Luego de permanecer 57 días en la sede de la empresa Urrá S.A. en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, los más de 400 Emberá Katíos del Alto Sinú decidieron viajar a mediados de diciembre hacia Bogotá donde, en un primer momento, fueron desalojados por la Fuerza Pública de las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente.

  

Posteriormente se tomaron las instalaciones de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) donde permanecen desde le 23 de diciembre en condiciones de hacinamiento, insalubridad y desprotección.

 

Ante esta situación, los más afectados han sido los niños y personas adultas que han tenido que enfrentarse al hambre y a condiciones climáticas adversas (pasar de temperaturas superiores a 30ºC a menores de 16ºC). Consecuencia de esto son los primeros 15 casos de varicela y otros de neumonía en los menores de edad, y se teme que esta epidemia se expanda a mujeres embarazadas, adultos y ancianos.

 

Pese a lo anterior, los indígenas aseguran que no se irán hasta que los ministerios del Interior y el de Ambiente les solucionen sus problemas. Y esto está ligado a la negociación entre el gobierno y los Katios de una agenda temática de 8 puntos: Licencia ambiental, Consultoría extranjera, Diagnóstico y plan de transición, Indemnización, la no construcción de Urrá II, Territorio, Salud y Educación.

 

Sin embargo, tras varias reuniones entre las partes no se ha logrado la concreción de ningún punto, puesto que, como lo ratificó Julio César Estrada, ex presidente de la Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas (OPIAC) "los puntos que tienen que ver con educación, salud y territorio, no son negociables puesto que su cumplimiento está ratificado en la Constitución Política de 1991 y el gobierno está en obligación de garantizar estos derechos fundamentales a todos los colombianos".

 

Esta discusión se dio en el marco de una reunión realizada el viernes 14 de enero en la sede de la ONIC en Bogotá, donde se analizaron, con líderes Katios y de otros pueblos del país, las estrategias y el futuro a seguir, teniendo en cuenta el precario estado en que se encuentran los 400 Katios.

  

Durante la reunión, directivas de la Universidad Autónoma y especialmente la Facultad de Derecho ofrecieron su apoyo solidario a la causa Embera, especialmente en el campo de soporte y gestión jurídica ante el gobierno. De igual forma se ofrecieron cupos para pre-grado a los jóvenes y demás personas Katios que quieran acceder a ellos. Así mismo, la Universidad abrió sus puertas para realizar un foro de gran magnitud para socializar esta problemática indígena que ha puesto en jaque al gobierno y su política económica capitalista.

 

 

 

 

 

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