Luego de la arremetida del presidente de Colombia, Ãlvaro Uribe, contra la comunidad de paz de San José de Apartadó, Antioquia, en la cual acusa a los lÃderes y organizaciones humanitarias de la región de ser auxiliadores de grupos guerrilleros, estas comunidades rechazaron enérgicamente las declaraciones -que las pone a carne de cañón de grupos de ultra derecha como los paramilitares-, y exigieron al gobierno nacional no se hagan “montajes†para criminalizar a los habitantes de la región.
La declaración del presidente Uribe se da en el marco de la masacre cometida el pasado 21 de febrero de 2005 contra ocho de los miembros de dicha comunidad de paz, entre los cuales se encontraban cuatro menores de edad.
Según versiones de los habitantes de esa región del noroccidente colombiano, quienes cometieron la masacre portaban prendas de uso privativo del Ejército y se identificaron como tales.
En esa medida, y tras la presión de la comunidad internacional por lo sucedido, el pasado domingo 20 de marzo se realizó un consejo de seguridad en esa zona del paÃs, donde el presidente Uribe aseguró, entre otras cosas, que la masacre fue: “producto de la imposibilidad de la Fuerza Pública de hacer presencia en esas comunidades".
Asà mismo insistió en que: "En esta comunidad hay gente buena, pero algunos de sus lÃderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allà de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista, a las Farc".
Frente a esto, la comunidad de Apartadó aseguró en un comunicado que: “Es clara la intención del estado colombiano de destruir nuestro proceso de Comunidad de Pazâ€, y agregó que: “Nuevamente se va a apelar a los montajes para criminalizar la acción legal y legÃtima de los lÃderes de la comunidad, asà como de sus acompañantes y defensoresâ€.
Asà mismo, aseguran que: “Ofende a la conciencia ética de la humanidad, asà como a la memoria de las vÃctimas, que el Presidente de la República haya guardado absoluto silencio frente a la masacre perpetrada el pasado 21 de febrero y tan solo se haya ocupado de presentar públicamente nuevos mecanismos de agresión, situación que revela profunda insensibilidad frente a este crimen que nos enlutaâ€.
Presencia militar en la zona
Desde su conformación como comunidad de paz a finales de los años noventa, los habitantes de Apartadó declararon su neutralidad frente al conflicto armado, no permitiendo la movilización de los tres grupos protagonistas: guerrillas, paramilitares y fuerza pública, en sus territorios.
Sin embargo, durante el consejo de seguridad realizado en las instalaciones de la Brigada XVII del Ejército en el municipio de Carepa, Antioquia, el presidente Uribe dio la orden al comandante de la PolicÃa de Urabá, coronel Yamilk Moreno, de movilizar a la fuerza pública y entrar a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en menos de 20 dÃas.
"Las comunidades de paz tienen derecho a instalarse en Colombia gracias a nuestro régimen de libertades. Pero no pueden, como lo practica la de San José de Apartadó, obstruir la justicia, rechazar la Fuerza Pública, prohibir el comercio de artÃculos lÃcitos ni coartar la libertad de los ciudadanos que allà residenâ€, insistió el presidente Uribe.
Al respecto, el obispo de Apartadó, monseñor Germán GarcÃa pidió a la comunidad permitan el ingreso de la fuerza pública, pero también reclamó del Estado mayor presencia con obras públicas y de desarrollo que beneficien a estas comunidades.
"Frente al comunicado del presidente no tengo nada que objetar. Se llegó a eso porque ha ido creciendo un clima de desconfianza entre el Ejército y la comunidad de paz. Yo hubiera preferido que se comenzara por el arreglo de carreteras, por la presencia del Estado, pero donde manda capitán, no manda marinero", consideró el prelado.
Por su parte, la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, aseguró que las comunidades ya no confÃan en la fuerza pública, y por eso la pugna que se ha presentado por la militarización de la zona. “Ahora quieren convertir la comunidad de vÃctima en victimaria. Aquà han violado a sus mujeres, han masacrado a sus hombres y niños y se les ha olvidado el debate sobre los autores de las masacres. Como la autoridad no ha respondido, dejando en la impunidad los crÃmenes, la comunidad ya no cree en sus autoridadesâ€.
De otro lado, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU, la DefensorÃa del Pueblo y la Iglesia, le insistieron al gobierno nacional abstenerse de hacer declaraciones publicas que puedan afectar la seguridad de dicha comunidad, hasta tanto no hayan terminado las investigaciones respectivas sobre lo ocurrido ese lunes 21 de febrero.
Finalmente y en medio de la desconfianza, el miedo y la incertidumbre, las comunidades afrocolombianas y campesinas ancladas en esa región del Urabá antioqueño, aseguraron que desde hace unos dÃas vienen construyen un nuevo asentamiento, “San Josesitoâ€, caserÃo a donde pretenden desplazarse si entra la fuerza pública a sus territorios.
