 de 2005. Según información telefónica de la DefensorÃa Regional del Cauca y en el Resguardo la Ciria, municipio de Miranda (norte del Cauca), fue asesinado por desconocidos el indÃgena Ever Conda en el casco urbano de la Ciria.
Como es de su conocimiento, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la legislación nacional garantizan y reconocen el respeto de los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos indÃgenas, asà como su integridad étnica y cultural. En tal sentido la pérdida representada en los homicidios cometidos contra miembros de las comunidades indÃgenas produce un significativo efecto en la vigencia de todos los derechos de los pueblos indÃgenas de nuestro paÃs y debilita los compromisos del Estado Social y Democrático de Derecho como garante del derecho a la vida e integridad de nuestros connacionales indÃgenas.
Por las razones expuestas, de manera atenta ruego a su Despacho convocar con carácter urgente la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos IndÃgenas para que en sesión extraordinaria se evalúe la situación de derechos humanos de los pueblos indÃgenas, conforme a lo establecido en el Decreto de creación y reglamentación de dicha Comisión.
Agradezco su amable atención a este requerimiento que tiene el propósito de buscar medidas que garanticen de manera efectiva el derecho a la vida y a la integridad personal de los miembros de nuestras comunidades indÃgenas
Cordialmente,
VOLMAR PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
GMJ/ADL.
