Organizaciones humanitarias asentadas en la región del rÃo Jiguamiandó, departamento de Chocó, denunciaron a la Fuerza Pública presente en esta zona del PacÃfico colombiano, por las reiterativas intimidaciones contra miembros de las ONG, acusándolos de ser narcoterroristas o colaboradores de los grupos ilegales del conflicto armado.
Asà lo dio a conocer la Comisión Intereclesial “Justicia y Paz†en un informe en el que aseguran que los controles excesivos, las intimidaciones, las amenazas, y falsas acusaciones proferidas se dan: “bajo una percepción de que la presencia humanitaria es sospechosaâ€.
“En septiembre y octubre del año pasado se profirieron amenazas de muerte y advertencias contra nuestra Comisión de Justicia y Paz por su acompañamiento en el bajo Atrato. Ahora en una nueva cadena de manifestaciones de los miembros de las Fuerzas Militares, Brigada XVII, con falsas acusaciones y temerarias afirmaciones, en desarrollo de la operación militar en el Jiguamiandó coincide con los cargos sin asidero, sin coherencia y sin sustentación verdadera en un nuevo proceso que se encuentra en etapa preeliminar, Nro 987â€.
La ONG asegura que en el marco de este proceso judicial No. 987 han sido detenidas 10 personas, entre ellas: “las Hna. Alette La Torre, Johana Lopez, Wilson Gomez, Oscar Albarracin, Enrique Chimonja, Maria Eugenia Mosquera, Santiago Mera, Leonardo Jaimes, Abilio Peña, Danilo Rueda y acompañantes internacionales, Tania Halle, de la organización canadienses Proyecto Acompañamiento y Solidaridad con Colombia, PASC y se hace alusión a la organización Peace Brigadas Internacional, PBIâ€.
De igual forma, señala que los organismos de seguridad del Estado se han basado en acusaciones de falsos testigos: “que hablan de lugares en los que Justicia y Paz nunca ha estado, o de circunstancias y de contextos falseados, en los que se nos quiere asociar con la guerrilla de las FARC-EP, o como apoyos o auxiliares o protectores de guerrilleros o milicianos que se encuentran como coordinadores que habitan en las Zonas Humanitarias del Cacarica y del Jiguamiandó o como instructores†a los campesinos para que no acepten el proyecto agroindustrial de palma aceiteraâ€.
El organismo humanitario solicitó a la FiscalÃa General de la Nación, se traslade el proceso 987 a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá, y al Vicepresidente de la República, Francisco Santos, se garantice la presencia humanitaria de organismos no gubernamentales nacionales e internacionales en el acompañamiento a los habitantes de las Zonas Humanitarias del Jiguamiandó y del Cacarica.
